Los recientes embates del presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, (organismo al que catalogó como uno de varios organismos autónomos que son meros “floreros” y sólo sirven de “tapaderas de ilícitos”) hacen necesario insistir en lo que diversos periodistas y medios han señalado desde hace muchos años: López Obrador es amigo de la opacidad.
El morenista ha declarado en innumerables ocasiones que uno de sus más altos valores es la transparencia (“que la vida pública sea cada vez más pública”, le gusta decir) y como aparente señal de ello ofreció—la semana pasada—quitar las reservas a la información y responder a las solicitudes de información en 72 horas. Ello, tiempo que impulsa desaparecer al INAI como organismo autónomo, integrándolo al gobierno federal. Es decir, tomando el control del acceso a la información pública. Del mismo modo como pretende tomar control de las elecciones, al debilitar al INE.
Cabe recordar que, como opositor, AMLO criticó con ferocidad la opacidad de información de administraciones anteriores, opacidad que, no obstante practicó cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, de 2000 a 2005.
Así, hacemos un mínimo recuento cronológico de acciones que demuestran que, a pesar del discurso, el actual presidente mexicano es enemigo de la transparencia. Así como lo es de la libertad de prensa, la democracia, la división efectiva de poderes, la organización ciudadana, la autonomía del INE y el sistema de partidos políticos.
El 13 de julio de 2004 el diario Crónica informó que, “contrariamente a lo dicho por Andrés Manuel López Obrador”, entonces jefe de gobierno del DF, los contratos para la construcción del distribuidor vial de San Antonio (parte de los llamados Segundos Pisos del Periférico), “no se encuentran en internet. Tampoco es posible acceder a ellos por medio de la Ley de Transparencia”. El interés de la prensa era constatar que las obras habían costado lo que el gobierno aseguraba, ante diversos señalamientos de que se habían encarecido indebidamente.
El diario hizo las peticiones correspondientes el 17 y18 de mayo de ese año, dirigiéndose al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, cuya coordinadora técnica era Claudia Sheinbaum y a la Contraloría de la ciudad. En ese momento, la información, según el gobierno local, se encontraba “desclasificada”, pero ninguna de las dependencias encargadas dieron respuesta al diario. La información tampoco estaba en línea. Intensamente cuestionado por los medios en esos tiempos, AMLO solía responder “no tenemos nada que ocultar” y acusó a Crónica de manipular la información para afectar a su gobierno.
La reserva había sido planeada para 10 años, aunque luego el gobierno reculó y, a los siete meses, decretó la desclasificación de la información, aunque años más tarde legisladores priístas aseguraron que dicha desclasificación no fue completa.
Por eso, el 3 de agosto de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lanzó un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México “para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y responsabilidades informen a esta Soberanía sobre la información relacionada con la construcción de obras durante el período comprendido entre el 5 de diciembre del año 2000 al 29 de julio de 2005 que aún se encuentra reservada para su consulta”.
Al respecto, en 2018, siendo candidata a la jefatura de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum declaró que la información sobre los Segundos Pisos nunca había estado clasificada.
El 1 de noviembre de 2004, etcétera difundió un análisis de los gastos de López Obrador en materia de publicidad, que arrojó un gasto de alrededor de 65 millones de pesos. Sin embargo, el acceso a documentos oficiales al respecto estuvo vedado, ya que el 14 de noviembre de ese año, el gobierno de AMLO decretó una reserva de 10 años para dicha información. En ese tiempo La presencia mediática de AMLO se había multiplicado, particularmente en Televisa, debido a la guerra política con el entonces presidente Vicente Fox, que impulsó y consiguió el desafuero de su adversario. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información relacionada con gastos en publicidad no tenía motivo de ser reservada.
El 18 de julio del 2018 el INE multó a Morena, el partido fundado por López Obrador, por el escándalo del fideicomiso “Por los demás”, creado luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, para supuestamente brindar ayuda a los damnificados. Debido a que Morena no pudo transparentar la obtención ni el destino de 78.8 millones de pesos, el INE multó al partido con 197 millones de pesos. De esos casi 79 millones, alrededor de 64 millones fueron gastados en efectivo, mediante cheques de caja, sin comprobar gastos ni demostrar haber prestado ninguna ayuda a los afectados por el sismo.
El 14 de marzo de 2019, la diputada priísta Soraya Pérez Munguía informó que Pemex clasificó como “parcialmente reservada la información pública del proyecto de la Refinería de Dos Bocas”. La legisladora dijo haber realizado (en enero de ese año) una solicitud de información sobre “licencias, constancias de uso de suelo, autorizaciones, permisos, registros, estudios de impacto ambiental y en general, cualquier documento relacionado con el proyecto de Refinería Dos Bocas”.
El 18 de julio de 2019, Pemex informó, en el documento Plan de Negocios 2019-2023, que bajo los criterios de seguridad nacional y/o secreto comercial quedaba clasificada como “confidencial” y por ello, reservada hasta por cinco años, la información relativa a la refinería Dos Bocas, el Proyecto Transítsmico, el Proyecto Peninsular, el Proyecto Olmeca y otros.
El 10 de octubre de 2019, AMLO justificó la reserva por cinco años que la Sedena realizó a la información sobre la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Alegó que el ánimo era “transparentar todo”, pero debido al “bombardeo de amparos” que se interpusieron, había que esperar a que se resolvieran los litigios para “dar a conocer todo lo relacionado en torno al proyecto”. Sin embargo, al ser una obra realizada por el Ejército, entra en el rubro de “seguridad nacional”, por lo que es improbable que se transparente la información.
Ese mismo día, divulgó que un particular pidió al INAI informes de su estado médico. Y denostó al organismo al decir que “lo creó el conservadurismo”.
El 30 de octubre de 2019, la revista Contralínea informó que de enero a junio de2019, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con la Sedena y la Marina Armada de México, reservaron “517 expedientes, datos e informaciones solicitadas por ciudadanos”, siendo el CNI el que encabeza la lista, con 452 expedientes.
El 19 de diciembre, el CNI informó que reservaba como confidencial el expediente sobre el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien fue asilado temporalmente en México luego de su derrocamiento del poder. Según el organismo, dar a conocer dicha información redundaría en daño de las relaciones bilaterales de México con Bolivia y otros países, además de revelar información sensible en materia de geopolítica.
El 5 de noviembre de 2019, se divulga que la Sedena reservó por cinco años la información relativa a la compra de tierras ejidales a la comunidad de Xaltocan, en relación con la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Esto, en respuesta a una solicitud de información del diario Reforma. Según la dependencia, transparentar esa información podría dar a la delincuencia organizada facilidades para realizar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria o terrorismo.
El 23 de diciembre de 2019, el diario Milenio reportó que la Sedena negó brindar información sobre el operativo en que fue liberado Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, verificado el 17 de octubre anterior. La información queda reservada por cinco años. El motivo: evitar que la delincuencia organizada estime los efectivos y capacidades del Ejército e intente repetir lo ocurrido en Culiacán, en que, según la narrativa oficial, se orilló al gobierno a liberar al narcotraficante, para evitar muertes de civiles. Sin embargo, luego del operativo, el propio López Obrador dedicó varias horas a exponer lo ocurrido, ya que consideró que favorecería su imagen, lo cual no ocurrió.
El 28 de enero de 2020, el periodista Daniel Lizárraga, en una columna publicada en el Washington Post, señaló que “en 2019, el primer año del actual gobierno, los reclamos ciudadanos contra las autoridades que se han negado a entregarles información aumentaron 64% respecto a 2018, de acuerdo con cifras oficiales a las que tuve acceso”. Ese dato indica que el gobierno de López Obrador incrementó la opacidad con respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar del discurso en pro de la transparencia.
El 1 de marzo de 2020, el diario Milenio reportó que Banobras negó acceso a la información relacionada con el proceso de venta del avión presidencial. La reserva, como en otros casos, será por cinco años. La justificación del gobierno fue la existencia de un acuerdo de confidencialidad celebrado con la ONU y el riesgo de que divulgar cualquier dato pudiese frustrar la venta del avión y así causar “perjuicios irreparables al Estado”. No obstante lo anterior, el avión sigue sin venderse.
El 11 de marzo de 2020, la agencia Apro dio a conocer que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) le negó información relativa al proyecto del Tren Maya, ya que, según la dependencia, divulgar los datos solicitados podría poner en riesgo la viabilidad del proyecto al ponerlo en riesgo de “destrucción, inhabilitación o sabotaje” o generar riesgo de especulaciones indebidas sobre los terrenos.
El 8 de diciembre de 2020, se informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores reservó por cinco años la nota diplomática que se envió el 28 de octubre al gobierno de los Estados Unidos, relativa al caso del general Salvador Cienfuegos. Esta negativa fue en respuesta a una solicitud de MVS Noticias y en la respuesta se señala que la nota diplomática obra en poder de la Dirección General para América del Norte pero quedará reservada debido a que su publicación podría afectar las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.
El 16 de diciembre de 2020, La Jornada dio a conocer que hizo una solicitud de información sobre la venta del acero del Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco, luego de que el proyecto fue cancelado por decisión de López Obrador. El diario informó que la Secretaría de la Función Pública respondió que la información estaba reservada por un año, pero, dicha reserva, aseguró el diario, no estaba vigente al momento de la petición, sino que se dictaminó después de que se hizo la solicitud de información y tras haber pedido una prórroga, supuestamente para “realizar una búsqueda exhaustiva”.
El 19 de diciembre de 2020 se informó de una nueva reserva en relación con el caso Cienfuegos. Diversos medios, entre ellos Expansión e Infobae, ingresaron solicitudes de información y recibieron sendas negativas. La respuesta de las dependencias involucradas (la SRE y la Fiscalía General de la República) dijo que los documentos relacionados con la investigación en contra del extitular de la Sedena no estarán al alcance de ONG, académicos ni periodistas durante cinco años. El motivo: las negociaciones de Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-Mec).
A Infobae se le dijo que “se considera que la difusión de la información que se reserva podría socavar los canales de comunicación existentes con el gobierno estadounidense para la cooperación con México en materia de seguridad, particularmente ante el contexto de cambio de administración del gobierno de los Estados Unidos”.
El 4 de enero de 2021, AMLO ofreció impulsar una reforma para que las dependencias no se reserven información. “Que haya transparencia, no reservar nada, a lo mejor algunas cuestiones particulares que tienen que ver con la seguridad del Estado, pero tiene que justificarse muy bien, y que todo lo demás sea transparente, que no exista reserva. Haremos una revisión sobre eso y a lo mejor presentamos una iniciativa de ley para quitar las reservas, que la vida pública sea cada vez más pública”. No obstante, a los pocos días la emprendió en contra del INAI, al que calificó como un costoso “florero”. Aprovechó para ufanarse de que su gobierno abrió archivos clasificados de la “época de la represión”, es decir, de sexenios anteriores.
El 8 de enero de 2021 Reforma informó que tanto la Secretaría de Salud como la SRE reservaron por cinco años los contratos que el gobierno mexicano ha suscrito con diversos laboratorios internacionales para la compra de vacunas contra la COVID-19. Ese mismo día prometió que si el INAI desaparece, su gobierno seguirá atendiendo las solicitudes de información pública y lo hará en un máximo de 72 horas.
El 11 de enero de 2021, enfrentado a la presión social y periodística por sus ataques al INAI, López Obrador quiso dar un ejemplo de transparencia y en su conferencia mañanera leyó la carta que su gobierno envió el año pasado al gobierno español, pidiendo una disculpa a México por la Conquista. Esta carta había quedado reservada por la SRE.
Entonces, decidió leer el documento enviado a Felipe VI, en el que exige que asuma la responsabilidad histórica por la Conquista este 2021, pues es cuando se cumplen los 500 años de la caída de Tenochtitlán, así como los 200 años de la consumación
