El pasado 10 de marzo fallecieron 19 personas cuando, luego de asistir al “festival patriótico” convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se desbarrancó el autobús que los transportaba de regreso a Juchitán, Oaxaca. El acarreo, de por sí deplorable porque humilla a las personas obligadas a asistir a eventos de Morena, otra vez cobró una fúnebre factura.
Lamentablemente, el fatal hecho pasó casi desapercibido debido a la andanada de noticias y escándalos ocurridos en los días subsiguientes. También por el chisme de que, en pleno Zócalo, los líderes parlamentarios y la dirigente de Morena ignoraron a la presidenta al preferir posar para una selfi con Andy, el hijo de López Obrador. Además, el silencio y disimulo operados desde Palacio Nacional y el gobierno de Oaxaca coadyuvan para que el acarreo letal se vaya perdiendo en el olvido.
Se ha de recordar que esta columna dio cuenta de un hecho similar ocurrido tres años atrás. Las víctimas fueron en aquella ocasión vecinos del ejido Guadalupe Victoria del municipio de San Fernando, Chiapas. Beneficiarios de programas sociales del gobierno federal, habían sido obligados a asistir a votar en la consulta de revocación de mandato que se hizo por el capricho del entonces presidente López Obrador. Según testimoniaron los vecinos de la localidad, el Secretario Municipal de Protección Civil, un tipo de nombre Iván Alejandro López Aquino, dijo a los beneficiarios que perderían sus apoyos económicos si no votaban en favor de López Obrador. Los chantajeó con aquello de “amor con amor se paga”. La autoridad municipal dispuso de camiones de carga para el acarreo. Uno de los vehículos fue una camioneta estaquitas, a la que subieron a 18 personas que resultaron afectadas cuando el vehículo se desbarrancó, ocasionando dos muertes y 16 heridos. Hasta la fecha las fiscalías han sido omisas y ningún funcionario respondió ante la justicia, pese a que evidentemente se cometió doble homicidio culposo, el delito de lesiones y a pesar de que tales delitos concurrieron con un delito electoral.
En la reciente ocasión fue Sheinbaum la del capricho. Decidió organizarse un mitin de apoyo en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 9 de marzo. Para que se garantizara el lleno de la plaza, días antes se reunió con gobernadores de su partido y a cada uno le impuso cuotas de acarreo.
El día indicado, miles de autobuses se estacionaron en los alrededores del centro histórico de la CDMX provenientes de los diferentes estados de la República, así como microbuses que trajeron gente de las alcaldías citadinas y de los municipios del Estado de México. Decenas de vehículos provinieron de Oaxaca, presumiblemente financiados por el gobierno de aquel estado.
Uno de los tantos autobuses acarreó desde Juchitán a beneficiarios integrantes de la organización Frente Unido de Comunidades de Oaxaca, cuyo principal líder es el senador morenista Antonino Toledo. Para comprobar su asistencia, los acarreados se tomaron una foto grupal en las inmediaciones de la Alameda Central de la CDMX, la que fue de inmediato transmitida a los líderes que los obligaron a marchar. La mayoría posó sin una sonrisa y con cara de circunstancias. En el caso de 19 de ellos, esa fue la última foto de su vida, incluidos dos pequeños que, distraídos, aparecen en el primer plano de la imagen.
El lunes 10 por la mañana, en el camino de regreso a Juchitán, a la altura del kilómetro 83 de la carretera Mitla-Tehuantepec, el autobús que los trasladaba cayó en un barranco de 100 metros de profundidad. El saldo fatídico del acarreo fue esta vez de 19 personas que perdieron la vida y otros 16 que resultaron con lesiones de gravedad.
En un comunicado fechado el 13 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se limita a señalar como causa del accidente un “error humano” del conductor del autobús (también difunto), echando tierra al asunto de quién ordenó y quién organizó el acarreo. La fiscalía tampoco ha investigado la forma en que se presionó a los beneficiarios para que asistieran al evento de Sheinbaum y quiénes ejercieron esa presión o “labor de convencimiento”, quién pagó por el flete del vehículo, cómo se hizo esta transacción y a nombre de qué persona física o moral se emitió la factura. Si los fiscales a cargo esclarecieran estas cuestiones, en el banquillo de los acusados pondrían sin dudar a altos funcionarios de los gobiernos federal y estatal, así como a dirigentes del partido oficial.
Cincelada: Recesión económica. Si en la pasada crisis el gobierno tomó al Covid como pretexto ahora lo hará con los aranceles de Trump, pero en ningún caso podrá ocultar su impericia e irresponsabilidad.
