Las universidades públicas viven abiertas, no hay manera de entenderlas y concebirlas de otra manera; es su sino y una de sus definiciones.
Esto no sólo vale por sus discusiones, investigaciones y por su vida académica. Son el centro del conocimiento integral y la libertad de pensamiento, sus espacios físicos son parte de su definición y libertad.
Los muchos cambios que ha venido padeciendo y viviendo la sociedad han alcanzado inevitablemente a las instituciones de educación media superior y superior.
Los extraordinarios campus de CU y Zacatenco, para mencionar dos de los más identificados, se han visto obligados a imponer mecanismos para controlar las entradas y salidas como nunca antes se hubiera imaginado. En algún sentido se rompió un encanto de años en que se podía entrar y salir con facilidad a ellos.
No es que antes se viviera en una especie de paraíso terrenal, lo que sucede es que la dinámica violenta del país terminó por alcanzar a instituciones que por definición son espacios abiertos y de libertad.
No es que no pasara internamente nada, lo que sucede es que se tenía un diagnóstico que permitía atajar los problemas al tiempo que esto llevaba a prontas soluciones, y sin nostalgias eran otros tiempos.
Otra variable a considerar, es que todo lo que pasa al interior de los centros educativos adquiere gran relevancia y más si se trata de hechos violentos.
La comunidad de la UNAM y el IPN, entre otras, han hecho grandes esfuerzos por mantener un ambiente de tranquilidad interna y equilibrio para poder desarrollar sus actividades escolares. Sin embargo, es obvio que no hay manera de que estén aisladas del país que somos.
Desde siempre se ha tratado de utilizar los espacios universitarios para cualquier tipo de actividades. Al ser instituciones libres y abiertas muchos las han usado, y las siguen usando, para acciones abyectas sin importar lo que esté de por medio.
La UNAM ha batallado en los últimos años para controlar las actividades delictivas a su interior, en particular la venta de drogas. Existe una justificada sensibilidad en la UNAM contra una eventual presencia de las fuerzas de seguridad en su interior.
Para la comunidad es definitivo y si alguien sabe y se aprovecha de esto son los delincuentes, quienes desde su muy singular manera interpretan aquello de que la UNAM es un espacio autónomo, abierto y libre.
El lamentable asesinato al interior de un aula del CCH Oriente de una de sus estudiantes, Aideé “N”, se enmarca en este proceso. Pareciera que se va ganando la batalla contra la violencia, pero es cuestión que se presenten hechos como éste, perpetrados por quienes se aprovechan de la UNAM, para que las cosas se vuelvan a colocar contracorriente.
La muerte de Aideé nos lleva también a no perder de vista con lo que está pasando en la cotidianeidad de muchos jóvenes en el país. Independientemente de las muchas hipótesis del caso, se viene a confirmar el estado de indefensión en la que vivimos incluso estando en unaula.
Un hecho, hasta ahora definitivo, es que según la autoridad ninguno de los presentes en ese momento en el salón de clases es responsable de lo sucedido. Esto incrementa aún más las especulaciones y preguntas sobre la complejidad que se vive en el CCH Oriente.
Lo doloroso, triste y brutal es la muerte de Aideé. Las autoridades deben explicar pronto lo que pasó. Se debe hacer por la UNAM, para aclararle a la comunidad lo sucedido y generar certidumbre.
Pero sobre todo se debe hacer por Aideé, por sus familiares, amigos y compañeros del CCH Oriente, y en el camino por los jóvenes del país.
RESQUICIOS.
Ciudadanos y organizaciones han convocado a una serie de manifestaciones en algunas ciudades del país el próximo domingo contra el Presidente. Es un enigma lo que vaya a pasar. Lo que es un sinsentido es eso de pedir la renuncia de López Obrador. A lo que hay que estar atentos es al número de personas que asistan, y a la reacción del Presidente.
Este artículo fue publicado en La Razón el 3 de mayo de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
