Pasa el tiempo y muy poco hemos sabido sobre los innumerables vericuetos, delimitación de responsabilidades y detenidos en la tarde de perros de la familia LeBarón y en Culiacán.
Lo que vivió la capital de Sinaloa sigue estando en los terrenos de diversas versiones y hasta confusión. El Gobierno tomó decisiones en la tarde de perros que han traído consecuencias. Por más que se diga que el desenlace fue la mejor de las decisiones, en medio de una pésima estrategia, esto no soslaya el problema y que lo decidido pudiera haber fortalecido a la delincuencia organizada.
En Culiacán la gente ratificó que no va a dejar de vivir en su cotidianidad con la delincuencia organizada. Los hijos de El Chapo sometieron a las fuerzas de seguridad del Estado y tomaron casi el control total de la ciudad con tal de liberar a una de las cabezas más visibles del cártel.
La pesadilla de la tarde de perros sigue sin tener explicaciones claras que permitieran delimitar responsabilidades, al tiempo que conocer qué fue lo que permitió la movilización de sicarios a lo largo de la ciudad que puso en vilo a las familias de los militares y, en general, a buena parte de los ciudadanos.
El paso del tiempo no es sinónimo de olvido. Las consecuencias de lo que sucedió alcanzan desde el fortalecimiento de la organización criminal, la cual actúa sus anchas, y la afectación a los ciudadanos que quedan endebles y desprotegidos ante los narcotraficantes.
El Gobierno tiene que apurar sus investigaciones. Señalar a alguien en particular como responsable, como lo hizo confusamente en una mañanera, da la impresión que deja las cosas en los terrenos de aventar culpas más que investigar y asumir responsabilidades.
En el caso del lamentable ataque a los LeBarón ya está corriendo el tiempo. En éste ya se suma que el FBI anda entre nosotros bajo un despliegue de seguridad desproporcionado.
Esta semana el Gobierno aseguró que ya hay personas detenidas, al momento no han sido presentadas. La importancia de resolver un asunto tan sensible como está en la responsabilidad del Estado de ofrecer seguridad a los ciudadanos. Lo que ha hecho más delicado este asunto es la doble nacionalidad de las personas agredidas.
Una de las razones por las cuales el Gobierno está obligado a ofrecer explicaciones con resultados estriba antes que nada en su responsabilidad en el ejercicio del poder. Pero también tiene que ver con que el país vivió semanas en vilo en que el Gobierno se vio rebasado e incluso sometido.
No se pasa por alto que la cotidianidad del país es vertiginosa. No salimos de un asunto cuando entramos a otro; sin embargo, hay temas que por ningún motivo debemos dejar a la intemperie o colocarlos en los terrenos del intento del olvido.
El Gobierno tiene particular atención en temas de causa. Se ha esforzado al máximo en su discurso y en investigaciones cuando se trata de asuntos con los que tienen empatía, en ellos profundiza y hace todo lo posible por resolverlos.
En Culiacán y con los LeBarón, además de la gravedad que en sí mismo tienen, se suma un elemento del cual no ha salido el Gobierno. Todo esto lo colocó en una crisis con un cuestionamiento serio de su estrategia en materia de seguridad.
No hay un solo indicio de que ésta vaya a cambiar a pesar de las evidencias. Una respuesta precisa y apropiada, con resultados, que permita a los ciudadanos entender lo que pasó y sentirse seguros con la estrategia de seguridad es lo que podría cambiar la percepción, a lo que se sumaría la certidumbre sobre la estrategia.
Entendiendo la fuerza de la cotidianidad que nos lleva a un asunto tras otro, Culiacán y los LeBarón ya están ubicados en los delicados pendientes, los cuales siguen cuestionando la estrategia del Gobierno.
RESQUICIOS.
Reponer el proceso de designación del ombudsperson es una decisión sensata y coherente. Lo que falta es que en Morena entiendan la importancia de la autonomía de la CNDH; esto es un principio.
Este artículo fue publicado en La Razón el 13 de noviembre de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
