¿Está mal que la CIDH haya cobrado tres millones de dólares del contribuyente mexicano por investigar el caso Iguala? No. Los integrantes de sus grupos de trabajo deben recibir un sueldo, que en este caso es el equivalente a 136 mil pesos al mes, libres de hotel, comida y transporte.
Lo que no está bien es que después de dos años de labores la CIDH no haya contribuido en nada al fin último de su labor: abonar a que se haga justicia por la desaparición de los 43 manifestantes de la Normal de Ayotzinapa. El dinero es lo de menos. Lo importante es lo que pueda aportar a la pesquisa.
Porque a lo que se ha dedicado básicamente la CIDH, a lo largo del caso Iguala, es a confundir, en primer lugar, a los familiares de las víctimas y, después, al resto de la ciudadanía, por su exclusiva dedicación a tirar las hipótesis oficiales.
Por ejemplo, la semana pasada reinició sus investigaciones anunciando que los cuerpos de los 43 jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como asegura la versión del gobierno, basada en la confesión de 131 autores intelectuales y materiales capturados.
Así ocurrió con todas las conclusiones difundidas por la CIDH, encasilladas en cuestionar, poner en duda, descartar, acusar, lo cual provoca otra pregunta: ¿Cobrará un millón de dólares por cada visita sólo para cuestionar, poner en duda, descartar, acusar o a aportar a la investigación?
Olvida la CIDH que la justicia no se construye solamente cuestionando, poniendo en duda, descartando, acusando. Y, al olvidarlo, pierde la conciencia de que su trabajo se encuentra estancado hace dos años y que en breve se le rayará el disco.
Queda, pues, la CIDH obligada a dar resultados lo más pronto posible, por lo que eso de que “no hubo fuego en Cocula” y “es necesario seguir todas las líneas factibles de investigación actualmente en desarrollo” caerá en desuso si no hay un aporte tangible.
Será éste el apuro mayor del Mecanismo de Seguimiento para el caso Iguala de la CIDH, instalado en México desde la semana pasada, aunque no habría que esperar tanto al conocer que sólo llega a “dar seguimiento y monitoreo de las investigaciones que se han realizado hasta el momento”.
Entonces seguiremos igual, pues la CIDH aclara que su tarea no es investigar, sino asesorar a la PGR en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos… a la PGR que desde 2015 concluyó que “los normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan”.
Es decir que el gobierno continuará pagando a la CIDH con dinero de nuestros impuestos y la CIDH seguirá cobrando.
Hipocresía a pulso.
