La forma bronca de gobernar no es ajena a los veracruzanos, pero pocas veces el poder había estado en manos un personaje tan pusilánime y peligroso como Cuitláhuac García.
Las cosas llegaron al extremo, este miércoles, con la detención de José Manuel Del Río Virgen, el secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado.
La acusación es tan grave como grotesca: homicidio, en calidad de actor intelectual.
A dos días de las elecciones de junio, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, René Tovar, fue ejecutado. Le propinaron ocho balazos.
Las indagatorias condujeron a quien lo relevó en la candidatura, Omar Ramírez, detenido cuando era alcalde electo. Esos son los trazos visibles de un conflicto en el que se mezclan las ambiciones por el poder y sus recursos.
La Fiscalía sostiene que cuenta con elementos para acreditar la participación de Del Río en los hechos y, por lo pronto, se le decretó la presión preventiva por el lapso de un año, en tanto concluyen las averiguaciones.
Del Río Virgen es un político experimentado y de buenas maneras, que ha hecho carrera bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, pero que en la actualidad es uno de los servidores públicos más cercanos al líder de los senadores, Ricardo Monreal.
Pero también cuenta con el afecto del senador Dante Delgado, quien inclusive está llamado a la desaparición de poderes en el estado, ante los despropósitos que está cometiendo, desde su óptica, el mandatario veracruzano.
Las acusaciones contra Del Río no se pueden sustraer de los enfrentamientos del propio Monreal con el gobernador y en particular por el diferendo ante la detención de seis jóvenes por el delito de ultrajes a la autoridad. El senador denunció, desde ese momento, la forma represiva con la que se conduce el gobernante y su brazo operativo, la Fiscalía del Estado.
Los muchachos tuvieron que ser liberados y en el gobierno del estado consideraron aquello una afrenta.
Las suspicacias sobre como se conduce la política y la justicia desde Jalapa, provienen de un hecho incontrovertible, los políticos opositores que se encuentran en prisión o sobre quienes penden amenazas de estarlo. El panista Tito Delfín acusado de abuso de autoridad y fraude; Azucena Rodríguez, ex diputada del PRD a quien achacan el asesinato de Nicanor Martínez, quien aspiraba, por Morena, a gobernar en Tihuatlán; Gregorio Gómez, también perredista y quien enfrenta cargos por posesión de auto robado, narcomenudeo y ultrajes a la autoridad; el priista y diputado electo Gustavo Díaz, acusado por portación de arma; Rogelio Franco, candidato del PAN a una diputación en Tuxpan y fue detenido por ultrajes a la autoridad.
Una bamba violenta la que toca el gobernador García, quien está transitado por caminos más que riesgosos para la democracia misma.
