El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisa más violaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores a la legalidad electoral, ahora por sus conferencias de prensa del 6 al 9 de febrero de este año. El ministro Felipe de la Mata Pizaña propone ratificar que esos funcionarios vulneraron principios constitucionales electorales e incurrieron en uso indebido de recursos públicos y en difusión de propaganda gubernamental.
Apenas el miércoles pasado la Sala Superior del TEPJF ratificó una sentencia de su Sala Regional Especializada en la que en tres de sus conferencias de prensa entre marzo y abril el tabasqueño, su equipo de comunicación y Alicia Bárcenas, secretaria de Relaciones Exteriores, violaron los principios constitucionales de neutralidad, imparcialidad y equidad, además de usar indebidamente recursos públicos. Ello despertó la furia del macuspano, que el jueves desató su odio para reprochar al tribunal su señalamiento (porque no hay sanciones para el presidente).
Posteriormente el Tribunal Electoral dio a conocer siete proyectos de resolución que serán próximamente discutidos por su Sala Superior, entre los que están las impugnaciones tanto de funcionarios como del PAN, sobre una sentencia de la Sala Regional Especializada sobre similares violaciones tanto constitucionales como legales de personal de la Presidencia y de Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cometidas en las conferencias de prensa presidenciales del 6 al 9 de febrero de este año. El proyecto está a cargo del magistrado De la Mata Pizaña.
En aquellas ocasiones, López Obrador y Bolaños hablaron de temas como iniciativas que el Ejecutivo ha presentado en el Congreso, como las referentes al salario mínimo y de reforma al Poder Judicial, respecto a la cual el presidente dijo que se necesitan las dos terceras partes de los votos de las cámaras para seguir con la transformación.
Sobre esto último, previamente la Sala Regional Especializada había estimado que los funcionarios exaltaron las cualidades de lo identificado con “el proyecto de transformación”, con lo cual se benefició a Morena, por lo cual se consideró propaganda gubernamental. La difusión de ésta “tenía como resultado la adhesión o aceptación de la ciudadanía, máxime que el Presidente hizo un llamado expreso a la ciudadanía (jóvenes) a reflexionar su voto; que era importante apoyar a los candidatos y a los partidos, pero sobre todo al proyecto de nación”.
Así, sobre la sentencia al respecto dictada por la Sala Regional Especializada, el proyecto de De la Mata Pizaña dice que es “congruente y exhaustiva”, por lo que las impugnaciones de los funcionarios son consideradas “infundadas”.
El proyecto también busca ratificar la inscripción de varios funcionarios en el Catálogo de Sujetos Sancionados, aunque aclara que no se trata de una sanción, la que les debe imponer su superior jerárquico. En este caso se encuentran Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República; Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, y Pedro Daniel Ramírez Pérez y Martha Jessica Ramírez González, también de Comunicación Social de la Presidencia.
La sentencia de la Sala Regional Especializada también aclaraba que el presidente de la República sólo puede ser imputado y juzgado por ilícitos de carácter penal por las cámaras del Congreso de la Unión.
El proyecto de De la Mata Pizaña propone que esa sentencia sea confirmada por la Sala Superior del TEPJF.
