Cuánta razón tenía Carlos Monsiváis cuando dijo: “o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que yo estaba entendiendo” frase completamente aplicable a las telecomunicaciones en México.
Algunas de las características que las hacen fascinantes es su dinamismo tecnológico, de mercado, de adopción, pero también legales y regulatorias.
Seguramente durante años has escuchado o leído acerca de la necesidad de lograr la cabal Competencia Efectiva en el sector de las telecom en México.
No es extraño el por qué.
Tan solo al primer trimestre del 2019, el 71.4% de los ingresos del mercado de móvil están concentrados en un solo operador: América Móvil, parte del agente económico preponderante (AEP-T). En ningún otro país del mundo que se ostente en competencia pasa el mismo fenómeno.
El grado de concentración de este servicio en México es altísimo. ¿Y quién paga los platos rotos? Nosotros, los consumidores, a quienes ese preponderante nos tiene aprisionados.
Y que pasa con sus competidores?
Al decir Competencia Efectiva, toma relevancia el segundo término, que refiere que aún no han sido aplicadas a cabalidad las medidas establecidas en la regulación asimétrica que fue determinada para el AEP-T el 2014 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Tampoco el IFT ha dado seguimiento a cabalidad a esta aplicabilidad, por lo que no solo no se ha solucionado la concentración de mercado, sino que incluso en los últimos tres trimestres se ha profundizado, generando un fenómeno de reconcentración. De continuar así, de acuerdo con The CIU, en un plazo de 18 años esta tendencia nos regresará a un escenario de reconcentración absoluta, es decir un monopolio absoluto. Ese sí, efectivo.
¿De dónde resultan estos efectos dañinos para el mercado y para el consumidor? Por ejemplo, de que ese operador preponderante no comparte como establece el mandato su infraestructura de forma cabal, por lo que merma de manera directa la competencia entre operadores móviles, genera el efecto contrario al incrementar el costo por instalación de redes y hace que los precios aumenten para el consumidor, retrasando la entrada de nuevas tecnologías para servicios móviles como son el protocolo 5G y por ende el Internet de las cosas (IoT)
Fuente: IDET
¿Qué debe ocuparme como consumidor?
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) integra en su estudio sobre telecomunicaciones del 2017[1] las medidas que se incluyen en la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones emitida por el IFT y por la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la PROFECO.
Aquí enlisto algunos de los derechos de los usuarios que se incluyen en dicho documento:
- Elegir libremente proveedores de servicios que se quieren adquirir, equipos y dispositivos que utilizarán, planes y métodos de pago sin ser obligados a adquirir productos y servicios adicionales.
- Portabilidad efectiva en 24 horas.
- Tener dispositivos móviles desbloqueados al vencimiento de sus contratos o al haber liquidado el precio total del equipo.
- Al contratar un servicio, estar suficientemente informado de las condiciones comerciales determinadas en los contratos del modelo de adhesión registrados ante la PROFECO y el IFT.
- Tener protegidos sus datos personales y su privacidad, lo que incluye no recibir llamadas o mensajes comerciales que no hayan sido autorizadas previamente.
- Que el servicio sea suspendido inmediatamente de su aviso al operador, en caso de robo o extravío.
Y aunque la OCDE había confirmado en un estudio realizado en el 2012, que los márgenes de América Móvil son de casi el doble del promedio de los países miembros de la organización, hoy seguimos teniendo un operador preponderante que tiene cautivo más del 71% de los ingresos de servicios móviles, comparte el mínimo de infraestructura pasiva con su competencia y aun así, decide simplemente no invertir en México porque según ellos, no encuentran condiciones para seguir creciendo, pero eso si, a cada ocasión que se le presenta, se quejan de que sus recursos son constantemente mermados, cuando en realidad, por años sus ganancias han sido desembolsadas injustificadamente de los consumidores mexicanos.
[1] Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/9789264280656-es
