La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la intención de crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es un intento de controlar y vigilar a la población y señal del riesgo que enfrentan los valores democráticos del país, pues atenta contra diversos principios constitucionales.
En comunicado de prensa, la delegación Ciudad de México de la Coparmex se manifestó respecto a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada este 13 de abril por el Senado de la República, en una votación en la que se hizo presente el peso de la mayoría morenista.
“Preocupa que el Registro de Usuarios aprobado repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, las cuales, lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudadanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro”.
El hecho de que se pidan datos biométricos, expone enormemente a los usuarios a ser víctimas de delitos, en lugar de cumplir la función que se pretende, que es la de combatir la extorsión.
Supuestamente, el padrón tiene la intención de descubrir a las personas vinculadas con números celulares que se utilicen en ilícitos, y para ello cada poseedor de un teléfono celular deberá registrar sus datos en un padrón nacional que incluye datos biométricos.
Para la Coparmex, esta iniciativa “viola el principio de presunción de inocencia, al asumir que la persona responsable de una línea registrada automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona”.
Aseguró que lo que en realidad se busca es instrumentar una política de “control y vigilancia” de la población mexicana, bajo la amenaza de cancelar la línea en caso de que no se entreguen los datos.
“En Coparmex CDMX lamentamos que la mayoría de las y los senadores desatendieran las razones técnicas, jurídicas y económicas expuestas por los especialistas y sus compañeros legisladores, quienes han señalado reiteradamente que el Registro de Usuarios de Telefonía en los términos en los que fue planteado viola los derechos humanos de los usuarios”, como el derecho a la libre expresión. Esto, por que se retira el derecho a comunicarse si no se registran.
Mencionó que resulta grave que se pretenda instrumentar una política de control y vigilancia de la población mediante la amenaza de cancelar las líneas telefónicas.
El padrón, además, incrementará la grave brecha digital que vive México, “pues limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren”.
Además de ir en contra del derecho humano a comunicarse, viola otros preceptos legales, como el mandato de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones “sin mandato escrito de una autoridad competente”.
También va en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones, que indica que solo se podrá compartir información de los usuarios de telecomunicaciones con las instancias judiciales previo mandato escrito de una autoridad competente
No sólo eso: “viola la irretroactividad de la ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica”, aseguró el organismo empresarial.
