El día miércoles se realizó una entrevista colectiva por parte de varios periodistas, Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Carlos Puig, Jesús Silva, Azucena Uresti y Juan Pablo Becerra, a Andrés Manuel López Obrador, candidato puntero en las encuestas rumbo a la Presidencia de la República en Milenio Televisión. Se abordaron temas muy diversos que vale la pena analizar.
Sin embargo el día de hoy hay uno particular que me parece sumamente alarmante y que creo que tiene que ser observado con el mayor detenimiento por la sociedad. El tema de someter una serie de decisiones a consulta popular.
Este tema resulta alarmante porque es un dilema engañoso. Vivimos en una sociedad que aspira a la democracia y, según nuestra propia definición jurídica, en nuestro régimen el poder dimana del pueblo.
Si el pueblo es el dueño del poder público, en un estricto sentido no habría nada más democrático que consultar directamente al pueblo para la toma de decisiones.
El problema fundamental es que, en medio de una población de más de cien millones de habitantes resultaría complicado y ocioso pensar que se les debe consultar de manera directa para la toma de decisiones. De esta manera se han creado instituciones representativas, imperfectas por supuesto, pero que buscan reflejar los intereses de la población para la toma de decisiones.
Esto, cabe decirlo, es el mecanismo adoptado por todas las democracias modernas. No conozco un ejemplo de democracia plebiscitaria en la sociedad actual. Por supuesto que la consulta ciudadana puede ser parte del mismo ejercicio democrático, pero, bajo ninguna circunstancia, puede ser sustitutivo del parlamentarismo.
Además, el parlamento se apoya en la creación de comisiones especializadas en las que participan un número muy importante de expertos para analizar y orientar las decisiones de los legisladores en los temas más complejos de la sociedad.
Así, quienes formamos parte de diferentes proyectos políticos, tenemos la obligación de convencer al mayor número de electores posible de la factibilidad de nuestras propuestas para obtener el mayor porcentaje de representación popular. En virtud de la representación obtenida se puede influir en las decisiones del país.
Algunos sostenemos que es momento en México de pasar a la creación de gobiernos de coalición, con coaliciones legislativas que den fortaleza y viabilidad a los proyectos de nación por encima de los proyectos políticos particulares pues, en la sociedad actual, no se vislumbra ninguna fuerza política capaz de constituirse en una mayoría en sí misma.
Esto requeriría de oficio político y la capacidad de construir acuerdos que incorporen aspectos de las visiones que son distintas a la nuestra para poder encontrar un modelo transitable que sea aprobado por las mayorías, sin lugar a dudas, en sí mismo el proceso encerraría la enorme ventaja de que los proyectos pudieran enriquecerse con visiones distintas pero complementarias que sean superiores a los planteamientos originales que surjan desde una visión unilateral de los temas.
Y precisamente es allí donde la propuesta de Andrés Manuel se torna tramposa y se vislumbra como una forma de darle la vuelta al modelo de distribución de poderes que, si bien imperfecto, resulta trascendental fortalecer para mejorar la calidad de la democracia nacional.
Me explico.
En los casos que AMLO evoca la consulta popular es, precisamente, en aquellos donde se requiere de mayorías calificadas para reformas Constitucionales. Creyente firme de que ganará la presidencia, pero sabedor de que, ni en el escenario más optimista obtendría en las cámaras una mayoría calificada que le permitiera impulsar de manera unilateral sus propuestas Andrés apuesta, en lugar del oficio político y la construcción de acuerdos, a gobernar desde la plaza pública y el plebiscito controlado por él, para no tener que acordar con otras fuerzas políticas.
Es decir. Las reformas requieren mayoría calificada y, si llegara a ganar, no la tendría, entonces acude a consultar al pueblo. Pero el diablo está en los detalles. Este tipo de consultas populares tampoco están en la ley, por tanto, para aprobarlas, necesitaría de una mayoría calificada, con la que en teoría no contaría (de contar con ella no necesitaría la consulta), para aprobar que las consultas sean resolutivas en dichos temas.
Entonces, si por ley no lo son y por hechos no podría lograr que fueran resolutivas estas consultas que plantea, ¿cuál sería su sentido político?
Pido al lector que imagine la siguiente consulta
“Compatriota: ¿Estás de acuerdo que el pueblo de México recupere la propiedad de los energéticos, cancelando la Reforma Energética que nos arrebató nuestra riqueza poniéndola en manos de intereses mezquinos, cancelando también los contratos leoninos que dañan el interés nacional y logrando además con ello que baje el precio de gasolinas y combustibles?”.
Perdón si la pregunta parece bastante burda pero, con sinceridad, no creo que la redacción final de una consulta ciudadana planteada por AMLO para este fin fuera muy diferente.
Esta pregunta la aplicas, como el mismo admitió que sería posible en la entrevista, en una consulta organizada por la Secretaría de Gobernación a su cargo (pues al no estar legislada no podría llevarla a cabo el INE, por ejemplo) y se pone en la mesa de millones de hogares sin analizar los aspectos técnicos, económicos y de las más diversas índoles que plantea la Reforma Energética ni los que conllevaría su cancelación.
Imaginemos que, en estos términos, la consulta recibe millones de votos pidiendo que se cancele la Reforma Energética.
Pero no es vinculante, así que Andrés ahora podría pasar el balón a quinientos Diputados y ciento veintiocho Senadores para que aprueben lo que les acaba de mandatar el pueblo soberano. De hacerlo, su labor sería solo de cumplimiento de lo que la consulta refiera. De no hacerlo, entonces el Presidente podría decir a su pueblo que él quiere obedecer el mandato popular pero seiscientos veintiocho mexicanos (bueno, habría que restar por supuesto a los “buenos legisladores” que serían los de MORENA) imponen su voluntad a millones que la han expresado en la consulta popular.
Se imagina ahora el lector la paradoja democrática. La disolución de la línea divisoria de los poderes de la Unión, donde un presidente sin mayorías políticas podría crearlas artificialmente a través de la manipulación popular y de confrontar “al pueblo” con “sus representantes”.
Me queda claro que las Cámaras en México hoy son perfectibles y que hay muchos defectos en nuestro sistema parlamentario, pero jamás creeré que pueda ser sustituido por la vox populi.
Pongo este ejemplo sin decir por ello que la Reforma Energética sea una panacea, sustituya el lector por el caso que le agrade. El problema está en el instrumento de la consulta como sustitutivo del trabajo legislativo que debiera poner límites al poder presidencial.
Puede aplicar también para definir la ubicación de un aeropuerto sin criterios, técnicos, económicos, de desarrollo, de infraestructura y encomendados solamente a la “sabiduría del pueblo”. Pueden aplicarlo también, como el mismo Andrés lo dijo, a los derechos de minorías en una sociedad conservadora, sometidos a plebiscito. Pueden imaginarlo incluso con el tema de la reelección donde, por ejemplo, dos millones doscientos mil “ninis” podrían votar porque su benefactor se reelija “aún contra su voluntad” y obligarlo a acatar la voluntad del pueblo, a pesar de no estar de acuerdo con eternizarse en el Poder, pero sí el pueblo se lo demanda, no queda más que obedecer.
Hace falta leer historia para tener claro que, con simulaciones democráticas, surgieron y se empoderaron muchísimas dictaduras.
Esto tampoco descarta la consulta popular, herramienta que, desde las izquierdas, muchos hemos defendido, pero no como un elemento sustitutivo del poder legislativo, ni como una herramienta de chantaje y coerción para construir mayorías artificiales, sino como una herramienta de verdadera participación ciudadana que, debiera estar regulada, para definir los temas en los que puede ser utilizada (por ejemplo, temas de alto contenido técnico para la toma de una decisión, como la ubicación de un aeropuerto deberían de ser excluidos), así como los mecanismos para su realización que incluyen un profundo debate e información pública que permita que la sociedad participe de manera consiente y no solamente emocional.
Cierro diciendo que llama la atención, por cierto, que en la misma entrevista que AMLO plantea someter todos los temas a consulta, haya proferido dos ideas de sustancial relevancia: que no confía en la sociedad civil (a la que en teoría quiere consultar para todo) y que todos son de la Mafia del Poder menos él (y los que a él siguen, por supuesto).
Sumado lo anterior podemos entender mejor el contexto de su alarmante propuesta.
