Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que el gobierno de Estados Unidos otorgue financiamiento a organismos de la sociedad civil dedicados al impulso a la democracia o al combate a la corrupción es “injerencismo”, pero en cambio, calla cuando desde las mismas fuentes de financiamiento se beneficia al Ejército o se considera la posibilidad de beneficiar a programas de su gobierno, como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro.
Para el presidente fue un escándalo el descubrir que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recibe financiamiento “extranjero” y ello le llevó a enviar una nota diplomática criticando que el vecino país intervenga en asuntos nacionales.
Sin embargo, el presidente, como en casi todo, no tiene claro el cuadro completo. Los apoyos que MMCI recibe de Estados Unidos vienen en concreto de la Agencia para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development), creada en 1961 por el presidente John F. Kennedy. La USAID canaliza millones de dólares cada año a México y muchos países del mundo, por medio de numerosos programas y lo hace desde hace mucho tiempo.
En el caso de México, y a partir del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, uno de los rubros con mayores recursos ha sido el Ejército, ya que parte de los propósitos de USAID es contribuir a la adecuada “gobernanza” del país, por medio del combate al delito y la inseguridad. Ello pasa por dar apoyo a las fuerzas armadas, tanto en recursos monetarios como en intercambio de información, así como programas de capacitación en numerosos sentidos, con el fin de abatir el alto índice de impunidad.
Naturalmente, de parte de los Estados Unidos tal flujo de recursos, trabajo bilateral y cooperación no es mero altruismo. El país vecino tiene claro que lo que ocurra en México, bueno y malo, impacta profundamente en su propia economía, estabilidad financiera, social y, sobre todo, es materia de seguridad nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, como cabeza del poder Ejecutivo, debería saber de la existencia de un ambicioso y muy detallado programa de cooperación entre la USAID, su gobierno y los gobiernos de muchos estados y municipios de todo el país que busca lograr: abatir la impunidad, combatir el crimen organizado, fortalecer la democracia, impulsar la justicia cívica, reducir los feminicidios, avanzar hacia la igualdad de género, afianzar las cadenas productivas, mejorar los intercambios comerciales entre ambos países, reducir el daño al medio ambiente, impulsar la educación entre niños y jóvenes e incluso, ayudar a que el propio gobierno de la Cuarta Transformación tenga una mejor percepción entre la ciudadanía mexicana.
Todo lo anterior se desprende del documento ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS (CDCS), 2020-2025: Alianza Estratégica México-Estados Unidos fortalecida mediante la Seguridad y Prosperidad Mutua. Este documento plantea objetivos a conseguir para impulsar, desde el gobierno norteamericano, el desarrollo de México.
El apoyo a una o varias organizaciones de la sociedad civil es una minúscula parte de tal programa, pero AMLO no lo sabe. Es decir, funcionarios de su administración y de estados y municipios ya trabajan en colaboración con la USAID, mediante múltiples programas, pero el presidente ni enterado está.
De ahí su queja, su sorpresa y su indignación, cuando supo que MMCI era “financiado” por el extranjero.
Y es que uno de los objetivos del plan de trabajo que mencionamos arriba es, precisamente, ayudar al gobierno mexicano en su objetivo de combatir la corrupción. Finalmente, es una de las principales banderas de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, lo que quizá no consideró la USAID (o quizá es todo lo contrario) es que el combate a la corrupción en el gobierno de AMLO es selectivo: únicamente se combate entre sus adversarios, mientras se protege al grupo en el poder.
Del informe, que puede leerse de manera íntegra en este ENLACE, rescatamos varios fragmentos de interés para el lector y más abajo, algunas cifras que la prensa mexicana ha recogido en días recientes. Una nota importante: el plan de trabajo fue elaborado en septiembre de 2020, aún en el poder Donald Trump. Joe Biden tomó posesión en enero de 2021 y a pesar de ello, dentro de la Agencia hay continuidad en los objetivos de trabajo. Esto, a pesar de AMLO no goza de las simpatías del nuevo presidente norteamericano.
En el informe se explica que “la USAID trabaja con los gobiernos de los países receptores y nuestros socios para conseguir logros localmente sostenibles, ayudar a los países a movilizar ingresos del sector público y privado, reforzar las capacidades locales y acelerar el desarrollo empresarial. Este enfoque fomenta que los países estables, resilientes y prósperos sean más autosuficientes, priorizando relaciones duraderas. Es un enfoque que favorece a nuestros países socios en todo el mundo, a la seguridad nacional de los Estados Unidos y al contribuyente estadounidense”.
Ello indica que Estados Unidos considera rentable invertir en el desarrollo de otros países del mundo, destacadamente México, por la importancia de los lazos que comparten.
Entre los objetivos del plan de trabajo para 2020-2025 con México se señala que la USAID “se centrará en mejorar la capacidad organizativa y técnica del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para liberar su capital intelectual en la creación conjunta, el cofinanciamiento y, en algunos casos, la ejecución directa de actividades”.
Es decir, plantea el trabajo de apoyo en todos los niveles de la sociedad mexicana.
Dice que “la USAID se centrará en la reducción de la impunidad, que es un factor que favorece la delincuencia, la violencia, los abusos a los derechos humanos y la corrupción” y agrega que en años pasados, con anteriores gobiernos mexicanos, se hicieron grandes esfuerzos “en materia de justicia, derechos humanos, delincuencia y violencia”.
Asimismo, se sigue considerando, dice, otorgar recursos para impulsar la aplicación de la ley, la protección a los activistas ambientales y a la rendición de cuentas.
Aquí, cabe recordar que el gobierno de AMLO se ha pronunciado como enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas desde su gobierno, ya que ha emprendido una campaña para lograr la desaparición del INAI.
Sigue el reporte de USAI diciendo que gran parte de su trabajo se realiza a “nivel subnacional”, es decir, en comunidades pequeñas, municipios y estados. Aunque aclara que no es posible otorgar recursos a todas las regiones, y por eso se seleccionan los estados y municipios a los que se les dan aportes, para luego medir “su nivel de compromiso, capacidad y movilización de recursos”.
Enfatiza además que todos los programas de la USAID “se alinean con las normas comerciales del T-MEC”, tratado que AMLO ha estado poniendo en riesgo por medio de las propuestas de reforma al sector eléctrico y de hidrocarburos.
Y aclara por qué tiene acercamientos con la sociedad civil (de la que AMLO ha dicho desconfiar, puesto que son parte de “los conservadores”):
“La USAID/México seguirá contribuyendo en su trabajo pionero de involucrar al sector privado, habiendo creado de manera conjunta 19 alianzas, potenciado sus actividades con el uso de 30 millones de dólares y quintuplicado los socios proveedores de recursos de 9 a 45 en tres años”.
“La sociedad civil mexicana y el sector privado son socios clave de la USAID y desempeñan un papel decisivo en la colaboración constructiva con el gobierno de México para aplicar políticas económicas y de seguridad pública basadas en evidencia (especialmente un entorno empresarial favorable y la protección del hábitat y la biodiversidad), promoviendo al mismo tiempo la transparencia y la rendición de cuentas”.
“En los últimos tres años, USAID/México se ha asociado con 18 fundaciones, cámaras empresariales, particulares y cooperativas, 29 pequeñas y medianas empresas y 11 grandes empresas en 17 alianzas para aumentar los paisajes sostenibles, hacer frente a la corrupción y prevenir la delincuencia y la violencia. Este nivel de compromiso, junto con los esfuerzos de la AMCHAM, proporciona una base sólida para la futura participación del sector privado”.
Pero al tiempo que trabaja con la sociedad civil y el sector privado, algo que a AMLO no le agrada, también dice que “fortalecerá la capacidad institucional de determinadas instituciones del gobierno de México”, como policías, agentes de justicia, fiscales, investigadores y jueces, con la finalidad de elevar la “eficacia en el sector de justicia”.
En este sentido, un análisis del mapa de contribuciones que la USAID ha hecho a México en años recientes, y que se puede consultar AQUÍ señala que en el año fiscal 2019 nuestro país recibió 165 millones 344 mil de dólares, para programas del ámbito militar. Esto representa 45% de los recursos que la USAID inyectó dicho año en México. No es, sin embargo, el ámbito que más dinero recibe, aunque de manera indirecta, mucho más recursos también se destinan a seguridad, puesto que las mayores inversiones son para programas contra el narcotráfico.
Cabe recordar que durante el presente sexenio el presupuesto designado al Ejército, Marina y Guardia Nacional ha crecido como nunca antes, se le ha dado a las fuerzas armadas atribuciones inéditas y además, el fideicomiso de la Sedena acumula el presupuesto de 10 secretarías de Estado.
Dice la USAID que “está dispuesta a explorar las oportunidades de avanzar en la cooperación trilateral con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID”, misma que ha propuesto invertir recursos para extender los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” hacia Centroamérica. Se recordará que esto fue una propuesta de AMLO a Biden, hecha en el peor momento, pero, evidentemente, el presidente ignoraba la existencia de este programa de trabajo en el que el gobierno de Estados Unidos se dice dispuesto a considerar cooperar en dichos programas.
En tanto, comparativamente, un mínimo de recursos de la USAID se destinan a financiar organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a impulsar la transparencia, democracia y lucha contra la corrupción.
Aún así, para la ignorancia y desinformación de AMLO resulta inaceptable y una muestra de “injerencismo” merecedor de una queja diplomática.
