Cuando termine la jornada de consulta del 10 de abril, en las casillas que el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará ese día habrá más de 83 millones de boletas sobrantes. Es un escenario previsible porque la revocación de mandato fue desairada por la ciudadanía escéptica y por una oposición que no cayó en el garlito de las provocaciones presidenciales. Sólo se realizará por el empecinamiento y la autosatisfacción que se quiere regalar el presidente de la República.
El 16 de marzo, en su acostumbrado show matutino, Andrés Manuel López Obrador dio por cierto un chisme según el cual nada más habría 100 papeletas por mesa, versión absolutamente falsa que el INE se apresuró a desmentir: en las casillas habrá boletas suficientes para cada una de las personas registradas en los listados electorales (93 millones). Pero al presidente, más que la inventada falta de boletas, le ha de preocupar la ausencia de electores en la jornada de consulta, pues el pronóstico es que a esa farsa sólo concurrirán, a punta de acarreo de beneficiarios de programas sociales y burócratas, entre seis y nueve millones de personas (entre el 5.5 y el 8.3 por ciento del total de inscritos).
Se trata de un proceso revocatorio que es balín, para emplear el coloquialismo mexicano, desde que lo promueve la misma persona que quiere ser ratificada en el cargo. Se solicitó con millones de firmas inconsistentes o apócrifas (incluidas las de 17 mil 776 difuntos); al INE le negaron los recursos presupuestales requeridos, se violó la Constitución y la ley al continuar con descaro la difusión de propaganda gubernamental y se han gastado miles de millones de pesos de dudoso origen en su promoción.
El inquilino del Palacio Nacional se imaginaba que sería ratificado en forma triunfal y con fanfarrias, por eso su desasosiego alcanza niveles de desesperación, según lo indican la escandalosa e ilegal campaña “Que siga AMLO”, desatada en todo el país, los miles de servidores de la nación y demás burócratas forzados a realizar visitas domiciliarias de proselitismo, así como las ridículas estratagemas para burlar la Constitución que sus abogados huizacheros y legisladores “decretaron” en el Congreso.
Frente a tales conductas, la ciudadanía persevera en el abstencionismo activo. Esta es una abstención consciente, que promueve un racional alejamiento de las urnas. No es una actitud indolente, tampoco de flojera respecto del derecho de participar en las consultas o en las elecciones. En el caso de la Revocación de Mandato 2022, la abstención es el rechazo a una farsa.
A lo largo de la historia, muchas personas han llevado a cabo y reflexionado sobre la desobediencia civil de leyes injustas y frente a gobiernos arbitrarios. Para diferenciarla de la rebelión armada y subrayar su carácter pacífico, en inglés se denominó passive resistance a este conjunto de formas de lucha, lo que se tradujo al español como “resistencia pasiva”, pero de manera alguna se debe confundir con la pasividad. Por ejemplo, para luchar contra las leyes coloniales que establecían el monopolio inglés de la sal, Mahatma Gandhi encabezó a un puñado de voluntarios en la Marcha de la Sal que, en 1930, partió de Sabarmati, recorrió 389 kilómetros y culminó en el pueblo costero de Dandi, ubicado al sur de Guyarat en la costa del océano Índico. Ahí en la playa, Bapu (como también llamaban a Gandhi sus seguidores) cogió un puñado de barro cargado de sal y se declaró infractor de la ley de la sal impuesta en la India por los británicos.
La abstención activa contra la farsa revocatoria trasvasa los límites de la decisión individual, ya que promueve la no participación ciudadana en la puesta en escena arreglada por el director de teatro que está en Palacio Nacional. No se trata entonces de la promoción de una actitud pasiva o desobligada, ya que es un movimiento colectivo, plural y extenso que manifiesta su oposición al grupo en el poder. Se trata de un abstencionismo de lucha, beligerante, de defensa de la democracia en México.
Cincelada: los levantadedos de Morena en el Congreso de la Unión excretaron, no decretaron, su inconstitucional “interpretación” de lo que es y no es propaganda gubernamental.
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