Además de las encuestas que lo ubican en primer lugar para ser presidente de México, AMLO recibió ayer otra magnífica noticia: su aliado Alberto Anaya aseguró seis años más como propietario del PT y, en el año electoral, recibirá 376.7 millones de pesos del erario, para que los maneje a su antojo.
Pero en el caso de Anaya se trató hasta de un logro familiar, pues su esposa Guadalupe Rodríguez también estará en la Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión del Ejecutivo Nacional. Toda una conquista: llevan 22 años mamando dinero
del presupuesto desde el PT, y garantizaron seis más.
En realidad todo se mantuvo en familia (como en un libro de Mario Puzo) porque en la Comisión Coordinadora Nacional y en la Comisión del Ejecutivo Nacional también permanecen los hermanos Óscar y Alejandro González Yáñez.
Porque Anaya y su esposa crearon el negocio (o sea, el PT) en 1990 y, en 1995, le dieron acciones (o sea, integraron al partido) a los hermanos González Yáñez. Desde entonces, las dos familias han controlado 4 mil 634 millones de pesos quitados
al contribuyente para mantener a su partido.
¿Puede el TEPJF hacer algo para impedir que un par de familias sean propietarias de un partido? No. Más bien hace lo que puede: en julio advirtió al PT que quienes integran sus órganos de dirección hace 22 años no podrían volver a ratificarse.
Sin embargo… éstos se ratificaron.
Aunque es un mal de nuestro sistema de partidos: también son negocios familiares Morena (AMLO y sus hijos y unos contados amigos), el Verde (Jorge Emilio González lo heredó de su padre), Movimiento Ciudadano (Dante Delgado lo controla desde 1998, primero con el nombre de Convergencia).
Pero es legal, eh. Ninguno de esos partidos se encuentra fuera de la ley, aun siendo negocios familiares. El PT, por ejemplo, solucionó todo según lo que le exigió el TEPJF: resolvió que no tiene presidente, sino “un cuerpo colegiado”, en el que están el matrimonio Anaya y los hermanos González Yáñez.
Como sea, el PT es un negociazo: en 22 años ha recibido del Estado mexicano 4 mil 634 millones de pesos, correspondientes a prerrogativas. Sus años de vacas flacas fueron 1998, con 84 millones de pesos, y 1999, con 99 millones de pesos. ¡Ésas
han sido sus vacas flacas!
Sin embargo, ahora se negó a devolver 54 millones para los damnificados por los sismos de septiembre: eran sus ingresos del erario previstos para octubre, noviembre y diciembre. Anaya, su esposa y los hermanos González Yáñez mejor se quedaron con esa lana.
Han manejado 4 mil 634 millones y se negaron a devolver 54 millones para los damnificados por los terremotos.
¡Tremendo: un descaro!
Este artículo fue publicado en La Razón el 23 de octubre de 2017, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
