Donald Trump hace realidad su política antiinmigrante: este martes anunció la eliminación de la directriz establecida por su antecesor Joe Biden sobre la imposibilidad para los agentes de migración de realizar detenciones en lugares como escuelas, hospitales e iglesias. Además, elimina la ciudadanía por derechos de nacimiento, por lo que ya ha sido demandado por varios gobiernos estatales.
Fue en 2021 cuando la administración de Biden publicó una guía en la que se prohibió a los agentes de migración realizar detenciones sin la aprobación de un superior en ciertos sitios, como los lugares de culto, los centros educativos y de salud, los refugios para víctimas de violencia doméstica y de desastres naturales, en funerales y en manifestaciones.
Esa medida, que había sido considerada un avance en el respecto de derechos humanos, fue echada abajo por el nuevo presidente, cuya vocación antiinmigrantes es una de las razones por las que llegó al poder.
Así, el Departamento de Seguridad Nacional ya ha revocado la guía de Biden, con lo que considera que da poder a los agentes de migración para hacer cumplir las leyes y facilita la detención de los que llama “criminales extranjeros”, algunos de los cuales se esconden, por ejemplo, en escuelas e iglesias para evadir sus arrestos.
Asimismo, el jefe de ese departamento, Benjamin Huffman, también emitió una directriz para limitar la libertad condicional que Biden había concedido para permitir la entrada temporal legal de migrantes en Estados Unidos.
Por otra parte, en una orden ejecutiva de Trump firmada el pasado lunes se busca eliminar la llamada “ciudadanía por derecho de nacimiento”, establecida en la 14 Enmienda de la Constitución, en la que se dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
La orden ejecutiva de Trump pretende que las personas nacidas en Estados Unidos pero de padres que hayan ingresado ilegalmente al país o con estatus legal temporal no tengan la ciudadanía estadounidense.
Quienes levantan la bandera antiinmigrante indican que la ciudadanía por derecho de nacimiento es una oferta muy tentadora para quienes desean ingresar en Estados Unidos de manera ilegal ya que es un estímulo para mujeres embarazadas y dar a luz en su territorio.
Sin embargo, hay juristas que consideran que el presidente no puede realizar una reforma de esa envergadura debido a que está dirigida contra una enmienda constitucional, por lo que ya ha sido controvertida.
A unas horas de que Trump emitiera esa orden ejecutiva, este martes 18 gobiernos estatales encabezados por demócratas presentaron una demanda contra el flamante presidente por esa medida debido a que la consideran ilegal y que atenta contra la Constitución.
En su denuncia, los gobernadores de estados como California, Nueva York y Colorado consideran que el presidente no cuenta con la facultad de anular una enmienda constitucional, además de que tal medida causaría “daño inmediato e irreparable” a los residentes de sus jurisdicciones porque muchos no tendrían acceso a derechos básicos y a un empleo legal.
Además de esos gobiernos, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, también ya presentaron una demanda en el Tribuna Federal de New Hampshire.