Nueve años han transcurrido del acontecer trágico en Ayotzinapa. López Obrador trazó su ruta al poder de la mano del dolor y con la promesa de verdad y justicia. Y ahora, tras 5 años de investigaciones a su cargo, ha pasado poco y nada.
El gobierno creó una Comisión de la Verdad dirigida por Alejandro Encinas, la FGR arrancó una Unidad Especial de Investigación y se giraron instrucciones para que las dependencias gubernamentales brindaran toda la información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Así, la narrativa cambió, los estudiantes dejaron de ser criminalizados, el crimen organizado dejó de ser el centro de la responsabilidad y se asumió la complicidad patente del ejército, policías, y autoridades de los tres niveles. Teóricamente, la verdad histórica se derrumbó.
Las nuevas investigaciones condujeron a la expedición de 83 órdenes de aprehensión, pero varias fueron canceladas sin justificación; personajes clave entre militares, jueces, y el ex procurador de Guerrero, quedaron libres. Así comenzó el desencadenamiento fatídico del derrumbe del caso.
Le siguió la renuncia del fiscal que encabezó la Unidad Especial de Investigación; la Comisión Especial se paralizó tras el descarte de pruebas de poca fehaciencia y el descubrimiento del espionaje militar que Encinas sufrió mientras llevaba a cabo su investigación.
Previo a la entrega del último informe del GIEI, López Obrador lo desacreditó, y el GIEI denunció obstrucción y manipulación de pruebas por parte del Ejército, eso provocó su salida de país. Estos fueron los hechos.
La realidad colocó en una encrucijada a López Obrador; el Ejército que empoderó, el pueblo bueno y uniformado, resultó cómplice del crimen de Estado que marcó nuestra época. Aceptar su culpabilidad implica manchar su apuesta sexenal y el halo de virtuosidad que les imputa.
Personajes que estuvieron implicados en los hechos, continúan vigentes y activos en diferentes áreas. Ahí están los casos del Secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, quien fue comandante de región naval en Guerrero durante la desaparición; o el policía capitalino estrella, y de Omar García Harfuch, señalado por el propio gobierno de ser coautor de la ‘mentira histórica’, su participación en los hechos probablemente sea ‘sancionada’ con la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Como en tantas otras esferas, el poder pervirtió las causas que abanderaba morena. Para el obradorismo, la máxima dictada es defender a la milicia a costa de la justicia.
¿No se sentirán abiertamente traicionados todos aquellos que gritaron la consigna ‘fue el Estado’?, ¿no les remorderá la conciencia saber que distorsionan la verdad, para tener continuidad?. Lo suyo fue mera hipocresía.
Hoy el país esta en manos del ejército; ellos cuentan con poder, dinero, armas y carta abierta para hacer lo que quieran desde la opacidad y con la garantía del cobijo que les da el gobierno. La gente desaparece y miles mueren día a día. Por complacencia preferimos pensar que el responsable es el crimen organizado, pero bien sabemos que policías y militares también están involucrados.
Nuestra herida sigue viva y vigente, y así se mantendrá mientras gobiernen los que prometieron justicia y no cumplieron.
