En los últimos tiempos, casi siempre que pasa una elección se alzan algunos actores políticos que la perdieron o que se sienten afectados por el resultado, arropados por las voces y plumas de sus simpatizantes, para protestar y señalar que es necesario cambiar el esquema electoral. Es por ello que también en varios momentos, finalmente se ha determinado reformar la Constitución y diseñar nuevas leyes o modificar las que existen, trastocando a las instituciones electorales establecidas, así como a sus integrantes.
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Hasta pareciera que se hace para satisfacer al perdedor más fuerte en la contienda electoral, al margen de que también, como sucede después de cada elección, se presentan nuevos aprendizajes, como resultado de hechos nocivos que van surgiendo durante el proceso electivo, y que se aprovecha para actualizar las normas y los procesos administrativos para atajarlos, a fin de brindar mayor certeza y en bien de la democracia.
Por eso el apartado de la Constitución que trata sobre el tema electoral es extenso y, por momentos, hasta lleno de pesadez su lectura. Consideramos que varias de sus partes, bien podrían ser objeto de las leyes ordinarias electorales, para aligerar el texto de la Constitución, ya que algunos de sus pasajes se repiten en las leyes de la materia. La Constitución solo debe tener en su cuerpo normativo lo que estricta, toral y conceptualmente debe contener como candado, para evitar la volatilidad de sus principios político fundamentales y, por ende, la facilidad de los cambios en la normativa secundaria por parte del Poder Legislativo Ordinario. La democracia electoral es demasiado importante, como para dejarla solo en manos del legislador ordinario, sobre todo cuando éste no se sabe erigir en verdadero Poder Legislativo.
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Lo curioso e inédito, es que ahora, aunque no hubo descontento, sea el propio grupo en el poder; esto es, el ganador de la elección pasada, el que proponga hacer modificaciones constitucionales y, en consecuencia, las de la legislación ordinaria electoral, pero lo más sorprendente, es que lo haga con elementos de regresión democrática. Siempre hay insatisfacciones después de cada elección y se termina por reformar la normativa y hasta las instituciones establecidas para tal fin. Y entonces quizá lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿por qué tanta inestabilidad en este renglón? ¿Qué no se piensa bien ni se planea adecuadamente la confección de las normas? Tal parece que no, sino que se legisla al vapor; al “hay se va” o únicamente para lo que interesa en ese trance de malestar por los resultados electorales. Porque de lo contrario, si se meditaran bien y se hicieran con visión de futuro, tendríamos una apropiada normalidad electoral, con mayor certeza y durabilidad, que es lo que verdaderamente necesita y exige el país, para darle mayor estabilidad política permanente.
Y las anteriores preguntas surgen porque curiosamente, como ya es costumbre muchos legisladores van de cámara en cámara, por lo que son los mismos que en otros tiempos hicieron las adecuaciones constitucionales y legales respectivas, y los que poco después vuelven a modificarlas, a veces hasta retractándose de la argumentación que manejaron con ardiente vehemencia en la tribuna parlamentaria, para sin rubor construir después una distinta narrativa que contradice lo que en otro tiempo sostenían. ¿Que no es más fácil que con la experiencia que van teniendo en el camino andado, legislen para el presente y para el futuro, a efecto de que el país por fin entre en la educada estabilidad electoral? ¿O es que de lo que se trata es dejar lagunas a propósito en las leyes, para ver después en que les puede beneficiar?
Sabemos de antemano que nada es perfecto ni eterno, por lo que tampoco lo pueden ser las leyes; pero sí pueden ser lo más perfectibles posible, para que tengan durabilidad y para que den confianza y certidumbre jurídica e institucional sobre los procesos electivos. ¿Hasta cuándo vamos a entrar en la anhelada normalidad electoral?, porque el parimiento de esta democracia nuestra, está teniendo fuertes dolores, traspiés y altos costos políticos, que parecen inacabables. Ya hay que ser serios y profesionales: En el legislativo al cocinar las normas con mayor pulcritud, y en la política para aceptar con civilidad y honestidad los resultados y, en su caso, las resoluciones administrativas y judiciales, en respeto al Estado de Derecho Democrático, evitando de esta forma el creciente deterioro y destrucción de las instituciones y de la política.
Si hay algún cuerpo normativo que genera mayor incertidumbre sobre su estricto cumplimiento, aceptación por parte de todos los actores políticos y perdurabilidad para dar paso a la normalidad, esa es la electoral. Pues en esta esfera no sabemos “a ciencia cierta” qué va a pasar cada que se realiza una elección; esto es, si por la presión política de los inconformes aún sin razón, serán alteradas o no las leyes e instituciones electorales, simplemente porque algunos no aceptan los resultados.
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Un ejemplo de ello, es la permanente e intensa agresión que hoy viven las dos instituciones garantes de la democracia electiva en México: El INE y el Tribunal Electoral Federal. Uno como órgano constitucional autónomo; es decir, separado de los tres poderes tradicionales, y el otro radicado en el Poder Judicial Federal, y que no obstante los distintos ámbitos jurídicos en los que se mueven, pero conociendo de la misma materia electoral, ninguno se salva de la recia tormenta crítica que a veces se desata por sus declarados adversarios, porque sus decisiones no satisfacen sus propósitos. Y es que, con excepción de la elección federal de 2018, en los dos anteriores a ésta, se enfrentaron “al todo por el todo” los dos polos político-ideológicos, lo cual también se ha repetidos en varios de los procesos electivos estatales, siempre tratando de “raspar” a las dos instituciones electorales.
Me parece incluso que ha habido momentos en que varios de los actores políticos han sido groseros y ofensivos con el INE y con el Tribunal Electoral Federal, e inclusive con todo el Poder Judicial, faltándoles al respeto al agarrar parejo sin hacer distinción alguna, pues meten a todos en el mismo “costal” al decir que están “podridos” porque todos son corruptos. Pero aquí puede haber una lectura del porque se expresa esto. Quizá debido a que en su momento se cayeron dos de sus piezas clave: Por un lado, la malograda extensión del periodo en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de su actual presidente y, por otro, debido a la separación del entonces presidente del citado Tribunal, así como porque las resoluciones no les favorece. Quizá por eso se presiona fuertemente, llegando incluso al “golpeteo”, para procurar tener resultados a modo y a conveniencia.
Y es que dicen a manera de queja, que antes los controlaba el poder. ¿Y ahora no los quiere controlar para tener resoluciones a favor?, porque cuando les benefician no se dice nada negativo, sino por lo contrario, que es lo correcto conforme a la norma y que gana la democracia; pero cuando son adversas, molesta y se suelta la andanada de críticas y amenazas, llegándose incluso a señalar que todos deben renunciar, por lo que invariablemente proponen la necesidad de reformar las normas para cambiar la estructura organizacional de los órganos electorales. Eso es lo que incomoda, genera enojo y por lo que se les ataca incesante e intensamente. ¿O por qué siempre tanto interés sobre todo en sus titulares, cuestionándolos fuertemente y queriéndolos eliminar? Hoy también el poder quiere controlarlos, al no contar con presidentes, algunos consejeros y magistrados conforme a sus pretensiones.
Ahora que estos órganos constitucionales de la democracia están haciendo valer la autonomía e independencia que la Constitución y las leyes les otorga, los han golpeado y tratado de manchar ante la opinión pública. Por eso a todos ellos también incumbe rigurosamente reivindicarlos y restañarlos del daño que les han hecho algunos actores políticos.
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Si finalmente el partido político en el poder termina imponiéndose para otra vez modificar el sistema electoral porque las actuales instituciones no le acomodan, entonces que en la nueva reforma electoral no se incluya la remoción de los actuales consejeros ni magistrados electorales; porque éstos, simplemente han cumplido con su trabajo. Por lo menos deben continuar en las posiciones que tienen, hasta que termine el periodo para el cual fueron designados. Así se verá si deveras solo se quiere modificar el sistema electoral, o lo que en verdad se busca es aprovechar para hacer linchamientos y llevar al cadalso a los que no son complacientes.
Ahí se podrá ver cuál es la verdadera intención y de qué lado está la actual legislatura. Si están con la autonomía e independencia de las instituciones electorales o están contra la autonomía e independencia de los órganos electorales. Si están con la democracia o están en contra la democracia.
Hoy México se está debatiendo entre la vida y la muerte de la democracia. El INE y el Tribunal Electoral son de los órganos más importantes para el país, porque ahí, en ese orden, en esos espacios electoralmente se juega el futuro político de México. La democracia, y ahí están los hechos, pues los números y los resultados no dejan mentir, real y literalmente se ha venido construyendo con mucho esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas, parodiando a Winston Churchill. Estos sacrificios de muchos, es lo que ha permitido lograr estas importantes conquistas democráticas que hoy se tienen.
Por eso, con mucha más razón la democracia tiene que sobrevivir, aún por imperfecta que ésta todavía sea, porque su razón y misión ineludible es mejorarla hasta lograr la normalidad de la misma como verdadera forma de vida. Tal y como la Constitución la estatuye y la mandata como valor supremo intocable, inclusive por encima de otros mandamientos. Su camino invariable es el de la progresividad de la misma, y en ésta están implicados sus órganos electorales. Y ésta no significa mirar ni caminar hacia atrás, es decir retroceder; sino por el contrario, siempre hacerlo en un constante movimiento hacia adelante. Por eso jamás debemos regresar a los escenarios que se vivieron en el pasado, sino siempre firmemente continuar avanzando hacia el futuro. En esto consiste la progresividad, pues la inercia creciente enseña que no se da vuelta para atrás, hacia el pasado, ni se camina de reversa, ya que esto sería contra natura, aún en política.
Sin que la sociedad deje de reconocer las fallas que en su caso puedan tener estas instituciones, ésta tiene el deber y la obligación de salir en defensa de los dos órganos garantes de la democracia: del administrativo electoral personificado en el INE y del judicial representado en el Tribunal Electoral Federal. Las normas y las instituciones electorales requieren de estabilidad, certidumbre y perdurabilidad, para que den certeza; para que garanticen la legitima y legal participación y elección de los candidatos; para que los procesos electorales se ajusten invariable y estrictamente a la normativa; que haya respeto interinstitucional entre estos órganos; que sean impermeables para que sean garantes de la democracia, y que todos: los integrantes de estas instituciones, actores políticos y ciudadanos, hagamos nuestro el valor del respeto al Estado de Derecho Constitucional Democrático, para darle tranquilidad, así como vigor institucional y político al país.
Defender a las instituciones electorales, al INE y al Tribunal Electoral debido a que en los últimos años han tenido varios embates, es una obligación inevitable de todo ciudadano de a deveras; consciente; responsable; con ánimo cívico; de espíritu democrático y con acendrado sentido de amor a la patria. Es el tiempo de los ciudadanos. Es la lucha por la democracia.
