En su soliloquio del 19 de mayo, el inquilino de Palacio Nacional denunció que los gobiernos anteriores condonaron 366 mil millones de pesos en impuestos a grandes empresas, y afirmó que esa es una práctica del pasado. Pero resulta que, a partir de abril de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador condonó miles de millones de pesos a las grandes empresas que tienen concesiones de radio y televisión. Para no variar, el presidente incurre con ello en una violación constitucional, pues el artículo 28 de la Carta Magna prohíbe la condonación de impuestos, infracción que intenta disimular con la demagogia que emplea cotidianamente con premeditación, alevosía y ventaja.
En la ocasión mencionada, el inquilino de Palacio Nacional mostró una tabla con la lista de los beneficiarios de las condonaciones de antaño. La encabeza el Grupo Televisa. que, según esto, obtuvo condonaciones por 20 mil millones de pesos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. También aparece en los primeros lugares el Grupo Salinas, del dueño de TV Azteca, con 7 mil 775 millones perdonados por el fisco. Lo que no dijo López Obrador es que estos dos consorcios, junto con los demás concesionarios de radio y televisión, fueron beneficiados con una enorme condonación que les otorgó el actual gobierno.
La legislación fiscal mexicana dispone que las empresas privadas que tienen concesiones de radio y televisión deben pagar un impuesto con tasa del 25 por ciento, que se calcula sobre el monto total de los pagos en efectivo o en especie que reciban dichas empresas (no se debe confundir este impuesto con el llamado tiempo del Estado, que obliga a estas empresas a cederle a la autoridad 30 minutos diarios por el hecho de explotar comercialmente una concesión del espacio radioeléctrico del país).
En 1969, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (el asesino de Tlatelolco) publicó un decreto presidencial por el que otorgó “facilidades” a las empresas para que este impuesto lo pagaran en especie. La tasa del 25 por ciento de los ingresos totales se tradujo al 12.5 por ciento del tiempo diario de trasmisión de cada estación de radio y canal de televisión. El porcentaje fijado era equivalente a 135 minutos de la transmisión diaria y, a partir de entonces, las empresas liquidaron dicho impuesto programando en deshoras aburridos documentales pero, sobre todo, manipulando la información al gusto del gobierno y ensalzando al presidente en turno en todos sus programas, noticieros y cadenas nacionales.
Cuartoscuro
En el año 2002, el entonces presidente panista Vicente Fox siguió el camino de Díaz Ordaz en sus acuerdos con las grandes empresas de comunicación y, mediante otro decreto, rebajó la obligación fiscal de 135 minutos de la transmisión diaria a sólo 35 minutos por cada estación de radio y 18 minutos por cada canal de televisión. El patrimonio público sufrió una merma sustancial, pero el gobierno foxista logró un trato privilegiado de los medios masivos de comunicación.
López Obrador, quien se cree un personaje histórico a la altura de Hidalgo, Juárez y Madero, siguió en esta materia los pasos de Díaz Ordaz y Fox. El 22 de abril de 2020 publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto, el cual se basa fielmente en el formato de los emitidos por estos expresidentes. El decreto del presidente disminuyó el tiempo fiscal para la radio a sólo 19 minutos diarios y para la televisión lo redujo a 11 minutos. Quien a cada rato presume aquello de que “no somos iguales”, condonó 16 minutos diarios a cada estación de radio y 7 a cada canal de televisión. Esta gigantesca condonación fiscal acumuló, apenas a dos años del decreto, 252 mil horas de transmisión de las estaciones de radio y 44 mil horas de los canales de televisión (cifras que se obtienen al multiplicar los respectivos minutos diariamente condonados por el número de emisoras y por la cantidad de días transcurridos).
Las empresas concesionarias quedaron en libertad de comercializar los tiempos fiscales condonados por López Obrador, lo que constituye una privatización de bienes públicos (que en el caso son tiempos de transmisión), y ha redituado en un negocio a costa del erario valuado en miles de millones de pesos para el beneficio de los concesionarios, principalmente Televisa y TV Azteca, el duopolio televisivo.
Cincelada: los servidores de la nación coaccionan el voto en Aguascalientes y otras entidades con elecciones en junio, como lo han hecho en anteriores comicios y consultas.
Twitter: @rafaelhdeze
