El caso Ayotzinapa llegó para quedarse. El nombramiento del fiscal, Omar Gómez Trejo, por su perfil, indica que se hará todo lo posible por desmontar la verdad histórica. El ahora titular de la fiscalía, fungió como secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Es una concesión a quienes han venido criticando el trabajo de la PGR y ahora de la FGN.
Esto tiene sus problemas y uno de ellos es que las únicas líneas sólidas son las que provienen de las primeras indagatorias, las que realizó la Fiscalía de Guerrero y las que posteriormente robusteció el Ministerio Público Federal.
Más allá de matices, la historia es terrible: Los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron detenidos, el 26 y 27 de septiembre de 2014, por la policía municipal de Iguala y entregados a los sicarios de los Guerreros Unidos. Un crimen de estado, sin duda, porque la instrucción provino de quien alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
La PGR señaló que a los jóvenes los asesinaron y sus cuerpos terminaron cremados en el basurero de Cocula. Los restos que se encontraron a orillas de un río se enviaron a la Universidad de Innsbruck, en Austria y ahí se concluyó que algunos fragmentos pertenecían a uno de los normalistas.
Vendrá un estira y afloja entre quienes tienen dudas genuinas y los que de plano suscriben tesis políticas y requieren que los responsables de los hechos sean militares.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
Nada indica que por ahí vaya el asunto, pero ya sabemos funcionan las cosas cuando lo que imperan son los prejuicios y el autoengaño.
Esta situación recuerda a otro caso polémico, el de la activista Digna Ochoa, a quien encontraron muerta en su departamento en octubre de 2001. Pronto, la hipótesis que empezó a circular era la de la participación de elementos castrenses tras el crimen.
Había elementos para pensarlo, porque Digna Ochoa participaba en la defensa de los derechos humanos y había señalado que la amenazaban.
En la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal hicieron un trabajo profesional y exhaustivo. La conclusión que resultó, por verdadera, adquirió los tintes del escándalo: Digna Ochoa se suicidó.
Como el trabajo profesional no siempre gusta y hay narrativas que se incrustan en el ánimo público, se procedió a nombrar a una fiscal, que de manera independiente hizo su propia indagatoria y con el tiempo llegó a la única conclusión posible: la misma, la activista se quitó la vida por decisión propia.
Ahí quedó la historia, porque ya resultaba ridículo el insistir contra las pruebas. Se perdió tiempo y recursos, pero se ganó en el fortalecimiento de la percepción de un gobierno represor, que era lo que en el fondo se buscaba. Era como el mito de Sísifo.
Ahora los afanes no son muy distintos, y es probable que el fiscal, luego de indagar las líneas más inusitadas, concluya lo que ya sabemos desde hace tiempo.
La clave, en todo caso, radicará en preservar la institucionalidad y la independencia del Ministerio público para buscar la verdad, la que sea, aunque al final suene a refrito.
La dramático, en cambio, es que sigamos sin ver enjundia para condenar públicamente a los asesinos, a los integrantes de grupos del crimen organizado y a los políticos corruptos que se asociaron con ellos para hacer de la noche de Iguala una de las peores pesadillas de nuestra historia reciente.
