Bajo ningún ángulo la famosa reforma Electoral que derivó en el llamado Plan B se puede considerar una mejora institucional. En realidad, no es más que el rediseño del sistema para que la decisión sobre quién nos gobierne deje de depender exclusivamente de las urnas para comenzar a responder a la lógica del poder.
Y pocas cosas suelen ser tan peligrosas en política como los cambios que se presentan como técnicos o administrativos, pero que esconden una transformación de fondo. Eso es precisamente lo que ha ocurrido, estamos atestiguando un proceso que, aunque formalmente no desmonta el sistema electoral, lo vacía desde dentro.
El riesgo está en que el resultado sea un modelo donde el Instituto Nacional Electoral termine por convertirse en una instancia que valide decisiones tomadas previamente por el poder, en lugar de ser, como lo había sido, garante de las condiciones de la contienda electoral.
La captura del árbitro
En el primer frente de esta transformación, el Consejo General del INE, se observa una creciente cercanía con el oficialismo. La presidenta Guadalupe Tadei, ha sido señalada por su proximidad con figuras clave de Morena, particularmente con el entorno político de Sonora.
A esto se suma la integración de consejeros con vínculos conocidos con el oficialismo. De hecho, desde 2023, con la llegada de Jorge Montaño Ventura, exfiscal de delitos electorales en Tabasco y cercano a Adán Augusto López, y de Rita Bell López Vences, vinculada a Morena, se consolidó una mayoría que ha sido cuestionada por su falta de independencia.
La renovación de consejeros prevista para 2026 profundiza esta tendencia. Los perfiles que se han presentado son cercanos al entorno de la presidenta: Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México; Bernardo Valle Monroy, exconsejero en la Ciudad de México; Armando Ambriz Hernández, presidente del Tribunal Electoral de la CDMX; y Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador de Morena y exgobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima.
Más allá de los nombres, lo relevante es que un órgano que debería ser autónomo ya comienza a alinearse con el poder político en turno, y, si el árbitro pierde independencia, la competencia dejará de ser equitativa.
Debilitamiento
El segundo frente del “asalto” es el presupuesto. Recortes sistemáticos han ido reduciendo la capacidad operativa del INE: menos recursos implican menos supervisión, menos capacitación y menor capacidad de respuesta ante irregularidades.
Uno de los golpes más delicados ha sido la afectación a órganos locales que funcionaban como brazos operativos en los estados. Su debilitamiento, aparte de centralizar el poder, limita la capacidad de atender conflictos en territorio.
Por otro lado, el impacto a herramientas clave como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que durante años fue un instrumento fundamental para dar certeza la noche de la elección.
Hoy, ese mecanismo enfrenta dudas sobre su eficacia. La reducción de recursos y cambios en su operación abren la puerta a vacíos de información que pueden ser llenados por narrativas políticas o desinformación.
Control
Lo más preocupante, es que la lógica de fondo no contempla desaparecer al INE, sino controlarlo.
Administrarlo desde dentro es una forma de captura del organismo que mantiene las formas democráticas, pero las altera profundamente.
Las elecciones siguen existiendo, pero bajo reglas cada vez más influenciadas por el poder. Así, la democracia no desaparece de golpe. Se transforma gradualmente, a través de decisiones que, vistas por separado, parecen menores, pero que en conjunto tocan la esencia del sistema.
El Plan B es claro ejemplo de esa lógica: ajustes técnicos que en conjunto cambian el equilibrio electoral. El riesgo mayor no es que Morena gane elecciones, sino que las condiciones de competencia ya no sean justas.
En México, el asalto a la democracia no ha ido acompañado de grandes rupturas o decretos espectaculares. Ha sido metódico y progresivo. Pero, sus efectos pueden ser brutales.
Al final, conocemos lo que pasa cuando el gobierno influye en quien organiza, supervisa y valida las elecciones: la democracia pierde sentido cuando lo que debería ser espacio de competencia se convierte en un mecanismo de ratificación.
El verdadero peligro no es la desaparición de la democracia, sino su transformación.
X: @diaz_manuel
