Lo que ocurrió en Cancún, donde policías dispararon contra manifestantes, es una muestra del ambiente de crispación que impera en el país y que puede tener consecuencias bastante funestas.
Una manifestación de condena por el feminicidio de Alejandrina Lorenzana, una joven de 20 años, pudo culminar en una tragedia aún mayor, cuando elementos de la Policía Municipal decidieron disparar en decenas de ocasiones a una multitud que intentaba incendiar las oficinas donde despacha la alcaldesa Mara Lezama.
El saldo fue de varios heridos, entre ellos el reportero del diario La Verdad que en ese momento realizaba una cobertura en vivo y una periodista de Radio Turquesa.
Para nada es extraño que estos hechos tengan contra las cuerdas a diversos funcionarios y que el inspector Eduardo Santamaría, jefe de los policías del municipio de Benito Juárez haya sido separado del cargo.
El gobernador Carlos Joaquín anunció la salida de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, en tanto se indagan los hechos.
Al menos desde 1971, cuando un grupo paramilitar (Los halcones) atacó estudiantes en la capital del país, no hay registro de una acción policial, de ese tipo, contra manifestantes en una ciudad y mucho menos en el centro turístico más importante del país.
Recordemos que quienes manifestaban su inconformidad, lo hacían por los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres. Esto es, era una protesta legítima, aunque transitara a una sucesión de destrozos.
Es evidente que luego de las responsabilidades penales respectivas de los policías que accionaron sus armas, se tendrá que proceder a un claro deslinde de las culpas políticas que pueden desprenderse de este suceso.
En primer lugar, por supuesto, de la propia alcaldesa, incapaz de controlar a los policías y en una situación de crisis, más allá de los lamentos que ahora se pregonan contra el mando único.
Ella debió estar al pendiente de lo que ocurría y sus funcionarios tuvieron que realizar un análisis de riesgos para prever eventualidades y situaciones que pudieran salirse de control. De eso se ocupa la inteligencia policial.
Frente a esto, es evidente que el gobierno del estado tiene que profundizar las políticas para atender el fenómeno de ataques contra las mujeres e insistir en la capacitación de las fuerzas policiales.
Lo que se rompió en Cancún es la confianza misma a la autoridad y de ahora en adelante la recuperación del espacio público, inclusive para la protesta, se complicará.
