Imagine Usted que ha trabajado en un organismo internacional en Nueva York o en Ginebra. Que tiene años laborando ahí, con su vida personal y familiar alrededor de ello y que un buen día le anuncian que, debido a una terrible crisis financiera, y por ser las ciudades citadas “caras” por su nivel de vida, el organismo mudará una parte de sus operaciones a Nairobi. Usted tiene dos opciones: jubilarse anticipadamente -y recibir una pensión de la institución, siempre que su antigüedad laboral sea de cinco o más años- o mudarse a Kenia.
Antes de continuar vale la pena mirar a la estructura salarial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, a todas luces, parecería hasta no hace mucho, un buen lugar para trabajar. De entrada, partiendo de que quienes laboran en organismos internacionales comprometen sus vidas a tareas que contribuyen al desarrollo, la paz y el entendimiento entre las sociedades del mundo, los salarios deben corresponder con las responsabilidades encomendadas, Al respecto, los salarios en la ONU dependen de la categoría del empleado en el escalafón -integrado por cargos desde el más bajo o P1 al más alto o D2-, las responsabilidades que tiene y el lugar donde presta sus servicios.
En este tenor existe el principio de Noblemaire, el cual establece que la administración pública internacional debe ser capaz de contratar con la mejor remuneración a personal procedente de todos los Estados que pertenecen a Naciones Unidas. Este principio se aplica tomando como referencia las remuneraciones a los servidores públicos en los países donde se asientan los organismos internacionales y que llevan a cabo trabajos equivalentes. Existen también los criterios o principios de Flemming, según los cuales, los sueldos del personal de servicios generales se fijan sobre la base de encuestas periódicas acerca de las mejores condiciones locales existentes.
El principio de Noblemaire se aplicó por primera vez en 1921 en la entonces Sociedad de las Naciones asentada en Ginebra. El salario recibido por un funcionario internacional sería igual al salario del más alto funcionario nacional que realiza un trabajo equivalente, en Suiza. Para quienes trabajan en Estados Unidos, se toma como referente el salario que recibe una persona con la calificación equivalente a la de quien se desempeña en el organismo internacional. La intención del principio de Noblemaire es clara: se busca atraer a los mejores y más calificados para garantizar el óptimo funcionamiento de la institución. Asimismo, el principio aplica por igual a hombres y mujeres
Además del salario base, el personal que se desempeña en Naciones Unidas puede tener diversas prestaciones, entre ellas la compensación por las diferencias en el costo de vida y las condiciones de servicio entre los lugares de destino. Tokio, sede de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), por ejemplo, tiene un costo de vida muy alto. Ante ello, la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) con base en encuestas periódicas determina los ajustes salariales pertinentes. También se otorgan subsidios para ayudar a compensar el costo de la vivienda, en lugares como Nueva York, Ginebra o Tokio, donde la renta es cara. Asimismo, si el personal que trabaja para la ONU tiene familiares, cónyuges o hijos viviendo con él/ella, se le apoya con recursos para contribuir a la manutención. Asimismo, en los llamados lugares de “vida difícil” –i. e. Afganistán, Haití, Malí, etcétera- el personal recibe un subsidio especial dado que las condiciones de vida y/o laborales son difíciles en territorios donde se desarrollan conflictos armados, son de acceso remoto o presentan diversas condiciones de violencia.
Con la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más el virtual desmantelamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de EEUU (USAID), sin dejar de lado el retardo en el pago de las cuotas obligatorias y voluntarias del vecino país del norte, la situación financiera de la institución es frágil. El secretario general Antonio Guterres ha conminado a los 193 miembros de la institución a ponerse a mano y pagar sus cuotas. No hacerlo, conlleva el peligro de que, si la morosidad ha acumulado dos años consecutivos, los países pierdan su derecho a votar. Esta norma no aplica a Estados Unidos en lo que concierne a su derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, en algún momento, Washington perdió su derecho a votar en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al acumular dos años de morosidad.
La táctica estadunidense de no pagar a tiempo para obligar a cambios en la institución data de los tiempos de la administración de Ronald Reagan. Dado que Estados Unidos es, en estos momentos, el mayor contribuyente financiero al presupuesto ordinario de la institución con el 22 por ciento del mismo, que no pague o lo haga tarde o en abonitos como es su costumbre, provoca un enorme estrés financiero a Naciones Unidas.
Hay un tema menos analizado: el tipo de cuotas que aportan los países. Estatutariamente, los miembros de la ONU están obligados a cubrir su cuota año con año, la cual es determinada por la quinta comisión de la Asamblea General. Empero, ante la morosidad de muchos y el no pago de otros -sin dejar de lado el tema de los años fiscales que, en Estados Unidos comienza el 1 de octubre y, por lo mismo, no coincide con el inicio del año fiscal en Naciones Unidas que es el 1 de enero- se ha estimulado el esquema de cuotas voluntarias. Estados Unidos, de hecho, aporta más recursos a la ONU bajo el esquema de cuotas voluntarias que el de cuotas obligatorias. Con todo, también es moroso en sus cuotas voluntarias. ¿Cuál es la novedad? Las cuotas voluntarias, como su nombre lo indica, son aportadas de manera discrecional dado que no entran en el esquema de obligatoriedad. Ello puede llevar a que un país como Estados Unidos, privilegie a ciertos organismos del Sistema de Naciones Unidas que le resulten prioritarios por diversas razones -es el caso del Programa Mundial de Alimentos (PMA) cuyo desempeño está ligado a las grandes empresas estadunidenses del sector de los alimentos que son sus proveedores- amén de que desde 1992 son ciudadanos estadunidenses los que presiden al organismo, siendo el caso, en la actualidad de Cindy McCain, la viuda del ex candidato presidencial John McCain.
Los críticos del eurocentrismo han aplaudido el anuncio del secretario general Guterres de que algunos organismos como ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPF) muden parcial o totalmente sus operaciones a Kenia. Después de todo, el continente africano ha sido ninguneado en las relaciones internacionales y sobre todo en la asignación de sedes para organismos internacionales. Sin embargo, el pasado 1 de mayo, en ocasión del día del trabajo, el personal de la ONU asentado en Ginebra se manifestó en contra de esta iniciativa, no sólo por la incertidumbre generada y, ciertamente, por la falta de liderazgo y de capacidad negociadora del propio Guterres frente a Trump.
Guterres, ya en la etapa final de su segundo mandato, parece resignado a que EEUU, en la segunda administración de Trump, se desenganche de Naciones Unidas, asumiendo que es una batalla perdida y sin intentar al menos negociar. Con todo, hay varias cartas que podrían usarse: la carta de los beneficios económicos que a EEUU y sobre todo a la gran manzana, le reporta tener la sede principal de Naciones Unidas. En términos de abastecimiento de servicios, las empresas estadunidenses hacen su agosto con la ONU. En 2022 sin ir más lejos, la ONU adquirió bienes y servicios de proveedores estadunidenses por un monto de 2 mil 400 billones de dólares, cifra superior a las cuotas desembolsadas por Estados Unidos al presupuesto ordinario de la institución y al de las operaciones de mantenimiento de la paz.
Asimismo, que la ONU tenga su sede en Nueva York da a la ciudad y a EEUU un aire internacional, progresista, de vinculación con el mundo. El turismo que atrae Nueva York, si bien no necesariamente para visitar la sede de la ONU, es legendario. No se pierda de vista la visita de delegados de todo el mundo a las cumbres y conferencias del organismo internacional, lo que le representa ingresos a la cosmopolita urbe. Según datos de Euromonitor, en 2023 Nueva York fue la octava ciudad más visitada del planeta -Cancún ocupó en ese año la 10ª posición. Para 2024, Nueva York ya no estaba en el top de los lugares preferidos por los turistas y es posible que en el presente año, con las medidas migratorias de Trump y la restricción al otorgamiento de visados, la situación empeore aún más. Imagine el lector lo que será la 80ª Asamblea General el próximo mes de septiembre y la posibilidad de que muchos de los delegados de los 193 Estados miembros, encuentren dificultades para viajar a Nueva York por el tema del visado aun cuando tengan pasaporte diplomático. De hecho en la pasada cumbre de la Conferencia sobre el Estatus de la Mujer (CSW69) celebrada en marzo en Nueva York, numerosas delegadas de países señalados por el Departamento de Estado estadunidense como “promotores del terrorismo” no pudieron viajar a la gran manzana, debido a que no pudieron obtener la visa respectiva.
Los requisitos migratorios de Estados Unidos parecerían ser una buena razón para mudar parte del Sistema de Naciones Unidas a otras latitudes. San Petersburgo ha sido propuesta, al igual que Montreal, Dubái, y Jerusalén como sedes alternas, aunque como imaginará el lector, cambiar la sede de la ONU, o de algunos de sus organismos y programas a otros lugares, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. La República Popular China (RP China) a quien muchos ven como el salvavidas financiero para institución, podría querer la sede de algunos organismos de su interés, al igual que Alemania, Brasil, e India, entre otros. En cualquier caso, hay que ponderar, además del tema migratorio aspectos tan importantes como facilidad de acceso -¿cuánto costaría un boleto de avión a las ciudades o países referidos frente al valor de un boleto a Nueva York?-, vuelos disponibles, infraestructura de comunicaciones, seguridad para el personal, costo de vida, traslados, subsidios, impuestos y un largo etcétera.
Las reformas anunciadas en marzo pasado por Antonio Guterres, no se limitaron al tema de la mudanza a Nairobi. Se dio a conocer además, que se reagruparía al organismo en cuatro grandes departamentos, en tanto se fusionarían organismos “que hacen cosas semejantes” como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) -ambos asentados en Ginebra. El Sistema de Naciones Unidas está sufriendo mucho no sólo por el retiro de EEUU de la OMS, ni por su eventual salida, otra vez, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El desmantelamiento de USAID de donde emanaban recursos para instituciones como el ACNUR, amenaza al organismo responsable de atender a millones de refugiados en todo el planeta con la pérdida del 40 por ciento de su presupuesto sin que se vislumbren posibles donantes de recursos para mantener sus operaciones, ya no se diga ampliarlas. El problema visto en torno al Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) donde, desde la administración de Joe Biden se congelaron las aportaciones estadunidenses con el argumento de que la entidad está infiltrada por terroristas de Hamas, es la antesala a lo que podría vivir el ACNUR, sin dinero, pero a cargo de atender las crecientes emergencias humanitarias en el mundo.
Los recortes de personal y la desaparición de programas y centros no son algo nuevo para el organismo multilateral más importante del mundo. En 1992 fue eliminado el Centro de Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnacionales (UNCTC) nacido en 1975. Su labor consistía en analizar el traslape entre la soberanía de los países, la responsabilidad corporativa y la gobernanza global. Este Centro, asentado en Ginebra, resultaba molesto para los intereses corporativos. En su lugar en 1999 el entonces secretario general Kofi Annan anunció, con motivo del Foro Económico Mundial de ese año, el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas conocido también como Global Compact para fomentar una vinculación entre las corporaciones con Naciones Unidas bajo la sombrilla de la responsabilidad social, si bien este mecanismo es voluntarioso y parece servir más a la imagen pública de las empresas que a la propia Naciones Unidas.
En la manifestación en la que participaron unos 500 empleados de Naciones Unidas en Ginebra el pasado 1 de mayo, se difundió que en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una de cada 10 personas ha perdido su empleo a causa de los ya citados recortes presupuestales -lo cual no deja de ser irónico, tratándose del organismo que vela por los derechos de los trabajadores. La deslocalización, en el caso de Naciones Unidas, enfrenta desafíos de husos horarios, lingüísticos, infraestructura de comunicación y, por supuesto, las culturas laborales, entre otros. Un reproche de los manifestantes del 1 de mayo en Ginebra es que las propuestas de Guterres parecen girar únicamente en torno a consideraciones presupuestales, no así de eficiencia, ni tampoco respecto a temas tan relevantes como la ciberdelincuencia y la ciberguerra, la inteligencia artificial y la crisis ambiental, por citar sólo algunos.
Cambiar las sedes de los organismos internacionales también plantea el riesgo del fracaso: como muestra se tienen los reiterados y frustrados intentos, en el caso de México, de descentralizar a la administración pública. La única entidad que ha operado exitosamente fuera de la Ciudad de México en 40 años es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), luego del acuerdo firmado entre el gobierno federal y el de Aguascalientes en 1985. Y conste que el principal estímulo para promover la deslocalización en aquel momento fue el devastador terremoto del 19 de septiembre. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se anunció la descentralización de la administración pública, la cual fracasó -por ejemplo, la Secretaría de Cultura cuya sede fue reasignada a Tlaxcala, lucía en el abandono dado que sus funcionarios despachaban en la Ciudad de México. Y a nivel internacional puede ocurrir algo similar con los organismos de Naciones Unidas que se decida deslocalizar a otras latitudes. Además, en honor a la verdad hay cosas que en el caso de Naciones Unidas, simplemente no se pueden llevar a cabo de manera remota –i. e. asistencia a refugiados, despliegue de cascos azules en zonas en conflicto, asistencia en casos de desastre y crisis humanitarias, etcétera.
Es verdad que el mundo está cambiando a pasos agigantados y que Naciones Unidas, con casi 80 años a cuestas, luce desenfocada respecto a los objetivos que se planteó en su fundación. Sin embargo, tal parece que la llegada de Donald Trump por segunda ocasión a la presidencia estadunidense está teniendo un efecto de desmantelamiento del organismo multilateral más importante del mundo mientras la comunidad internacional, en general, actúa de manera pasiva o con desinterés. Si la ONU ha acumulado las crisis descritas, es porque los miembros de la institución no cumplen con las obligaciones contraídas. Si Estados Unidos no quiere pagar, ello no debería alentar a que el resto de las naciones caigan en la morosidad. Cuando hay voluntad política, se pueden sortear los mayores obstáculos.
