Las instituciones mexicanas son el resultado de años de lucha política. Son conquistas del pueblo de México que costaron sangre, sudor y lágrimas. En estos tiempos gubernamentales de traiciones y traidores, es evidente que cumplir y hacer cumplir la ley no es el fuerte de esta administración.
El olvido conveniente de la historia que pretenden algunos, nos hace pensar en un abierto desprecio por el esfuerzo de los ciudadanos en la construcción de nuestra democracia. Hay quienes se autoproclaman mártires y defensores de la libertad en México, pero sus actos demuestran lo contrario. Para muestra, un botón: Hoy es necesario que los propios ciudadanos salgan a defender a su Instituto Nacional Electoral.
El pleno ejercicio del derecho de los ciudadanos para organizarse y elegir a sus gobernantes es una de las grandes contribuciones de los movimientos sociales. Nací en el seno de una familia que, desde antes y hasta ahora, vive la política con denodada pasión y compromiso. Por eso puedo advertir que, tristemente, el gobierno actual ha traicionado no sólo su memoria política, sino la sangre de los mártires de la democracia.
La lucha ciudadana por un mejor país no ceja en su empeño por lograr eficientes políticas sociales en favor de los sectores vulnerables, garantizando la soberanía nacional, y un gobierno basado en una austeridad eficiente que transparente su ejercicio. Pero la realidad ha constatado una pésima administración del gobierno actual y una opacidad sin precedente.
Las instituciones son el pilar de la democracia moderna. La república en México, establecida en nuestra Constitución, se apega a los ideales y principios emanados de la Revolución: libertad y capacidad del pueblo para gobernarse. De tal forma que todos los poderes derivan del pueblo, los gobernantes se eligen por periodos determinados, y el gobierno es administrado por personas que cumplen el encargo, en tanto el pueblo lo considere.
Por lo anterior, no debe sorprendernos la intención abierta de usurpar el papel del pueblo. En tanto somos una república —a diferencia del sistema monárquico—depositamos en la voluntad popular —sin presiones ni manipulación de por medio— el poder de depositar su confianza en un gobernante, durante el periodo acotado por la propia legislación.
Nuestra democracia ha sorteado números acontecimientos sociales a lo largo de su historia y hasta el presente; por eso es inconcebible que las grandes lecciones históricas que nos han permitido edificar paulatinamente el andamiaje democrático nacional pretendan eliminarse con decretos y ocurrencias, que se asemejan más a un régimen monárquico que democrático —aunque el discurso del gobierno y su partido insistan en decir lo contrario.
Resultado de esa lucha histórica de la ciudadanía para construir nuestras instituciones, en un esfuerzo titánico para regular la siempre perfeccionable vida democrática, es el Instituto Nacional Electoral (INE). Definido en su propio sitio electrónico como “El organismo imparcial que dota de certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales”, el INE fue constituido formalmente el 11 de octubre de 1990.
Desde su constitución hasta la fecha, el INE ha coordinado numerosos procesos, entre ellos destacan aquellos para elegir al presidente de la república; todas las elecciones han sido ejemplares y han garantizado la alternancia entre las principales fuerzas políticas de México; recordemos que en el año 2000, por primera vez, el Partido Acción Nacional tomó las riendas del país durante dos sexenios: el primero a cargo de Vicente Fox Quesada y, el segundo, bajo el mando de Felipe Calderón Hinojosa; posteriormente, Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional volvería a tener el encargo mayor para el servicio nacional. Este cedería el poder al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien gobierna actualmente.
No es asunto menor que el INE haya sido el árbitro de las contiendas políticas fundamentales de los últimos tiempos, tanto en el ámbito federal, como en aquellas donde se han elegido a los gobernantes de los diferentes niveles y representantes del poder legislativo. Tampoco es desdeñable que aquellos que se dicen próceres en la lucha democrática, ahora consideren la extinción y sustitución del INE por una ocurrencia que nos arrastraría varias décadas atrás.
Definitivamente, el Instituto Nacional Electoral nos urge a la ciudadanía a defender lo construido con décadas de esfuerzo. Sabemos que todo organismo es perfectible y que todos queremos un organismo autónomo y eficiente. Desde la sociedad organizada, seguimos pidiendo al gobierno y a la oposición que la democracia sea tomada con la seriedad que lo amerita.
