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Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto[1] para el “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, el error es oficial.
La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), una base de datos biométricos de todos los usuarios de telefonía móvil en el país, con la supuesta finalidad de prevenir la comisión de delitos como extorsión, secuestro, robo de identidad, entre otros, es en realidad una terrible falta a la privacidad de los usuarios, y un catastrófico golpe a su seguridad personal y sus derechos humanos.
Con presupuesto que no tiene, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá invertir de inicio $200 millones de pesos para poder implementar, de la mano de todos los operadores de servicios de telecomunicaciones, un mecanismo de control social, que deberá estar en función en dos años como máximo.
Operacionalmente les será complicado la puesta en marcha de este padrón, que a su vez abre puertas a que cualquier ciudadano, sea culpable de facto de cualquier ilícito que suceda vía su teléfono celular.
La consecuencias son obvias: se fomentará el robo callejero de celulares que tan solo en la ciudad de México ronda los 2000 al día, y con un porcentaje bajísimo de denuncias, simplemente porque esto es un tema cotidiano e ir a levantar un acta es una pérdida de tiempo y molestias para la persona robada.
A lo anterior, se suma la impunidad con la que el gobierno ha venido ajustado las leyes a favor de sus intereses políticos autoritarios, para la construcción de una sociedad controlada, ahora geolocalizada y reconocida biométricamente, para que todas las instituciones de gobierno puedan vigilar todas y cada una de sus acciones.
Lo único que nos quedará es buscar a un abogado, fuera de serie que, como Saul, se las sepa todas y que sea de toda confianza, para realizar un amparo contra esta reforma y disposiciones que implemente el IFT dentro de los próximos 18 meses, etiquetarlas como acciones inconstitucionales, no entregar nuestros datos a ningún operador de servicios móviles, y dar invalidez a estas nuevas normas.
En México hay 126 millones de líneas celulares. De unirnos podemos frenar esta nueva reforma, anularla y no permitir que nuestros datos acaben en el mercado negro, se violen nuestros derechos fundamentales, y que acabemos siendo culpables de delitos que no cometemos.
Querido lector:
Ante tanto descaro, te recomiendo el amparo. Nos vemos el 6 de junio.
[1] DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16%2F04%2F2021&s=09
