Son muchos los motivos por los cuales podemos afirmar que el presidente López Obrador es un enemigo de los periodistas, de la prensa crítica que no aplaude, que cuestiona y que exhibe sus atroces y avasalladoras inconsistencias.
Por supuesto que no somos el único gremio afectado por su desprecio o por su negligencia criminal, pero para fines de claridad, este texto solo abordará este tema.
Más allá de los calificativos que todos conocemos (prensa fifí, prensa conservadora, hampa del periodismo), de sus rezongos cuando se le hacen preguntas incómodas y de sus intentos tangenciales por controlar a los medios por medio de sus testaferros de la 4T (leáse “cuatrote”, el que nos pusieron a los mexicanos), existen elementos legales y técnicos que indican de manera innegable que al presidente no le importa la libertad de expresión ni tampoco la vida y seguridad de los periodistas.
Es claro que al presidente no le duelen las muertes de periodistas y así como su verborrea inconexa es pródiga al burlarse de sus “adversarios”, igual de intenso es su mutismo para no dolerse sobre los periodistas asesinados por el narco “que también es pueblo”, por la “así llamada delincuencia organizada”.
Es claro también que no está comprometido con la libertad de expresión, y eso es obvio cuando señala que “ya saben lo que sucede” si “se pasan”, cuando afirma que tiene “derecho de réplica” cuando ha dicho que la prensa que no se “porta bien” es aquella que lo critica. También, cuando su oficina dio a conocer una supuesta lista de “periodistas chayoteros”, lo cual desató ataques cruentos en redes sociales en contra de los señalados.
Cada vez que se va de la boca, que es casi diario, el presidente intenta “componerle”. Ayer domingo aprovechó para tratar de presentar a su gobierno como comprometido con la seguridad de los periodistas.
Muy de pasada, forzado solo por la presión que desde los medios de comunicación ha recibido, López Obrador mencionó, durante su “Tercer Informe al Pueblo” (vaya tufo estalinista tiene ese título) que su gobierno brinda protección a periodistas y defensores de los derechos humanos amenazados por causa de su labor y que lo seguirá haciendo, claro, como si fuera una gracia y no su obligación.
Durante su mensaje político—que no rendición de cuentas como bien lo calificó la Coparmex—López Obrador solo mencionó la parte “favorable” del asunto: que los periodistas protegidos son muchos. Y lo dijo, por supuesto, como un logro de su gobierno.
La protección a periodistas y defensores de derechos humanos se realiza desde el gobierno federal a través de un instrumento llamado justamente Mecanismo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se opera desde la Secretaría de Gobernación. Se le conoce coloquialmente como “el Mecanismo” y es a lo que se acogen los periodistas cuando son amenazados por su labor.
Es justamente el Mecanismo el que no dio pronta respuesta al periodista mexiquense Nevith Condés, asesinado hace un par de semanas, luego de que el alcalde Anthony Domínguez, de Morena, lo amenazara de muerte. (Por cierto, tampoco la organización Artículo 19 proveyó de acompañamiento a Nevith)-
Este Mecanismo no es creación del actual gobierno, sino del sexenio de Enrique Peña Nieto y fue un logro, no del priísta copetón por supuesto, sino de la sociedad que mediante la protesta y la exigencia logró que el gobierno instrumentara un sistema de protección que, sobra decirlo, tiene numerosas deficiencias, aunque también ha permitido salvar la vida de decenas de personas.
Entre los miles de matices que el presidente omitió durante su discurso del domingo (que a mi juicio no fue más que una mañanera grandota) se encuentra algo fundamental para la seguridad de los periodistas mexicanos:
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió, el 30 de julio pasado, un diagnóstico terrible para dicho Mecanismo, consistente en la predicción de que el mecanismo se volverá insostenible para el 2024, debido a dos factores, ninguno de los cuales tiene visos de mejorar con el actual gobierno:
1.- El incremento de la violencia, desatado como nunca en el actual sexenio, dado el empeño de AMLO de decir que el narco también es pueblo y negarse a un combate firme y estructurado de la delincuencia organizada. Esto implica el fortalecimiento de los grupos criminales y con ello, un riesgo cada vez mayor para los periodistas, sea la fuente que cubran ya que, dada la inserción de los cárteles en la sociedad, hasta un periodista de espectáculos se arriesga a molestar a un narco y perder la vida. Todo ello implica que para 2024 la cantidad de personas que necesitarán protección será inabordable para el mecanismo (la Segob calcula 3 400 personas, más de doble que ahora)
2.- La política austericida (excelente término) y cuentachilera de López Obrador, que como avaro de cuento se la pasa apilando moneditas para no gastar más que en lo que a él le parece que es “bueno” y da “bienestar al alma”. Entre esos gastos no se encuentra el Mecanismo de Protección a Periodistas, que en el Presupuesto 2019 tuvo un recorte de 26% con respecto a lo que solicitó.
Dice el documento de la ONU-DH: “Para el final de 2019, la Segob prevé que estará protegiendo 1131 personas y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto asignado fue de 207.6 millones de pesos, correspondiente a 64% del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017. Ante la evidente insuficiencia, la Segob presentó el 4 de abril de 2019 una solicitud adicional de 150 millones que todavía no ha sido respondida”.
No solo eso. De por sí el Mecanismo ya arrastra graves deficiencias, como escasez de personal, falta de especialistas en diferentes áreas, falta de vinculación con autoridades regionales y locales, falta de equipo técnico, acceso restringido a internet y más. Todas estas deficiencias requieren dinero.
Esto es grave. Muy grave.
Es muestra de que al presidente no le importa ya no digamos la libertad de expresión, sino la vida de los periodistas.
Es muestra de que no hay cabeza real en la Secretaría de Gobernación. Olga Sánchez Cordero es un florero, está pintada, está de adorno, se deja apabullar por el presidente, se somete y no exige los recursos que su dependencia debe tener, sí o sí.
Es muestra de que el presidente está dispuesto a dejar prosperar al crimen organizado, pero no a proteger al periodismo.
“Sigue el dinero”, dice una expresión popular. En López Obrador se cumple con precisión. Ahí donde está el dinero, ahí está el interés del presidente.
Por lo que hemos visto, no está en proteger periodistas, ni defensores de derechos humanos. No está en atender niños con cáncer, mujeres víctimas de la violencia de género ni en fortalecer la ciencia y la investigación.
El interés del presidente está únicamente en todo aquello que le haga sentir un benefactor del pueblo, un cacique que avienta monedas al pueblo hambriento que, lleno de gratitud, besará sus manos por las migajas recibidas.
