Durante 2019 en México fueron agredidos 609 periodistas y 10 resultaron asesinados, muy posiblemente en el ejercicio de su profesión. Esto significa un aumento de cerca de ciento por ciento en comparación con el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y del 12 por ciento respecto a 2018, según el informe Disonancia: voces en disputa, de Article 19.
En ese documento, la organización considera que no sólo no ha cesado la violencia contra periodistas y medios de comunicación, sino que, por el contrario, se “mantuvo el crecimiento constante que se observó desde los inicios de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’”.
En materia de impunidad de esos crímenes, también se advierte que “hasta ahora nada indica que la tendencia vaya a sufrir algún cambio. La impunidad sigue permeando más de 99 por ciento de los casos de crímenes contra periodistas y mientras esto no cambie la violencia a la que se enfrenta la prensa difícilmente cesará”.
Los perpetradores de las agresiones contra periodistas han sido funcionario públicos en 265 casos (43.5 por ciento); particulares, en 131 (21.5); crimen organizado, en 49 (8); partidos políticos, en 13 (2), y 151 son de origen desconocido (25).
De los miembros de la prensa, quienes recibieron más agresiones fueron los reporteros, 241 casos; los directores generales, 127, y de free lance, 34. En materia de género, mujeres periodistas padecieron 167 ataques (27.4 por ciento), que significó un leve crecimiento respecto al año anterior.
Quienes fueron agredidos se dedican a los siguientes temas: corrupción y política, 339; seguridad y justicia, 133; protesta y movimientos sociales, 62, y derechos humanos, 51.
Las entidades que destacan en número de agresiones contra periodistas son la Ciudad de México, con 84 (13.8 por ciento); Quintana Roo, 57 (9.3); Guerrero, 51 (8.4); Puebla, 34 (5.6), y Oaxaca y Veracruz, 33 (5.4) cada una.
Asimismo, entre 2009 y 2019 Article 19 ha registrado 3 mil 918 agresiones contra la prensa en México y 92 periodistas asesinados. En 2019, además, cada 15 horas fue agredido un reportero.
La organización también manifiesta su alarma porque los ataques contra los medios de comunicación se han incrementado casi en ciento por ciento: en 2018 hubo 36, mientras que en 2019 esa cifra llegó a 70. Esas agresiones tuvieron las siguientes formas: intimidación y hostigamiento, 15 casos; uso ilegítimo del poder público, 14, mientras que, por una parte, amenaza, y por otra bloqueo, alteración o remoción de información, hubo 11 casos en cada una.
Sobre el contexto en el que se desarrolla el periodismo en el país, la organización resalta que México “sigue siendo uno de los países en el mundo más peligrosos para ejercer el periodismo, así como uno de los más desiguales, corruptoș y con mayor impunidad”.
Asimismo señala que, ante las prácticas de silenciamiento y de reducción de flujos de información de los gobiernos anteriores, parecía que López Obrador contaba con una nueva narrativa en el tema. Sin embargo, no hay “un rumbo claro”, ya que no sólo no se han garantizado la transparencia y la rendición de cuentas sino que “hasta hoy perpetúa las viejas prácticas corruptas y no ha emprendido cambios profundos para desmontar la maquinaria construida durante décadas para censurar y controlar la información. En otros, como la expansión del espacio cívico en el ámbito físico y digital, aún está por verse”.
Además de ello, destaca Article 19, “el rumbo de la violencia contra la prensa y la impunidad se mantiene igual”.
Sobre 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Article 19 señala que en ese año “más que en ningún otro momento, la información siguió siendo el objeto de la guerra, el valor de la disputa. Este año, las prácticas para controlarla desde los polos o las élites se reflejaron en el incremento de las agresiones contra periodistas, con el mayor número en la historia, 609 en un año; en el discurso que estigmatiza y busca despojar a la prensa de sus lectores y sus audiencias; en las redes que vomitan el odio y la discriminación con desinformación hacia los más vulnerables, o en las conferencias mañaneras que se han convertido en la palestra, el púlpito o la tribuna del gobernante en turno para corromper la agenda y fijar los términos del debate público”.
A continuación reconoce que se ha generado confrontación entre la sociedad: “Es cierto, hay más voces, pero no hay diálogo: hay disonancia. Las expresiones se repelen, chocan y se rechazan entre sí. Los pensamientos de unos y otros son incompatibles y existe una tensión constante entre las ideas, las creencias y las emociones. No hay lugar para el disenso, ni para la crítica. La diferencia, en este sexenio, radica en que esto no sólo sucede entre el gobierno y la ciudadanía, sino en la misma sociedad, que se confronta. Cada voz habla desde su propio mundo y se aparta, poco a poco, de los otros. Nos polarizamos, creyendo que los que nos escuchan son los que existen. Así, omitimos a aquellos a los que, decididamente, hemos dejado de escuchar”.
También se comenta que es casi imposible contrastar la información que el presidente proporciona en sus conferencias de prensa con la que es obtenida mediante solicitudes de información o con la que dan las instancias gubernamentales.
La organización añade que “el tipo de ataques sufridos son estigmatización por medio de la comunicación oficial, amenazas de acciones legales y campañas de desprestigio. No hay duda de que la violencia y la hostilidad de los líderes políticos hacia la prensa en México se disparó en 2019. Quienes deben ser escrutados por el ojo público, de pronto, se sienten con la legitimidad y el permiso para denostar y atacar a sus escrutadores”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no es ajeno a esa situación, sino una parte muy activa; al respecto Article 19 destaca que “por un lado, el presidente consolidó un discurso hostil hacia los periodistas. Por otro, al ser señalados, éstos quedan en una situación de mayor vulnerabilidad para padecer agresiones de terceros. Y, efectivamente, las declaraciones de López Obrador han terminado operando como promotoras de insultos e, incluso, de amenazas contra los periodistas que cubren la fuente presidencial”.
GASTO PUBLICITARIO
Acerca de la publicidad del gobierno en los medios, la organización considera que la relación corrupta y perversa entre ambos cambió por el recorte de ese gasto, lo que “no ha significado menor control del debate público y tampoco mayor transparencia de los flujos de dinero gubernamental a los medios de comunicación ni a las plataformas tecnológicas”. Así, aunque hay menos dinero, ese gasto continúa siendo discrecional y opaco, además de que “no ha habido la intención de cambiar esta fórmula”.
Al respecto, Article 19 reporta que el año pasado el gasto en publicidad oficial se redujo en 600 por ciento respecto al último año de gobierno de Peña Nieto, de 10 mil 725 millones de pesos a mil 550 millones.
Sin embargo, también anota que “la concentración del gasto sigue existiendo aún con las políticas de austeridad del nuevo gobierno. El 57.26 por ciento del total ejercido se repartió entre 15 medios de comunicación. El otro 42.74% se repartió entre 476 medios de comunicación.
Los medio más beneficiados con el gasto gubernamental en publicidad fueron Estudios Azteca, con 168 millones 557 mil 915 pesos (10.87 por ciento); Grupo Televisa, con 167 millones 988 mil 63 (10.84), y La Jornada, Demos Desarrollo de Medios, con 124 millones 446 mil 398 (8.03).
Les siguen Medios Masivos Mexicanos con 59 millones 458 mil 692 pesos; El Universal, 49 millones 73 mil 289, y Grupo Fórmula, 47 millones 480 mil 378.
