Mucho más que cualquier otro órgano de poder como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos autónomos o buena parte de la burocracia administrativa en los tres niveles de gobierno, el Congreso de la Unión debió haber decretado un receso en sus periodos de sesiones.
La razón: los legisladores y una parte de su staff se mueven semanalmente desde sus comunidades a lo largo del país y la Ciudad de México y de regreso. Sesionan en un espacio cerrado, sentados cada quien a corta distancia de otros. Conviven con su equipo, trabajadores del congreso, personal de base y gente en sus comunidades. Esta interacción cotidiana, en sí, ayuda a propagar el virus a lo largo del país: una persona enferma o expuesta basta como multiplicador.
Aunado a esto, hay otro problema grave: si un órgano legislativo debe sesionar de manera pública y fomentar el debate entre la ciudadanía al presentarse en su interior las diversas posiciones, la atención a la pandemia facilita el ocultamiento y, con ello, la posibilidad de “albazos”. Dejemos a un lado la discusión de la reforma para reglamentar la reelección inmediata de legisladores: ¿alguien sabe qué otros temas están ya en agenda? ¿Están en los dictámenes en las páginas de los diarios de debates de cada cámara? ¿No? Justo ese es el problema.
Foto: Canal del Congreso
También tenemos una oposición fundamentalmente reactiva, ansiosa por distorsionar cada decisión del Congreso en su propio beneficio. Ejemplo de ello es el tema de la reelección: inventaron que era una reforma para permitirla, cuando ya fue aprobada desde 2014, otros dijeron que se ampliaban el número de posibles reelecciones cuando también está establecida desde ese entonces. Y muchas otras falacias más. El enrarecimiento premeditado abona a una mayor radicalización entre la ciudadanía.
Hay quienes, como el senador Damián Zepeda, abogan porque el Congreso sesiones de manera remota. Incluso citan la decisión del Congreso de Brasil, que decretó, por el estado de emergencia, sesionar por videoconferencia. Como sucedió en 1992 con la idea de la candidata independiente Ross Perrot sobre que la gente pueda votar desde su casa, suena bien en el papel, pero presenta graves problemas prácticos en su aplicación. Veamos:
El primer problema es la publicidad. Dejando a un lado la confiabilidad de una conexión remota y su mantenimiento para 500 ó 128 personas en contacto, ¿cuáles serían los lineamientos para transmitir las sesiones? Voy a decir algo que puede sonar banal, pero no lo es: hay una enorme diferencia entre transmitir un espectáculo, como son las sesiones del Pleno, que una imagen fija, donde se ven un conjunto de rostros que alternan conforme toman la palabra. Somos personas que reaccionan de manera intelectual y emotiva, por lo que retirar lo segundo de la ecuación puede generar más desinterés en los temas públicos.
Otro problema es la logística: ¿cómo se verificaría el quórum? ¿Cómo acreditar que el legislador vota? ¿Serían confiables las votaciones por vía remota?
Y el problema más grave: la conducción. ¿Bajo qué criterios se otorgaría la palabra a un legislador? ¿Qué sucede con procedimientos como las intervenciones de otros por causas como ratificar hechos o preguntas? ¿Cómo sabríamos que no se está silenciando o boicoteando la transmisión de un legislador opositor? ¿Cómo acreditamos que, en efecto, se están expresando todas las voces, lo cual es condición indispensable del proceso de toma de decisiones?
Por todo lo anterior, se debería decretar un receso y volver a sesionar en cuanto pase la contingencia. Mientras tanto, se haría bien en hablar sobre la agenda a discutir: eso aportaría más a la democracia que poner en riesgo de contagio a quienes trabajan en el Congreso y sus comunidades.
