A finales de los años setenta, los integrantes de la Brigada Blanca vivían horas difíciles. El grupo paramilitar había sido formado para combatir a la guerrilla urbana y su encomienda les proporcionó botín de guerra y una amplia franja de impunidad.
Tenían pocos mecanismos de control y con el tiempo se volvieron un estorbo. Muchos murieron asesinados, inclusive por sus propios compañeros, y quienes sobrevivieron de aquel tiempo de rudeza sin matices, ingresaron a las policías judiciales de los estados o a la Procuraduría General de la República.
Otros más integraron las últimas nóminas de la Dirección Federal de Seguridad, antes de que esta dependencia se disolviera (en 1986) para dar paso a una verdadera agencia de inteligencia.
Del recuento de esos años aún quedan heridas y problemas profundos que, inclusive, distorsionan el trabajo policial y generan toda clase de fantasías; como ésa que sostiene que la delincuencia estaba controlada, cuando lo que existía era una captación delincuencial de las corporaciones de seguridad.
Es más, el asesinato del columnista del diario Excélsior, Manuel Buendía, fue ordenado por uno de los últimos directores de la DFS y algunos de los implicados en la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, ostentaban credenciales, con grado de comandante, de esa dependencia.
El espionaje era una de sus funciones y de ello hay testimonios en los archivos que se pueden consultar, algunos con ciertas restricciones, en el Archivo General de la Nación.
Muchos personajes relevantes de la vida pública fueron vigilados durante décadas y la información era utilizada para chantajes y otras fechorías.
Un integrante del área de “captación” alguna vez me comentó que procesaban horas y horas de conversaciones, por regla general aburridas, pero de las que tarde o temprano salía alguna perla.
Por eso se tenía que hacer algo; y se hizo. Al final del gobierno de Miguel de la Madrid y durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari se implementó una notable transformación en las áreas de inteligencia, pasando de una cueva de bandoleros a esquemas en los que se promovió la profesionalización y el análisis de los riesgos que enfrentaba, desde ese entonces, el país.
El Centro de Investigación en Seguridad Nacional se creó en 1989 y se dio paso a una verdadera agencia de inteligencia, encargada de atender temas que tuvieran que ver con la agenda de riesgos.
El general Jorge Carrillo Olea se encargó del diseño de un área que hacía falta en el Estado mexicano y que no existía por errores conceptuales y porque durante años se pensó que los enfoques policiales eran suficientes para enfrentar problemas; inclusive los que impactaban en la propia seguridad nacional.
El Cisen no ha estado ausente de polémicas, inclusive por sus análisis antes de la rebelión del EZLN, pero se ha ganado un espacio, si no de total confianza, sí de respeto en franjas importantes de la sociedad.
Pero como suele ocurrir, muchas veces el desconocimiento o la mala fe es la narrativa que impera y más aún en temporada electoral, donde se hacen propuestas poco meditadas.
En realidad, la actividad del Cisen es menos glamorosa y más importante de lo que se piensa. Muchos de los peligros que se enfrentan tienen que ver con variables como el precio del maíz, el agua, el petróleo o las grandes migraciones.
También, por supuesto, con la integración de información acerca de seguridad en algunas regiones del país, donde el reto criminal es una amenaza para la sociedad.
Sus análisis sirven para la toma de decisiones y permiten elaborar estrategias efectivas.
Muchos aspirantes a puestos de elección creen que los espían y culpan al Cisen, cuando en realidad existen múltiples “fuentes” capaces de hacerlo, y en la mayoría de los casos, poco tienen que ver con dependencias de seguridad.
Desaparecerlo, como proponen algunos, sería un absurdo y se perdería una herramienta poderosa para garantizar la gobernabilidad democrática y para enfrentar a criminales de muy altos vuelos.
En todo caso, lo que debiera imperar, y de forma sostenida, es una visión que privilegie el interés del país sobre el que pueden tener grupos de interés o políticos que, por lo demás, sólo están de paso.
Este artículo fue publicado en La Razón el 28 de diciembre de 2017, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.
