El gobierno del presidente López Obrador ante cualquier problema que se le presenta lo achaca al pasado, al tiempo que gobernaban los conservadores. Nunca se hace responsable del presente que le toca gestionar.
Con ese mismo discurso con el que ahora se intenta justificar la incapacidad manifiesta del gobierno, ahora responsable de los problemas del país, para proteger a los periodistas y llegar a fondo en las investigaciones de sus asesinatos.
El gobierno ya tiene un mantra, que también repite el presidente, que afirma que los crímenes de los periodistas han sido perpetrados por el crimen organizado. El gobierno no es responsable de los mismos.
Estas declaraciones “buscan eximir de responsabilidades al Estado mexicano tanto en la prevención de la violencia y protección de la prensa, como en la labor de investigar e identificar a todas las personas responsables”, sostienen organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la protección de los periodistas y la libertad de expresión.
Días atrás Artículo 19; el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ); Reporteros Sin Frontera; PEN Internacional y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) denunciaron que las autoridades al vincular los asesinatos con el crimen organizado lo que pretenden, sin más, es evadir su responsabilidad.
De acuerdo a estas organizaciones de los 11 periodistas asesinados en lo que va del año, por lo menos en ocho casos se pueden probar que el móvil está relacionado con el ejercicio de su profesión.
En el caso de que se pueda mostrar que los crímenes están ligados a la delincuencia organizada, no se sigue, en automático, como ahora lo hacen las autoridades, que no puedan, de una u otra forma, estar involucradas funcionarios del gobierno.
Estas organizaciones señalan que en muchos casos investigaciones judiciales, periodísticas, y académicas muestran con evidencia contundente, la participación de funcionarios del gobierno en acciones del crimen organizado. Negar esta realidad invalida la objetividad de estas investigaciones. Al no ventilar esta realidad las autoridades violentan la justicia.
Señalan, ya lo habían hecho en otras ocasiones, que no está operando bien el protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión. Piden al presidente, una vez más, que desde sus comparecencias mañaneras deje de hostigar a los medios y los periodistas y evite la desinformación tan presente en ese espacio.
A pesar de las observaciones todo indica que el presidente y su gobierno no van a cambiar en lo que queda de su administración. Por lo pronto lo único que queda es denunciar a nivel nacional e internacional lo que este gobierno hace con las investigaciones de los periodistas asesinados y en contra de la libertad de expresión. Para que las cosas caminen hay que esperar la llegada de otro gobierno.
