El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la asignación de diputaciones plurinominales que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) el viernes pasado, con el voto en contra de la magistrada Janine Otálora, quien hizo una dura intervención y evidenció la distorsión que Morena diseñó y ejecutó para obtener la sobrerrepresentación, una trampa que fue convalidada por cuatro magistrados.
La Sala Superior del TEPJF también otorgó una enorme sobrerrepresentación a la coalición gobernante, como lo había hecho antes el Consejo General del INE. En general, el argumento es que se había aplicado en cinco elecciones anteriores, prácticamente sin variar; como lo dijo Mónica Soto, magistrada presidenta, lo que cambió fue la voluntad popular.
Así, a la hora de votar el proyecto presentado por Felipe de la Mata Pizaña, que convalidaba la determinación del INE, cuatro de los magistrados lo hicieron a favor, mientras que Otálora fue la única que se manifestó en contra.
Otálora refirió que desde 2015 los partidos mayoritarios han construido mecanismos para evadir los límites de la sobrerrepresentación a través de los convenios de coalición, lo que ha generado una distorsión que trasciende el sistema constitucional y afecta los principios de la representación proporcional, los que han sido “diseñados para reflejar fielmente la voluntad popular”. Debido a esto, consideró que se deben identificar y corregir los elementos que provocan esa distorsión.
Respecto a ello, afirmó que desde elecciones pasadas se ha practicado esa distorsión, de la que se han beneficiado partidos a través de las coaliciones, lo que les ha permitido “acumular un poder que supera los límites constitucionales, comprometiendo así la esencia de nuestra democracia”.
Por lo anterior la magistrada argumentó que se debería hacer una interpretación sistemática y funcional de las normas constitucionales y que los jueces no deben quedar atrapados en criterios pasados.
En el caso de la coalición oficialista, Otálora señaló que triunfó en 219 distritos, que, según el convenio de coalición y la afiliación efectiva eran repartidos de la siguiente manera: Morena, 145; PVEM, 40, y PT, 34.
Pero en las urnas, los partidos que aportaron la mayor cantidad de votos para obtener esos triunfos fueron: Morena, en 213, y PVEM, en seis. Así, de los distritos ganados por esa alianza hay una desproporción de 68 victoria, 34 para el PVEM y 34 para el PT. Además, en conjunto obtuvieron 58.39 por ciento de la votación, pero el INE les asignó el 72.8 por ciento.
La magistrada señaló el tamaño del retroceso democrático del país con esa asignación: “Morena, a través de su coalición, ha logrado obtener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, a pesar de que su votación nacional emitida no lo justifica. Esta situación, si no se corrige, representa un retroceso a tiempos en los que un partido hegemónico tenía el control absoluto, debilitando los avances logrados en las últimas décadas”.
Para corregir esa situación, en la que un convenio de coalición prácticamente se pone por encima de los principios constitucionales, Otálora propuso una solución: “Interpretar las normas constitucionales de manera que los triunfos en los distritos de mayoría relativa se contabilicen para el partido que obtuvo el mayor número de votos, independientemente del siglado acordado en los convenios de coalición”.
Hizo también una aclaración sobre la distorsión que se ha hecho con los acuerdos partidistas: “Un voto no puede contar por mayoría relativa para un partido y para representación proporcional por consecuencia de un convenio de coalición para otro, porque ello distorsiona el procedimiento de reparto de representación proporcional”.
Sin embargo, sus compañeros se negaron a intentar a corregir esa distorsión. Quien mejor lo expresó, en un claro ejemplo de lo que Otálora llamó “jueces atrapados en criterios pasados”, fue el autor del proyecto que se discutió, De la Mata Pizaña, cuyo principal alegato fue que desde 2009 el criterio de la sobrerrepresentación ha sido el mismo que se ha aplicado, por partidos y no por coalición, del que, arguyó, diversas fuerzas políticas se han beneficiado.
Dijo que su proyecto “no es más que la materialización de la Constitución”, y se lanzó a fustigar a quienes argumentaron en contra, especialmente a “actores” a los que no les gustaron los resultados, y pretendió hasta hacer un símil con los deportes.
En tono francamente dogmático, De la Mata Pizaña dijo que para cambiar la regla de la sobrerrepresentación se requiere legislar, y que mientras ello ocurre, se debe mantener la interpretación que se ha aplicado desde 2009.
En una siguiente intervención, Otálora le aclaró que cuando hay un cambio de la realidad es el momento apropiado para que un juez cambie su criterio, lo cual no es cambiar la regla sino darle una lectura distinta, y recordó que el propio pleno ha hecho modificaciones para aplicar diversos principios.
Al final fue una votación de cuatro magistrados (Soto, De la Mata, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón) contra una, sin una refutación seria de la distorsión diseñada y ejecutada por Morena, denunciada por Otálora. Así, el TEPJF, anclado a viejas interpretaciones y validando prácticas que con anterioridad fueron repudiadas incluso por la hoy fuerza política mayoritaria, ya dio su aportación para la realización del Plan C (en cuya reforma judicial, por cierto y nada al azar, se plantea que esos magistrados permanezcan en su cargo hasta el 2027).
