AMLO acertó en su alianza con la CNTE, al compartir su lucha por tirar la Reforma Educativa y llevar la defensa legal de sus dirigentes presos por lavado de dinero: el gobierno aceptó revisar la reforma, luego de los ocho muertos de Nochixtlán y del estrangulamiento económico de Oaxaca.
En los hechos, la propuesta de “facilitar un diálogo con la SEP” significa una bandera blanca del gobierno ante la violencia imparable de la CNTE, durante las dos últimas semanas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, que se extendió esta semana con varias vueltas de tuerca a la capital del país.
Es, de facto, una revisión no sólo a la reforma constitucional más importante para el Presidente (según sus propias palabras), sino también la de mayor aceptación popular de las 13 que consiguió del Congreso en sus dos primeros años de gobierno.
Sí, una revisión, por mucho que se disfrace la propuesta de “mesas de diálogo que deben orientarse a asegurar a los mexicanos su derecho a recibir educación laica, gratuita y obligatoria, promover el desarrollo armónico de los alumnos y desarrollar su intelecto, carácter y formación moral”.
La verdad es que nada de lo anterior tendría que debatirse en diálogo alguno porque se encuentra plasmado, como la Reforma Educativa, en la Constitución. Pero no existe otra vía de solución al conflicto magisterial, encabezado por una guerrilla urbana decidida a todo, y bien organizada.
Sucede que este gobierno (ni ningún otro que surja de las urnas) no puede cambiar los goznes de nuestra historia contemporánea: el Estado mexicano posee una incapacidad patológica para aplicar la fuerza, como lo hacen de manera natural los de Estados Unidos, Francia, Grecia, Chile…
¿Por qué? Porque o no la aplica o, de plano, la aplica mal, como se demostró en Nochixtlán, adonde las fuerzas federales acudieron para impedir bloqueos carreteros, con toda la legitimidad que les otorga para ello la Constitución, pero la operación resultó un fiasco: mal planteada, con pésimo resultado…
Sin embargo, lo más inquietante en estas dos semanas, de insurgencia, es lo siguiente:
1.- Que el beneficiado haya sido candidato presidencial que preconiza la violencia y la polarización y que cohesiona el odio social, ya que es el brazo político de esa insurgencia urbana que obligó al gobierno, por la vía de la violencia, a dialogar sobre el “modelo educativo”.
2.- Que los más afectados fuesen aquellos cuyos intereses aseguran defender él y sus insurgentes: los más pobres del estado más pobre. Fueron penosas las imágenes de aviones militares llevando productos de primera necesidad a Oaxaca, como si fuera un territorio sitiado por el Estado Islámico.
Es decir, AMLO llenó el tanque con esta crisis. Y va que vuela rumbo a 2018. Guste a quien le guste.
Este artículo fue publicado en La Razón el 7 de julio de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
