Las aristas estrictamente policiacas y científicas del caso Iguala están resueltas:
—Con las detenciones y confesiones (ante sus abogados) de 120 autores intelectuales y materiales del asesinato de 43 normalistas, por orden de un alcalde del PRD a sus policías municipales, de quemar los cuerpos y lanzar a un río los restos calcinados.
—Con las conclusiones del Grupo Colegiado de Expertos sobre Fuego (integrado por los mejores especialistas del mundo) de que en el basurero de Cocula fueron incineradas al menos 17 personas adultas, y hubo un incendio controlado de grandes dimensiones.
Lo que nunca se resolverá es la arista política, porque el gobierno propició que el caso se convirtiera en un tema político al aceptar:
—Que un político mexicano, Emilio Álvarez Icaza, con aspiraciones a cargos de elección popular en el país (como una candidatura independiente a la Presidencia en 2018), participara en el caso Iguala, en su condición de secretario ejecutivo de la CIDH.
—Que Álvarez Icaza enviara a la investigación a políticos profesionales y no especialistas imparciales, que se dedicaron a hacer política en nuestro país, al desmentir constantemente la versión oficial de asesinato y quema de cuerpos, sin facilitar en cambio algún estudio alternativo.
Es por eso que los expertos se molestaron con la PGR, luego de que ésta divulgara el informe definitivo del Grupo Colegiado de Expertos sobre Fuego, pues supuestamente habían establecido un acuerdo para decidir cómo hacerlo público y para guardar confidencialidad sobre el trabajo.
¿Cómo que un “acuerdo”? ¿Cómo que “guardar confidencialidad”? Éstos son términos y rejuegos propios de políticos, no de científicos. La desaparición de los 43 normalistas es un desastre sin precedente en materia de derechos humanos en la historia reciente del país.
Es una irresponsabilidad y un irrespeto a las víctimas y familiares, así como a la sociedad mexicana, sujetar a un “acuerdo” toda la información referente a 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. Según el grupo de la CIDH, este “acuerdo” indicaba:
—Establecer de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevar a cabo los estudios de fuego.
—Tomar de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos.
—Consensuar el modo en que se realizaría el estudio.
No es ético “acordar” y “consensuar” pruebas científicas irrebatibles. Además de que en el estudio participó un aliado de la CIDH, el peruano José Torero, quien lo avaló. De ahí que los expertos de la CIDH ya están de más en México.
Esto no puede seguir siendo un asunto de dogma, de creer o no. Porque los normalistas fueron capturados por policías municipales, entregados a sicarios, asesinados y quemados.
Lo confesaron los criminales.
Y lo prueba la ciencia.
Este artículo fue publicado en La Razón el 05 de Abril de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
