El pasado martes nos enteramos de un nuevo escándalo que deja ver la opacidad y gran corrupción que abunda en la autodenominada “cuarta transformación”, el Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, hizo público que fue despedido por el auditor David Colmenares Páramo y expuso, mediante una carta, los motivos: que la Auditoría está secuestrada por intereses políticos, se autocensura y su despido responde a que él no quiso ser “el chivo expiatorio” en el caso de la auditoría a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco, que a los mexicanos nos costará más de 330 mil millones de pesos.
Recordemos que, en marzo del 2021, cuando la ASF publicó su informe en el que desmintió al gobierno de López Obrador, quien decía que la cancelación había costado 100 mil millones, el presidente estalló en cólera descalificándolo y a las pocas horas el auditor David Colmenares salió a retractarse, aduciendo supuestas “deficiencias metodológicas”, en una de las primeras señales de total sumisión a la que ha sometido a este órgano fiscalizador.
La Auditoría Superior de la Federación, creada en julio de 1999, es una instancia dependiente de la Cámara de Diputados cuya función es vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos que aprueban y destinan los legisladores a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales y al gobierno de la república; debe vigilar no sólo que sí se apliquen, es decir, que no se los roben, sino también que se administren con eficiencia y eficacia, conforme a las políticas públicas apegadas a la reglamentación correspondiente.
Justo para eso son las “Auditorías de desempeño”, como las que debía realizar el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso y precisamente este tipo de investigaciones son las que el auditor David Colmenares no permite realizar. Como han documentado algunos medios como Animal Político, con este auditor a modo, las “Auditorías Forenses” han disminuido a su nivel más bajo en 10 años, este tipo de auditorías son “una revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular”.
Mientras que, en la administración del auditor anterior, Juan Manuel Portal, se realizaron entre 10 y 15 auditorías forenses al año, en la gestión de Colmenares han sido menos de diez al año, llegando al descaro de que en el año 2021 ¡no se realizó ninguna, ni una sola!, ¿Cómo puede ser esto posible con tantos casos de posible corrupción en distintos proyectos del actual gobierno, con tantas denuncias que abundan en los medios de comunicación?
Es importante señalar que estas investigaciones de la ASF son el preámbulo de una denuncia penal, pues mediante éstas, la Auditoría Superior recaba evidencias que pueden fundamentar la denuncia, justo así dio inicio el escándalo de “La estafa maestra”, con información recabada por la ASF. La denuncia pública hecha por Agustín Caso sólo destapó la cloaca en que David Colmenares, el ´auditor tapadera´, ha convertido a esta dependencia fundamental para la transparencia y rendición de cuentas, sin duda, estamos ante un caso más del ataque del presidente a las instituciones encargadas de supervisar su gobierno.
En medio del escándalo nos enteramos que en la Cuenta Pública 2022, que es el informe que rinde la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para su revisión y fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación sí consideró 10 auditorías forenses, pero sólo a gobiernos estatales, ninguna al gobierno de López Obrador. Y como lo dio a conocer Agustín Caso, en la integración de la Cuenta Pública, un equipo al interior de la ASF propuso un programa para auditar la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, CFE y PEMEX, lo cual no fue aprobado por el auditor David Colmenares.
Es hora de que la Cámara de Diputados, encargada de designar al titular de la Auditoría Superior de la Federación, asuma su responsabilidad en la opacidad generada desde la ASF, debe permitir que el pueblo de México conozca la verdad en cuanto a los montos aprobados para la administración pública y, en contraste, cuánto más nos han costado los caprichos del presidente. Debe separar del cargo al “auditor tapadera”.
La ciudadanía tiene derecho a saber si el gasto público federal se ha aplicado con apego a las leyes y a los criterios de eficiencia y eficacia, y, sobre todo, a la ética pública que tanto pregona el presidente. ¿Dónde quedó aquello de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”? En los hechos, la opacidad del gobierno de López Obrador y la corrupción que los propios medios de comunicación están revelando en cuanto a sus obras faraónicas, son una forma de robar, de mentir y de traicionar al pueblo.
