La democracia es un espacio de diálogo abierto de par en par. En ese espacio no se vale agredir a nadie por lo que dice. Mucho menos asesinarlo. No se trata solo de una regla esencial de convivencia. Constituye una columna insustituible de la legitimidad política democrática. Y ocurre que en México no funciona ya ninguna otra forma de legitimidad política. El fraude electoral de 1988 dejó claro que el Estado mexicano no podía mantener su estabilidad bajo una forma de legitimidad ajena a la democracia. Ya no hay de otra. No importa que la mayor parte de los políticos mexicanos capaces de hacer política con visión de Estado no sean demócratas. No tienen opción. Si no practican la democracia en sus partidos, se encuentran obligados a practicarla en el país. Nos encontramos ante una contradicción fatal, rica en consecuencias lamentables. La mayor: las fórmulas antidemocráticas que han encumbrado a buena parte de los políticos en funciones no fortalecen la legitimidad del Estado, pues como hemos visto, la única legitimidad practicable del Estado mexicano es la democracia. Antes bien la debilitan. Tenemos entonces la antinomia de padecer políticos con visión de Estado que se sostienen en el pecado original de provenir de mecanismos que resultan ilegítimos para el Estado que se proponen preservar. Bajo ese reflector se antoja indispensable traer a cuento otra vez el ungimiento del nuevo presidente del PRI. No se trata de una obsesión mía. Se trata de una incompatibilidad estructural que resta legitimidad al Estado mexicano.
El PRI, es cierto, ya no es el Estado mexicano, pero sigue actuando como si lo fuera. Por eso tenemos un presidente y un secretario de Hacienda con pasados patrimonialistas inocultables que hacen desconfiar a los inversionistas del mundo. Por eso sufrimos policías que se arrogan el derecho de apropiarse de lo que no es suyo. La lógica, en este punto, se impone con la contundencia de la gravedad del planeta sobre las criaturas que lo poblamos: si los representantes del Ejecutivo en cada uno de los órdenes de gobierno sacan provecho patrimonial de sus puestos, ¿por qué el policía en turno no? Por lo mismo la ley continua sometida a los requerimientos del mejor postor y el Estado parece seguir perdiendo terreno frente a la inseguridad pública y el crimen organizado. Por eso el Estado no consigue afianzarse en ningún ámbito de manera clara y todos los intentos por afianzarlo se malogran. Comprendamos la razón de este fracaso permanente: porque cada una de esas tentativas ya estaban malogradas antes de nacer. Y lo estaban porque los encargados de urdirlas y echarlas adelante tienen ese pecado de origen que consiste en haber tejido sus carreras políticas atenidos a formas políticas que, en lugar de ser congruentes con la legitimidad democrática, la contradicen. Digo, ¿o acaso la designación presidencial del partido en el gobierno la fortalece?
