Fue una exitosa bandera de campaña que lo llevó hasta Palacio Nacional. Es el tema sobre el que ha cimentado buena parte de su presencia pública y su presidencia. Pero puede tratarse de un gigante con pies de barro, pues la realidad empieza a enseñar sus otros datos y a contradecir tanto el discurso como la buena intención que ha manifestado al declarar el fin de la corrupción.
¿El final?
Nadie en México –a menos que se beneficien de la misma– quiere que prevalezca la corrupción, así como todas las cabezas de esta Hidra –tráfico de influencias, desvío de recursos, extorsión, falta de ética, nepotismo y un largo etcétera–, por lo que muchos estamos de acuerdo en que se acabe.
Esta fue una de las razones por las que un candidato presidencial en 2018 –frente a un abanderado bajo investigación y otro del partido que era sinónimo de este flagelo–, ganó holgadamente los comicios de julio de ese año.
Muchos ciudadanos cifraron sus esperanzas en el cumplimiento de la principal promesa del candidato que resultó ganador.
Y él, sabiendo que ese fue el principal motor para obtener la victoria, no iba a permitir que la gente olvidará ese tema.
Ya se acabó la corrupción y el “bandidaje oficial”: AMLO
El 18 de noviembre de 2019, el ya presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno “no hay proveedores predilectos del régimen” y que hay transparencia en las licitaciones, a pesar de los señalamientos del récord de adjudicaciones directas.
En 2019 se acabó la corrupción
En el último día del 2019, el presidente López Obrador aprovechó, además de desear un feliz 2020 a todos los mexicanos, para asegurar que a 14 meses de su administración “puedo asegurar que se acabó con la corrupción, sobretodo arriba. No hay impunidad”.
Arriba no hay corrupción, se acabó el bandidaje oficial
El 9 de febrero de 2020, el presidente aseguró que “a 14 meses de estar en la presidencia ya puedo sacar el pañuelito blanco y decir que arriba no hay corrupción, se acabó el bandidaje oficial y eso nos está dando resultados porque si no hay corrupción el presupuesto rinde”.
¿Verdad u otros datos?
No obstante los buenos deseos del mandatario, la realidad ofreció de nueva cuenta sus otros datos y mostró su terquedad. A pesar de la narrativa presidencial, los casos de corrupción en el gobierno federal –ese que encabeza quien declaró que se acabó la corrupción y el bandidaje oficial– se siguieron presentando.
El 12 de julio de 2019, Carlos Lomelí –quien había sido nombrado “superdelegado” del gobierno federal en Jalisco–, presentó su renuncia al cargo. El motivo fue permitir las investigaciones sobre las acusaciones de conflicto de interés que pesan en su contra, debido a una acusación de que familiares suyos formaban parte de una red de empresas farmacéuticas que habría obtenido contratos millonarios del gobierno.
Adicionalmente, desde agosto de 2019 se daban a conocer las múltiples propiedades que había acumulado en su carrera política Manuel Bartlett Díaz, el polémico director de la CFE. La investigación realizada por el equipo de Carlos Loret de Mola –en específico por Areli Quintero–, daba cuenta de que su patrimonio es de más de 800 millones de pesos, no obstante que en su declaración patrimonial indicaba que era de 51 millones. En conjunto, él, su pareja e hijos eran dueños de 25 propiedades, 23 casas de lujo y dos terrenos. En septiembre, se reveló además que tenía relación con 12 empresas.
El 3 de marzo de 2020, se daba a conocer la versión de una supuesta renuncia de Patricia Trujillo, coordinadora operativa de la Guarda Nacional, hecho que fue desmentido por la Secretaría Federal de Seguridad Pública, aclarando que “en todo momento coadyuvará con la Auditoría Superior de la Federación en las investigaciones que se realizan a la extinta Policía Federal, con el único compromiso de combatir la corrupción, así como refrendar los procesos de transparencia y rendición de cuentas”.
El 24 de abril, el presidente aceptó que la corrupción en aduanas es un monstruo de 100 cabezas y que venía una limpia, al aceptar la renuncia de Ricardo Ahued como administrador del organismo.
El 4 de mayo se dio a conocer que se investigaría la adquisición por parte del IMSS en Hidalgo de ventiladores para atender a pacientes de Covid-19, al hijo de Manuel Bartlett Díaz, por sospechas de irregularidades, en especial por ser 85% más caros. León Manuel Bartlett Álvarez se defendió en redes sociales indicando que el gobierno de la CDMX los había comprado más caros aún, algo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desmintió.
El 6 de mayo de 2020, se dio a conocer que Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, era denunciada por extorsión y desaparición forzada en Veracruz. La denuncia indica que a Guevara se le señala por solicitar dinero en efectivo a cambio de un contrato de prestación de servicios para los comedores de los centros de entrenamiento que administra la dependencia.
Entonces, ¿se acabó la corrupción o seguimos esperando al próximo sexenio?
