Es inaceptable que se admita la existencia de corrupción de baja estofa y corrupción con estilo. O bandidos con paliacate hasta los ojos y bandidos de cuello blanco. La corrupción es un delito cometido en el ejercicio de un cargo público, y los bandoleros son siempre personas que engañan o estafan.
Es el caso de la trama del PT para distraer en gastos particulares más de cien millones de pesos, de los muchísimos millones que le entrega el Estado mexicano a su organización social Tierra y Libertad, para que gestione 73 Centros de Desarrollo Infantil en todo el país.
En Atlatlahucan, Morelos, el PT registró el proyecto de un Cendi en un terreno que a la fecha sigue baldío, para educar a niños de guardería, una “labor” por la cual le sacó 30 millones de pesos a la SEP.
Un caso parecido fue conocido durante la pasada campaña por la gubernatura del Edomex: la candidata de Morena, Delfina Gómez, registró una empresa fantasma en una casa desvencijada, sin identificación alguna, en una calle perdida de Texcoco.
A esa dirección la entonces alcaldesa de Texcoco pagó cinco millones 428 mil 800 pesos, sin contrato ni licitación, por sobrevuelos para actualizar el catastro. Pero en el cabildo no hubo jamás informes ni acuerdo sobre esa actividad: se pagó del dinero de los texcocanos sin recibir nada a cambio.
Estamos escribiendo de dos casos de presunta corrupción, en los cuales fueron utilizados, en el caso del PT, un potrero, y en el de Morena, con Delfina Gómez, una casa destartalada. ¿Son menores en relación con, por ejemplo, el presunto caso de robo de Javier Duarte?
Porque, según una de las acusaciones, el exgobernador priista de Veracruz hizo triangulaciones monetarias con dinero del presupuesto que habrían llegado hasta Suiza, donde su presunto testaferro Moisés Mansur Cisneyros podría haber abierto cuentas de empresas fantasma y comprado propiedades.
¿Por ser más “sofisticado” (Suiza, ¡Europa!, y todo eso) sería Duarte más corrupto que quienes habrían utilizado para robar un terreno baldío de Atlatlahucan y una casa derruida en Texcoco? No: todos se relacionan con mal uso del poder público para conseguir ventajas monetarias ilegítimas.
Son robos por igual. En 22 años como dueño del PT, Alberto Anaya manejó a criterio personal cuatro mil 634 millones de pesos quitados al contribuyente mexicano para mantener a su partido. Pero se acaba de negar a devolver 54 millones para los damnificados por los sismos de septiembre pasado.
Y Delfina Gómez reconoció que, como alcaldesa, descontó el 30 por ciento del salario a empleados para usarlos en campañas políticas. Es cierto, el PT y Delfina no triangulan dinero a través de Suiza.
¡Ni falta que les hace!
Este artículo fue publicado en La Razón el 8 de noviembre de 2017, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
