El Tribunal Permanente de los Pueblos, a instancias de tres importantes asociaciones en defensa de los periodistas y constituido en La Haya, condenó al Estado mexicano por el asesinato del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco.
El pasado lunes, a denuncia de representantes de Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y Free Press Unlimited, el tribunal atendió denuncias sobre crímenes contra periodistas, y encontró a los Estados de México, Siria y Sri Lanka culpables de violaciones a los derechos humanos.
Sobre México, el tribunal trató el caso de López Velasco, periodista del medio Notiver, quien fue asesinado en Veracruz el 19 de junio de 2011 en su propia casa, junto con su esposa e hijo. Antes ya había sido víctima de amenazas.
Acerca de ese asunto el tribunal determinó que el Estado mexicano incurrió en violaciones a los derechos a la vida, a la libertad de expresión y a juicio e investigación de ese crimen, además de que considera que ha desprotegido a los periodistas.
Uno de los jueces, Eduardo Bertoni, dijo que “el fiscal responsabiliza al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos internacionales del periodista Miguel Ángel López Velasco, específicamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un recurso efectivo”.
Y leyó la conclusión del tribunal: “Que a través de sus actos y omisiones, incluyendo la falta de investigación, la falta de reparación a las víctimas y la total impunidad, los Estados de México, Sri Lanka y Siria son culpables de todas las violaciones de derechos humanos presentadas contra ellos. Los tres Estados han violado una serie de otras convenciones, tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales y nacionales a los que ellos mismos se han comprometido a respetar”.
Por lo anterior, el tribunal hace varias recomendaciones, como la realización de investigaciones serias sobre los crímenes contra periodistas, que los medios se responsabilicen también de la seguridad de sus reporteros, otorgar visas a periodistas que se encuentren en riesgo, cese al acoso, persecución y asesinato contra los periodistas y a la complicidad y participación de las autoridades en esas agresiones, además de sanciones económicas contra los países en los que se ataque a la libertad de expresión.
Marina Forti, parte del tribunal, señaló que en México, Siria y Sri Lanka “la violencia contra periodistas indefensos es una tendencia preocupante. Estos tres países representan casos extremos de represión sangrienta que tiene que ser denunciada fuertemente y, a la vez, analizada cuidadosamente”.
Añadió que en esos países “poco se está haciendo para determinar las responsabilidades individuales, colectivas e institucionales de este terrible fenómeno”.
Del caso de López Velasco, mencionó que el crimen contra él y su familia “no sólo inauguró una época de terror sino que también fue un ejemplo de la falta de protección estatal que sufrió un periodista a pesar de que había recibido amenazas públicas y de que las autoridades estaban al tanto. El caso también es emblemático por el mecanismo de impunidad en los casos de crímenes contra periodistas en México”.
