Un día negro para el Estado Democrático de Derecho, este 1º de octubre de 2020. En un solo round, recibió tres fuertes golpes a manos de un presidencialismo exacerbado, que avanzó en su plan de militarización y su estrategia electoral porque tiene en su puño a una mayoría aplaudidora en el Congreso y a una Suprema Corte de Justicia de la Nación alineada, cuyos ministros abdicaron mayoritariamente de la defensa de la Constitución, en forma pusilánime. Pero la combinación de golpes quizá pueda ser neutralizada aprovechando un flanco descubierto del 1-2-3.
Recto de derecha. La militarización del país avanzó con la aprobación de una reforma legal, iniciada con la venia del Presidente de la República, en virtud de la cual la administración de los puertos se transfirió a la Marina Armada, en un paso más de la creciente intervención de los militares en la vida pública de México. Además de sus funciones inherentes, los militares ya se encargan de la seguridad pública con el membrete de la Guardia Nacional, de la persecución innoble de los migrantes centroamericanos y mexicanos, pero también de la construcción y la administración de los puertos y aeropuertos, las aduanas, del sistema civil de navegación aérea y hasta de la construcción y vigilancia de las sucursales del Banco de Bienestar.
Gancho al hígado. En la Cámara de Diputados también avanzó en la incautación de los recursos disponibles en 109 fideicomisos públicos por un monto de 68 mil millones de pesos, los que serán utilizados unilateral y discrecionalmente por el Presidente, luego de su expropiación a las comunidades afectadas por desastres naturales, a los creadores del arte y la cultura, a los investigadores científicos, a los estudiantes de posgrado. Aunque el mandoble se aflojó cuando la oposición rompió el quorum, cuando esté consumado reforzará tanto a los megaproyectos faraónicos como al gravoso ejército electoral de los Servidores de la Nación.
Uppercut a la mandíbula. Contra lo que ordena expresamente la Constitución en sus artículos 1º, 14, 16, 20, así como el que regula las consultas populares, que es el 35, fracción VIII, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó la consulta electorera ideada por López Obrador. El Ejecutivo pretende con ella desviar la atención acerca de la manifiesta ineptitud de su gobierno y los actos de corrupción de los integrantes de su círculo cercano, para beneficiar así a su partido en las elecciones de 2021.
Obsequiosamente alineados al dictado presidencial, los ministros de la mayoría abdicaron de su función de protectores de la Constitución y de tribunal jurisdiccional cuyas sentencias deben basarse en el Derecho. Inventaron endebles argumentos legaloides para decir que la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes no contradice el sistema jurídico vigente de impartición de justicia ni viola los derechos humanos de las víctimas y los imputados, al tiempo que evadieron pronunciarse sobre la inutilidad de la misma, pues la obligación que tiene la autoridad de perseguir los delitos no requiere someterse a consulta alguna.
Algunos de los aludidos dicen que es un ánimo vengativo el que anima a López Obrador en la promoción de este ejercicio. Pero lo que en realidad motiva su determinación es la conveniencia política del movimiento que éste encabeza, pues alienta el sentimiento de venganza de gran parte de la población, harta de la corrupción de los sexenios anteriores, para aprovecharse electoralmente de ella y así retomar el control de la agenda del debate público que había perdido. En realidad, este es el tema con el que querrá polarizar las campañas electorales, capitalizando el hartazgo popular y desviando la atención de las corruptelas, la ineptitud, la falta de eficiencia y el desastre que ha originado su propia administración. Es a esta maniobra de López Obrador, más que a su ánimo vengativo, a la que se prestó la SCJN a costa de su dignidad, incurriendo en un servilismo indigno que pasará a la historia del Derecho mexicano y comparado.
Pero por disimular su sometimiento, los ministros quitaron de la pregunta la mención expresa de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lo que originó un flaco descubierto. Si los ministros sustituyeron en el texto a los expresidentes por “los actores políticos” en abstracto, y sus respectivos sexenios fueron sustituidos por “los años anteriores”, quizá una forma de neutralizar la maniobra polarizadora sea llamar a votar por el sí en la consulta popular autorizada, exigiendo castigo también para López Obrador por las erradas decisiones durante los dos primeros años de su gobierno, incluida la criminal indolencia mostrada ante la pandemia.
El Estado Democrático de Derecho solo podrá recuperarse alentado por una sociedad que ejerza su libertad en forma crítica y participativa, por fuerzas opositoras que se mantengan fieles a las causas democráticas que a cada una identifican y por la generación de liderazgos que no se arredren ante la deriva autoritaria.
