El Presidente planea enviar al Congreso una iniciativa que regrese las funciones de los organismos autónomos a las secretarías de Estado. Lo dijo en la mañanera. Lo reiteró su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, en Twitter.
El pretexto de esta contrarreforma administrativa es ahorrarse miles de millones de pesos en instancias que, según López Obrador, no defienden a los ciudadanos, sino a grupos de interés. La realidad es que el Presidente y su séquito quieren eliminar contrapesos.
Lo dijo así López Obrador: “Estos Poderes supuestamente autónomos e independientes, no tienen como función servir al pueblo, sino proteger a las minorías…”.
— ¿Regresarlos órganos a las secretarías?— preguntó un reportero.
—Sí y ahorrar todo lo que podamos. Es que hay institutos para todo—, justificó López Obrador.
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Despacio que voy de prisa, diría Napoleón. Ese cambio necesita una reforma constitucional. No hay condiciones. Hasta el senador Ricardo Monreal lo reconoce.
Morena y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada que se requiere para modificar la Carta Magna. No la tienen en el Senado, que permanecerá como está ahora hasta el 2024. Probablemente, tampoco la alcance en la Cámara de Diputados que surja de las urnas el próximo seis de junio. Ni las encuestas proMorena, que son muchas, se atreven a pronosticar que los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia lograrán los dos tercios de curules necesarios para cualquier reforma constitucional. Mucho menos ahora que el nuevo villano del obradorismo —el TEPJF— se alineó con el INE para hacer valer la Constitución: ningún partido en el Congreso podrá tener una sobrerrepresentación por encima del 8 por ciento. El periodo ordinario termina hoy. La reforma administrativa se tendría que discutir en septiembre próximo. No hay condiciones para discutir una reforma de ese calado en un extraordinario, a 37 días de las elecciones.
El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, le aclaró en Twitter a Jesús Ramírez que la reforma administrativa tiene también un problema jurídico importante: “Una cosa son los órganos federales y otra los nacionales. Los primeros no pueden actuar respecto de los otros poderes de la Unión ni de las entidades federativas. No son sustitutos”.
El senador Miguel Mancera coincide en la dificultad de alcanzar un consenso para eliminar órganos autónomos que tienen incidencia nacional. “Sería muy difícil que, desde un esquema de administración pública federal, se cumpliera con la función que hoy tienen órganos de competencia nacional”.
La alarma por el anuncio de López Obrador cundió, incluso, entre legisladores de Morena. El diputado Porfirio Muñoz Ledo anunció la formación de un frente para defender los órganos autónomos. Ese frente estaría integrado por académicos, juristas intelectuales, jueces, periodistas interesados en la defensa de los órganos autónomos, según el periódico Reforma. La dificultad de aprobar esa reforma la conoce el Presidente. ¿Cuál sería entonces el objetivo del anuncio? ¿Amenazar para domesticar los órganos? Son preguntas
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