La agresión a la velocista mexicana y senadora sonorense admite tantos calificativos que mejor nos los ahorramos. La condena es unánime. El problema es que la violencia es lo más democrático que tenemos, la impunidad, a veces, depende de quién sea la víctima.
Ana Gabriela Guevara reconoce que ni su condición de legisladora ni de ciudadana de bien la eximió de la violencia.
Para regocijo de nadie, a miles de mujeres y hombres en este país les ocurre lo mismo: conductas antisociales que van desde la alevosía en una agresión detonada por asuntos viales hasta asaltos y despojos cotidianos quedan tan impunes que ya la denuncia es sólo un trámite necesario para cubrir expedientes de aseguradoras, para nada más.
El debate no cabe en asuntos como éste, la violencia se condena, pero sobre todo, debe castigarse, y ello no puede ocurrir sólo cuando la víctima goza de notoriedad por razón cualquiera, por ser legisladora, actriz, cantante, periodista, cómico o cronista deportivo.
Posicionamientos institucionales de Ministerios Públicos y gobernadores que prometen, y en una de ésas hasta cumplen, diligentes investigaciones y eficientes persecuciones, lastiman por oportunistas.
Rápidos y furiosos localizan los autos y a sus propietarios, deslumbran con videos de cámaras públicas, pronto quizá sancionen con todo el peso de la ley. Honras gubernamentales al Estado de derecho. Breve espacio de luz en medio de una oscuridad apabullante. Llamaradas de petate.
Lo que lastima es la indolencia de autoridades, de todos los niveles, frente a las víctimas mundanas, anónimas. Aquello de “en México todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros” refrenda su vigencia, su triste validez.
El caso de Ana Gabriela Guevara “debería” servir para muchas cosas; para exhibir a mequetrefes, para apretar a las autoridades a hacer lo que en otros casos no hacen, para alertar a la sociedad sobre la ausencia de valores en contextos de peligroso humor social, sobre la pobre educación que padecemos donde más nos duele, en lo cívico; para diseñar nuevas y mejores políticas públicas, para practicar una mayor y mejor fiscalización social.
Desafortunadamente, ni el caso de Ana Gabriela, ni los anteriores, ni los que vengan, lo conseguirán. Efectividad institucional de relumbrón.
“No debemos legislar al vapor”. Con letras de oro deben inscribir esta frase en el Congreso de la Unión, que cada año, que cada periodo legislativo, cuando llega el cuarto para las doce, diputados y senadores nos recetan para decirnos porque lo atrasado seguirá atrasado. Por qué, nos ilustran, sería contraproducente acelerar aquello que demanda reposo.
Ley de Seguridad Interior. Ley de mando policial único. Despenalización del consumo de mariguana. Cada tema que se patea hacia adelante en espera de consensos, de tiempos adecuados, erosiona el prestigio de un poder que se va de vacaciones con bonos vergonzantes, y pendientes graves, a cuestas.
