La iglesia católica ha sido, es y será un jugador político fuerte y poderoso, nuestra historia como país siempre ha estado íntimamente ligada a la presencia de la misma desde el nacimiento de los núcleos sociales y poblacionales hasta la organización misma del estado o el funcionamiento del gobierno, la independencia y la reforma fueron esfuerzos tajantes para apartar la fe de la esfera pública, y en resumen ello no sucedió.
La guerra cristera vino de alguna forma a abrir nuevas heridas entre el ejercicio de la fe y el desarrollo de la cosa pública, nuevos movimientos y espacios de difusión cultural nacieron de este movimiento, incluso partidos políticos como Acción Nacional se vieron nutridos por personajes cercanos directa o indirectamente a estos sucesos históricos, mismos que con el paso del tiempo y ante la necesidad de despresurizar el sistema político mexicano presionaron para normalizar por la vía diplomática las relaciones con el Vaticano.
La iglesia no se fue y a pesar de la distancia nunca fue desmantelada, al contrario, el púlpito se convirtió en la nueva corte y el confesionario en la correa de transmisión entre el actuar público y los mandatos de la cúpula, todo acto público y privado tenía que ser revestido de fe y explicado a través de los valores morales del momento histórico.
Aquí y ahora, discusiones sobre derechos humanos pasan por el tamiz de San Pedro, en especial lo que a la sexualidad y el ejercicio de la misma se refiere, la defensa a capa y espada de la Sagrada Familia es el motivo de vida y existencia de Roma, es normal pues de la educación y formación que se le da la familia se adoptan las primeras formas de profesar la fe y por ende un estilo de vida regido por el temor al pecado, nada de malo hay en ello salvo que ha sido apuesta de toda iglesia permear en la construcción del contrato social y dinamitar así las posibilidades de la existencia del laicismo, lo cual deriva en intentar sobreponerse sobre la existencia de otras iglesias, otras formas de entender la fe.
El proceso electoral 2017-2018 no se halla exento de estos problemas, un tema latente en la agenda pública desde el año 2000 ha sido la eutanasia, el aborto y el matrimonio entre parejas homosexuales. La eutanasia y el aborto han encontrado canales formales e informales, legales e ilegales, para su ejercicio las cuales dependen de la conciencia de quien la practica de forma activa y de quien la recibe de forma pasiva, sin embargo, ambos problemas de salud pública se ven constreñidos a la privacidad de un hospital o casa o a la intimidad de quienes se dedican a ello y de quienes lo necesitan, al no ser actos notorios, públicos se abren camino con o sin ley.
Pero el matrimonio no es por sí mismo solo un acto íntimo, la unión de dos personas precisa de la fuerza del estado y la publicidad que se le da al acto jurídico para presumir no de su validez, pero sí de su existencia. Es por lo que los grupos homosexuales buscan un asidero jurídico para normalizar sus vidas en pareja más allá de filias y fobias.
Los grupos de presión gay solo han tenido un defensor público al cual le voltearon cara y dejaron solo en el escenario, este es el Presidente Peña Nieto quién en 2016 envió una propuesta de reforma constitucional al legislativo federal reconociendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero un buen número de legisladores al sentirse presionados por la iglesia, por los grupos pro vida y ante la curiosa indiferencia de los grupos especializados en temas de diversidad sexual, género y derechos humanos el intento naufragó.
Ahora bien, el tema no es halagüeño para quienes apuestan a ver una legislación positiva sobre este tema, la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México, nos muestra tal cual somos, nos desnuda y nos expone como un electorado impresionantemente conservador, nuestras raíces no nos han traicionado o como lo han establecido ya algunos sociólogos “origen es destino”, caso contrario hay que estudiar el costo político que tuvo que pagar el Partido Revolucionario Institucional en estados como Aguascalientes, en donde el púlpito se convirtió en la nueva estrategia de capacitación política de la ciudadanía.
Solo por mencionar algunos datos, solo el 12.5% de ciudadanos consultados no se oponen al matrimonio igualitario, el 82.9% aceptó ser abiertamente intolerante con la población homosexual, 71.5% de los adultos entre 30 y 39 años se oponen a la adopción de menores en matrimonios homoparentales el número aumento al 81.5% entre la población mayor a 60 años que abiertamente se opone a ello, 57.7% de los adultos entre 30 y 39 años manifiestan que no vivirían con una persona homosexual aumenta a 60.2% en las personas mayores de 60 años.
Extrañamente quienes gozan de un mayor nivel académico y quienes tienen un mayor ingreso y estabilidad laboral son quienes se muestran más reacios al cambio 72% y 68.7% respectivamente, estos datos muestran que los candidatos no se equivocan al no tomar partido por este tipo de iniciativas y que quienes lo hacen directa o indirectamente se estrellaran más temprano que tarde con el Vaticano.
Los únicos que dejan huellas en su actuar político son los católicos, probablemente sean los más notorios y no tienen problema en dar la cara en medios impresos y electrónicos, ello no implica que las otras iglesias judíos, cristianos, evangelistas y un no muy largo etcétera no lo hagan, la prudencia es mucho mejor consejera.
Contrario a lo que se piensa la foto con la bandera del arcoíris es peligrosa y costosa para cualquiera de ellos y lo saben.
