¿Qué están haciendo los grupúsculos estridentes con nuestras instituciones? Erosionándolas y hasta determinando sus decisiones. Por ejemplo, al cumplirse ayer un año del caso Narvarte, algunos exigieron la renuncia del Procurador del CDMX por “el nulo avance” en la investigación del crimen.
¿Nulo avance? ¿Sí? ¿De verdad tienen idea de qué hablan? Por supuesto que no, aunque tampoco parecen buscar algo más que no sea subir cada vez unos decibeles a su estridencia y aparecer en las redes, que los convierten en héroes virtuales en sus tertulias de izquierda de café con leche.
Porque el caso Narvarte está cerrado y lo único que lo mantiene abierto son los mecanismos propios del Estado de Derecho, que permiten a los detenidos extender por años los medios de defensa que la ley les confiere, con todos sus derechos debidamente salvaguardados.
El detenido Daniel Pacheco Gutiérrez dijo en su declaración ministerial que fue al departamento de la calle Luz Saviñón 1909 para tener relaciones sexuales pagando mil 800 pesos, previa cita con una de las personas asesinadas, la colombiana conocida como “Nicole”.
Sin embargo, luego dijo que su confesión se produjo a golpes, por lo que desde agosto pasado un perito adscrito a la PGR revisa los actos de tortura manifestados por Pacheco Gutiérrez, bajo el Protocolo de Estambul, guía mundial que determina si una persona ha sido torturada o no.
Abraham Torres Tranquilino confesó ante el MP ser dueño de la pistola con la cual Pacheco Gutiérrez mató al fotógrafo Rubén Espinosa y a las cuatro mujeres. Pero después se retractó y, al igual que Pacheco Gutiérrez, alegó tortura, lo cual es investigado y se trata de un proceso largo.
Omar Martínez Zendejas aparece en un video captado por cámaras de seguridad como el último en salir del edificio de la colonia Narvarte, pero antes pisó el cuerpo de Rubén Espinosa y le dejó marcada la huella de su zapato. También dejó rastros de sangre en la entrada de una habitación.
Pero Martínez Zendejas es procesado por peritos en materia de Identificación Fisonómica y en materia de criminalística de campo, antes de que la juez de la causa emita veredicto, apegada al respeto al debido proceso y que los derechos de los procesados y víctimas indirectas sean salvaguardados.
¿Nulo avance? En un año, la PGJCDMX recabó la declaración de 70 testigos, familiares, amigos, personas que pudieron ser cercanas al hecho, más de 90 peritajes en patología, genética, toxicología, identificación dactilar, criminalística, fotografía, geolocalización de llamadas telefónicas y videos.
Todo esto, siguiendo el debido proceso que exige un verdadero Estado de Derecho. Sólo que los grupúsculos quieren un Estado de Derecho a su medida y a su tiempo.
De contentillo, pues.
Este artículo fue publicado en La Razón el 01 de agosto de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
