En los seis años de la administración de Javier Duarte de Ochoa, el gasto de la Coordinación de Comunicación Social de la entidad para medios ascendió a 13 mil nueve millones de pesos; y en 2016 se detectaron desvíos por dos mil 284 millones de pesos, por lo que se presentaron denuncias contra María Gina Domínguez Colío, Alberto Silva Ramos y quien resulte responsable, informó Elías Assad Danini, actual titular de dicha oficina.
Durante una comparecencia ante diputados del Congreso local, para la glosa del primer informa de gobierno, dijo que en el detalle de dicho gasto, destacan las asignaciones a TV Azteca por mil 231 millones 940 mil pesos, siguiéndole Televisa (580 millones) y El Universal (125 millones 164 mil pesos).
De los medios locales, destacó la editorial Sánchez Macías (cuyos dueños son familiares directos de Karime Macías, esposa de Duarte) que imprime El Heraldo de Coatzacoalcos y El Heraldo de Xalapa, a los que se les asignaron 209 millones de pesos.
Asimismo, a Radio Capital, cuya dueña es Gina Domínguez (hoy presa en el penal de Pacho Viejo por enriquecimiento ilícito) se le asignaron 36 millones 143 mil 880 pesos; y al periódico El Águila (propiedad también de Domínguez y cuya circulación solo duró dos años), 32 millones 455 mil, 513 pesos.
Assad sostuvo que con los 13 mil millones de pesos, el gobierno de Duarte pudo haber construido y equipado más de dos mil escuelas; o edificado 25 hospitales; o inclusive construir una autopista de altas especificaciones de Panuco a Acayucan.
En la reunión encabezada por el presidente de la Comisión de Gobernación, Emiliano López Cruz, y los diputados José Kirsch Sánchez, secretario, y María Josefina Gamboa Torales, vocal, el funcionario refirió que las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General del estado el 13 de marzo y quedaron radicadas en las carpetas de investigación 35/2017 y 36 /2017.
Indicó que entre las anomalías que encontraron, destaca la negociación de campañas de difusión, en varios ejercicios, que no contaban con contratos formalizados con ningún medio, por lo que se deduce que los pagos fueron establecidos de manera discrecional; tal fue el caso de El Dictamen, por 148 millones 256 mil 60 pesos, y Grupo Imagen de Veracruz, cuyo dueño es Pablo Robles que busca una diputación federal a través de Morena, por 148 millones de pesos.
Asimismo, comentó la asignación a Othón González por 210 millones de pesos a lo largo del sexenio duartista, por concepto de ‘difusión’, los cuales éste justificó en el periódico digital El Golfo elgolfo.info (hoy inexistente). González fue asesor en medios del propio Duarte y del exgobernador quintanarroense, Roberto Borge. También la empresa Publex, proveedora de espectaculares, fue beneficiada con 163 millones de pesos, pagados vía la oficina de prensa.
Esta erogación irregular dirigida a particulares también involucró a Gina Domínguez, Alberto Silva (actual diputado federal priista con juicio de procedencia pendiente), Irma Chesty y Juan Octavio Pavón, del grupo cercano al exgobernador Duarte (hoy preso en espera de juicio).
El compareciente subrayó que en la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes no hay “ni un peso para notas informativas o columnas a modo”, y que en la Coordinación de Comunicación Social se hizo un ajuste al gasto dirigido a medios de comunicación, que se redujo de dos mil 500 millones de pesos en 2016, a 63 millones 43 mil pesos este año.
“Rompimos prácticas del pasado reciente, con austeridad. Con este gobierno se acabaron las llamadas a las redacciones para obligar a censurar una nota informativa, no se exigen las famosas ocho columnas para el gobernador, tampoco se pide la censura mediática hacia los que discrepan o cuestionan a la actual administración estatal”, dijo.
“Por los recursos que se entregaban, la relación entre medios de comunicación y gobierno se pervirtió”, pero para esta administración lo más importante es que se recuperó la libertad de expresión; cada medio puede hacer uso de ésta como lo considere mejor, en tanto que el gobierno seguirá trabajando para favorecer a los veracruzanos”, apuntó.
El perredista José Kirsch, tras reconocer que ya no se compran conciencias en los medios, cuestionó la austeridad declarada pues, dijo, no se han tocado los altos salarios de quienes integran el aparato de comunicación social del gobernador. “El secretario particular del vocero gana 50 mil pesos mensuales, hay camarógrafos y reporteros de esa oficina que ganan más de 17 mil pesos netos”, aseguró.
En lo que se refiere a la reingeniería administrativa, Assad respondió que se suprimieron enlaces de comunicación social de las dependencias y de 198 empleados con que contaba la Coordinación cuando entró el nuevo gobierno, 17 fueron comisionados a Protección Civil, donde era necesario ese personal.
Expuso que mantienen comunicación institucional con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), y que el Presupuesto está destinado a recursos humanos, 48 MDP; recursos materiales, 2 MDP; servicios generales, 15 MDP y en bienes muebles, un millón 300 mil pesos.
En respuesta a la diputada panista, María Josefina Gamboa Torales, indicó que el gobierno de Yunes ha gastado, en un año, dos millones de pesos en publicidad en redes sociales y un millón 254 mil en inserciones, comunicados y convocatorias en medios tradicionales.
Agregó que esta administración difunde actividades vía redes sociales debido a su bajo costo y amplia cobertura. Indicó que al 1 de noviembre de este año han difundido más de ocho mil productos informativos y que las redes sociales permiten medir a cuántas personas se impacta y además se genera una interacción directa con los ciudadanos.
Sobre el caso del periodista asesinado Ricardo Monlui, el coordinador explicó que le dieron seguimiento puntual al caso y mantuvieron contacto con el Fiscal Especializado en Delitos contra Periodistas, Jaime Cisneros y corroboraron que fueran aplicadas las medidas cautelares para la protección de la familia.
Ante el cuestionamiento del diputado de Morena, Rogelio Arturo Rodríguez García, indicó que Radio Televisión de Veracruz (RTV) tiene una línea editorial enmarcada en su decreto de creación: informar de las actividades gubernamentales en cumplimiento a los programas de Gobierno.
(Con información de El Sol de México y Proceso)
aml
