Hace unos días, Palacio Nacional se convirtió en el escenario de una enérgica protesta de un grupo clave en la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Normalistas, clamando justicia por el caso Ayotzinapa, manifestaron su profundo descontento y sensación de traición, ilustrando así un desenlace simbólico de la administración actual.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, emblema de la campaña presidencial de López Obrador en 2018, está muy lejos de resolverse. Las promesas de esclarecer la verdad y encontrar a los jóvenes resuenan hoy como ecos distantes. Las investigaciones actuales no difieren prácticamente en nada de la “verdad histórica” del gobierno anterior, y los padres de los estudiantes, con justa razón, están furiosos.
El asesinato, esta misma semana, de Yanqui Khotan Gómez, también estudiante de Ayotzinapa, a manos de la policía estatal de Guerrero, ha resucitado el doloroso recuerdo de los 43 normalistas desaparecidos. La gestión gubernamental en este caso ha sido desastrosa: un policía acusado de homicidio se fuga y las autoridades apenas reaccionan, mostrando una ineficacia y desorganización alarmantes.
La administración de Evelyn Salgado en Guerrero, lejos de aportar claridad y justicia, parece sumergida en el caos y los conflictos internos. Su intento de manipular la información en torno al caso ha generado más dudas que respuestas. La fuga del policía acusado agrava la situación, provocando un aumento en la intensidad de las protestas de los normalistas, quienes ven en este giro de los acontecimientos una traición y un signo de impunidad.
El presidente López Obrador, mientras tanto, parece desviar la atención hacia cuestiones menos relevantes, como el hallazgo de una ‘peligrosa’ resortera y unos balines con los que (según él) los manifestantes pensaban agredirlo, minimizando así la gravedad de una situación que requiere de una respuesta firme y comprometida. Su gobierno, que prometió una transformación respecto a las administraciones anteriores, se enfrenta ahora a un espejo de los mismos problemas: falta de transparencia, ineficacia y una creciente desconfianza por parte de la ciudadanía.
El reciente episodio de la desaparición temporal de dos peritos de la Fiscalía General de la República, responsables de la investigación del asesinato de Yanqui Khotan Gómez, aunque resuelto, suma otra capa de incertidumbre y temor en un estado ya marcado por la violencia y la confusión.
Esta cadena de eventos no solo afecta a los directamente involucrados, sino que tiene un impacto profundo en el tejido social del país. La lucha de los normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de resistencia contra un sistema que parece incapaz de proteger a sus ciudadanos y de garantizar la justicia.
Lamentablemente, a estas alturas, resulta iluso pensar que López Obrador y las autoridades estatales asuman su responsabilidad y actúen con la urgencia y seriedad que esta crisis demanda. Las familias y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa merecen respuestas, justicia y, sobre todo, un compromiso real con el cambio que se les prometió. Esta situación, lejos de ser un incidente aislado, refleja un problema sistémico que requiere una solución integral y sostenible.
México se encuentra en una encrucijada crítica. La gente debe elegir entre continuar con un gobierno que los lleve por el camino de la inacción, la evasión y la complicidad con los delincuentes, o asumir con valentía y determinación el desafío de reconstruir al país y asegurar un futuro de paz y justicia para todos.
Los ciudadanos habrán de juzgar en las urnas las decisiones tomadas por el gobierno en este momento crítico.
