jueves 29 febrero 2024

Adoctrinar a los menores

por Luis de la Barreda Solórzano

desconfiar del fanatismo de un solo fin,

que exalta siempre una idea exclusiva

Julien Freund (La esencia de lo político)

Adoctrinar a los adolescentes con un libro de texto único para secundaria a fin de que se haga realidad el delirio de personajes como Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP); imponer a los muchachos y sus maestros un catecismo en el que se fomenten no ideales de justicia, libertad y progreso, sino dogmas rancios cuya puesta en práctica ha sido una catástrofe y ha desencadenado rencor social, resentimiento, intolerancia, y supersticiosos prejuicios contra la ciencia, el pluralismo y los méritos individuales.

Que se excluya a las editoriales privadas de la producción de los libros de texto porque, en la mentalidad delirante del comisario educativo, todo debe quedar en manos del Estado, principalmente la ideología que se inculque a los menores. El sueño dorado del totalitarismo: mentes adocenadas, moldeadas en una sola línea de pensamiento, que rechacen toda innovación, toda desviación de la doctrina dictada desde el poder, toda visión crítica, toda idea que se aparte un ápice de la ideología oficial.

Cuando se mezclan la inepcia, el rencor, la envidia, la deshonestidad y el fanatismo, el resultado es un coctel indigerible. Todo eso está rebosante en la propuesta de excluir a la iniciativa privada de cualquier intervención en el proceso educativo.

Arriaga miente al decir que los libros de texto de las editoriales privadas no son sometidos a evaluación alguna. Esos libros han sido evaluados rigurosamente por un grupo de expertos de la propia SEP: en promedio, de cada diez libros presentados a esos especialistas, solamente son aceptados tres, siempre con numerosas observaciones que el autor debe atender. De los libros aprobados, los profesores eligen el de su preferencia para que los ejemplares sean adquiridos por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y repartidos entre los alumnos de las escuelas públicas.

Arriaga exhibe su envidia al aseverar que las editoriales privadas obtienen ganancias estratosféricas con los libros de texto. El precio medio ofrecido a la Conaliteg de cada libro de 240 páginas profusamente ilustrado con gráficas e infografías a color es de 45 pesos para tirajes de entre 5,000 y 250,000 ejemplares. Las editoriales deben pagar derechos de autor, costos de papel, cartulina e impresión, gastos del prototipo del diseño de las series, ilustradores, fotógrafos, diseñadores, diagramadores, cartógrafos, correctores, especialistas, fianzas, impuestos. La utilidad no es mayor al 7 por ciento.

Arriaga asevera, asombrosamente, que los libros producidos por las editoriales privadas ¡son ilegales!, sin apuntar qué norma jurídica transgreden, transgresión que, de darse, les conferiría tal ilegalidad. No, los libros no son ilegales salvo que alguno de ellos sea un plagio, como las tesis de la ministra Yasmín Esquivel, induzca a delinquir o haga apología de un delito. Excepto los señalados, los libros colocados en la ilegalidad son los prohibidos por los dictadores, obsesionados por imponer el pensamiento uniforme a sus gobernados. Hablar de libros ilegales es hablar como inquisidor. Como advierte Fernando Savater: “La enseñanza debe ser tan pluralista como la sociedad misma” (El valor de educar).

Se trata de dominar las mentes de los menores, como se ha intentado en el nazismo, en el fascismo, en el estalinismo, en el franquismo, en el maoísmo, en el polpotismo, en el castrismo, en el bolivarianismo chavista. Que el sector privado deje de lado la educación y permita que el sueño de la izquierda se haga real, plantea Arriaga. ¿A qué izquierda se refiere? Porque si es la izquierda autoritaria y represiva, como la que gobierna en Cuba, Venezuela y Nicaragua, izquierda con la que se identifican el actual gobierno y sus sacristanes, la realización de ese sueño sería una pesadilla para los gobernados de la que resultaría difícil despertar.

El artículo tercero de nuestra Constitución propugna una educación para la vida con el objeto de desarrollar en los educandos capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, y que atienda al progreso científico, luche contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Es decir, una educación diametralmente opuesta a la que habita los alucinados sueños de Marx Arriaga.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 09 de marzo de 2023. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

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