La revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública 2020 demuestra que fracasó la lucha contra la corrupción prometida por Andrés Manuel López Obrador y que, en materia de contratación pública, faltó a su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución. En abierta violación a la Carta Magna, el 88 por ciento de los contratos que su gobierno firmó en 2020 fueron otorgados sin licitación pública. Los recursos del erario implicados en esta conducta irregular equivalen a casi el 60 por ciento del monto total erogado en contrataciones públicas durante ese año.
El texto del artículo 134 constitucional ordena que los recursos públicos se administren “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. También, que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen (las dependencias gubernamentales), se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas… para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
El reporte 1508-GB de la ASF, titulado “Evaluación a la política de compras públicas”, deja muy mal parado el discurso de austeridad republicana y de lucha contra la corrupción con el que se llena la boca el gobierno de la mal llamada “cuarta transformación”. Según la información oficial, durante el año 2020 el gobierno suscribió 157 mil 786 contratos en total, de los cuales sólo 18 mil 610 (el 12 por ciento) se sujetaron al procedimiento de licitación pública, en contravención a lo que expresamente manda el texto constitucional. En cambio, el 88 por ciento (equivalente a 134 mil 385 contratos) se otorgó mediante procedimientos distintos que permiten la confabulación de servidores públicos y contratistas para que éstos sean seleccionados a cambio de favores o de pagos ilegales.
Cuartoscuro
Tal práctica no se justifica por el hecho de que la Ley de Adquisiciones incluya los mecanismos de adjudicación directa e invitación restringida para el otorgamiento de contratos, pues la misma ley les da un carácter excepcional y los sujeta a causales que deben ser plenamente comprobadas en cada caso. Contrario a ello, el gobierno que proclama que “se acabó la corrupción” y agita repetidamente un anticlimático pañuelo blanco, otorgó mediante la adjudicación directa casi el 80 por ciento de los contratos a sus amigos, protegidos y aliados, y otro 8 por ciento utilizando la invitación restringida u otros mecanismos igualmente opacos. El monto de dinero implicado en estas irregulares contrataciones equivale al 59 por ciento del total de los recursos comprometidos por contratos públicos: 41 por ciento por adjudicación directa, 5 por invitación restringida y 13 por otros procedimientos.
Es cierto que esta conducta no es nueva, pues era una práctica común de los gobiernos de “la etapa neoliberal”. Lo novedoso es que el gobierno de López Obrador continúe con el capitalismo de cuates en lugar de erradicarlo y que encima lo profundice. Una política anticorrupción eficaz debiera reducir la utilización de procedimientos distintos a la licitación pública, pero en este sexenio se incrementó su uso. El análisis de la evaluación que hizo la ASF aporta datos interesantes al respecto: mientras que en el año 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) firmó el 84 por ciento de los contratos por mecanismos distintos a la licitación pública, el gobierno actual elevó su porcentaje al 88 por ciento en el ejercicio 2020. Pudiera parecer poco un incremento de 4 puntos, pero esa impresión se desvanece si se observan los montos de dinero implicados: en 2015, EPN erogó el 37 por ciento del monto total de las contrataciones gubernamentales por la vía de contratos sin licitación pública, en tanto que López Obrador casi duplicó ese récord pues elevó el porcentaje, como se apuntó arriba, al 59 por ciento en el ejercicio 2020, nada menos que 303 mil millones de pesos en contratos gubernamentales dedicados a cultivar el capitalismo de cuates, en abierto desacato a la Constitución.
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