De forma unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la llamada “Ley Bonilla”, mediante la cual se buscaba la extensión, de dos a cinco años, del periodo del gobernador de Baja California.
El pleno de la SCJN consideró que con la Ley Bonilla fueron violados principios como la certeza electoral, la legalidad y la seguridad jurídica; las bases constitucionales de la organización política de los estados; el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad, además de los de no reelección, de irretroactividad de las leyes, soberanía popular y voluntad general de los ciudadanos de Baja California.
Los ministros consideraron que al modificar el periodo de mandato del gobernador cuando había concluido el proceso electoral, el Congreso de Baja California incurrió en fraude al violar el artículo 105 constitucional, que establece que las leyes electorales deben publicarse 90 días antes de que comience el proceso electoral y que no puede haber modificaciones fundamentales durante éste.
También se invalidó la orden de marzo de 2019 del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, que establecía que al periodo del gobernador que sería electo en ese año se le agregarían tres años, lo que antes había sido revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó ese fallo unos días después. Por ello será aplicado el artículo transitorio que establece que “el gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.
La SCJN también mencionó que todos los actos o normas que hubieren derivado de la aplicación de la reforma deberán considerarse inválidos por derivar de una norma inconstitucional.
Tras escuchar los argumentos y los señalamientos de irregularidades de la Ley Bonilla hechos por varios de sus compañeros, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, consideró que “todas estas violaciones son muy graves, y cada una de ellas, por sí misma, sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada; pero, apreciadas en su conjunto e interrelacionadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional”.
Añadió Zaldívar: “Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude postelectoral pues, aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que éstos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas”.
El ministro publicó que “la ‘Ley Bonilla’ fue un gran fraude a la Constitución, en sentido técnico. Bajo la apariencia de reformar el régimen interno del estado, se alteraron los resultados de un proceso electoral concluido, violando el voto público y la soberanía popular. #SCJN independiente y autónoma”.
Como se recordará, la Ley Bonilla fue aprobada por el Congreso de Baja California en julio de 2019, por la legislatura saliente del estado. Después, en septiembre, la legislatura entrante convocó a una consulta ciudadana, la que se realizó el 13 de octubre, en la que participaron 53 mil ciudadanos, de los que 84 por ciento votaron por la ampliación del mandato a cinco años.
Finalmente, el 17 de octubre fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California la reforma a la constitución del estado.
El 1 de noviembre, día de la toma de posesión de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, declaró sobre la Ley Bonilla que “hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo, y estuvo facultado el Congreso local para emitir la norma”, aunque advirtió que “el tribunal constitucional va a resolver”.
Posteriormente, en un video de una reunión posterior a la ceremonia, se ve y escucha a Sánchez Cordero cuando dice “para mí, la norma va a pervivir”.
No fue así.
UNANIMIDAD POLÍTICA
La decisión de la SCJN fue aprobada ampliamente. Incluso el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, escribió: “Saludo la sentencia de la @SCJN respecto al mandato de Jaime Bonilla. No podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo de Baja California. Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas”.
El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, tuiteó: “Reconozco la decisión unánime de la @SCJN en favor de declarar inconstitucional la denominada #LeyBonilla en Baja California. Esta decisión preserva la democracia y la división de Poderes, y hace valer el marco jurídico que le da certeza y legalidad a nuestro sistema electoral”.
Por su parte, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado de la República, “el principio de legalidad y la división de poderes garantizan vivir en un pleno Estado de derecho. Saludamos y respetamos la decisión histórica de la @SCJN en el caso #BajaCalifornia: seguramente sorprendió a escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la república”.
Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, expresó que “gobernantes van y vienen con buenas o malas acciones, pero lo que nunca debe trastocarse son las estructuras de nuestro régimen democrático. La institucionalidad sigue funcionando en México. Mi reconocimiento a la @SCJN por su decisión de hoy. #LeyBonilla #GanóLaDemocracia”.
Por su parte, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, tuiteó: “Gobernantes van y vienen con buenas o malas acciones, pero lo que nunca debe trastocarse son las estructuras de nuestro régimen democrático. La institucionalidad sigue funcionando en México. Mi reconocimiento a la @SCJN por su decisión de hoy. #LeyBonilla #GanóLaDemocracia”.
