Los informes de autocomplacencia omiten decir que el gobierno federal ha fracasado en la lucha contra la corrupción. El presidente de la República insiste en su sketch del pañuelo blanco, pero los hechos se sobreponen a la puesta en escena: 89 por ciento de los contratos del sector público se otorgaron en formas distintas a la licitación pública, lo que contradice la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), además de que pone en evidencia a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como una enorme tapadera.
El artículo 134 de la Constitución ordena que las adquisiciones gubernamentales se lleven a cabo por licitaciones mediante convocatorias públicas, de manera que se aseguren al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Este mandato fue retomado en el PND 2019-2024 que Andrés Manuel López Obrador hizo aprobar en la Cámara de Diputados, pero su gobierno sólo observa esta norma en 11 por ciento de los contratos que suscribe.
Los datos contenidos en el portal CompraNet, en el reporte correspondiente a los contratos suscritos en el año 2020 muestran que, de un total de 147 mil contratos de la administración pública federal, 120 mil, 82 por ciento, fueron asignados por adjudicación directa; 5 por ciento mediante el procedimiento de invitación restringida, y 2 por ciento por otro tipo de contrataciones y contratos con crédito externo.
La Ley de Adquisiciones vigente y la Ley de Obras Públicas dedican capítulos completos a la licitación pública, a su planeación anual, la integración de los comités de vigilancia, la aprobación previa, la convocatoria y su difusión pública, la presentación de propuestas en sobre cerrado, la presencia de testigos sociales, la toma de decisiones y la contratación respectiva.
La legislación establece los procedimientos de excepción a esa regla, que son la invitación restringida y la adjudicación directa. Debido a que éstos se caracterizan por la discrecionalidad, la opacidad y la centralización, están sujetos a que se verifiquen condiciones excepcionales para que las autoridades recurran a ellos, restricciones que el gobierno de Morena se pasa por el arco del triunfo.
Una primera condicionante legal consiste en que, del total que tienen asignado para contratos de adquisiciones, las dependencias públicas no pueden rebasar 30 por ciento en procedimientos distintos a la licitación pública. Pero resulta que en el año 2020 los montos de los contratos de adjudicación directa alcanzaron 200 mil millones de pesos, que representan 44 por ciento del monto total de las adquisiciones del sector público. Siempre según los datos de CompraNet, a este porcentaje se deben los correspondientes a la invitación restringida y 12 por ciento con cargo al concepto de “Reporte de otras contrataciones y contrataciones con crédito externo”, con lo que se hace un 60 por ciento de contrataciones sin licitación pública, justo el doble de lo legalmente permitido.
Las normas jurídicas ordenan que los casos de excepción se justifiquen puntualmente, pero los responsables de las contrataciones toman las causales legales como coartada y la SFP, que es la autoridad que debería supervisarlos, se hace de la vista gorda. Sabedores de una impunidad garantizada, los funcionarios a cargo aluden simplemente a que adjudicaron discrecionalmente 23 por ciento de los contratos “Bajo su más estricta responsabilidad” (como si tuvieran mucha), y justifican otro 22 por ciento con la premura o la urgencia (que es una forma elegante de llamar a la falta de planeación y a las ocurrencias). Además, usaron como pretexto otras causales de excepción para fundamentar el gasto de 109 mil millones de pesos, 60 por ciento del monto total de las adjudicaciones directas, con la afirmación de que el orden social se encontraba en peligro y que en el mercado sólo había un oferente (que, casualmente, era su amistad o se trataba del financista de las campañas de Morena).
Sería bueno que, ahora que entre en funciones la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados, los legisladores exijan cuentas a la administración, a la depuesta Irma Eréndira Sandoval y exijan al nuevo titular de la SFP algo que debería ser sencillo: que se ponga a trabajar.
Cincelada: Paradójicamente, parece que López Obrador es quien más desea un golpe de Estado: le permitiría disimular su desastroso gobierno y pasar a la historia.
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