Somos un país con reflejos conservadores o convenencieros. Nadie se quiere pelear con las Iglesias y por eso muchos temas se posponen o esquivan.
Es lo que ocurrió con uno de los asuntos centrales del nuevo Sistema de Justicia: El Código Penal Único.
No hay tal, porque significaría sacar de las leyes estatales el delito por abortar. Como las leyes tienen que ser progresivas, un código nacional requeriría acoplarse a lo que ya existe en la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo está permitida durante las primeras doce semanas.
¿Por qué no se avanzó en ese aspecto? Porque las distintas Iglesias se oponían y había obispos de plano hostiles a semejante posibilidad. Era 2013 y nadie quería descomponer el ambiente de ánimo generado por las reformas que se estaban implementado y menos con una rebelión de las sotanas.
Se escurrió el bulto para mejor momento, pero ahora estamos en una situación delicada, porque ninguna de las coaliciones electorales se quiere meter en estos entuertos, como no sea para ir atrás, como los cangrejos.
Algo similar ocurre con los matrimonios entre personas del mismo sexo, para los cuales inclusive se rechazó una iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto.
Por ello no es casual que en el Informe 2017 de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos, en lo que respecta a nuestro país, se hayan ocupado de los obstáculos que enfrentan, de tanto en tanto, las minorías.
Ahí se recuerda que 11 estados y en la Ciudad de México las parejas del mismo sexo se pueden casar y que vía el amparo lo logran en otros lugares y celebra que la Suprema Corte haya declarado inconstitucional la ley del IMSS que sólo reconocía, como sujetas de derecho, a parejas heterosexuales.
A ello hay que sumar que existe preocupación por la violencia contra las mujeres, la que ha venido aumentado y que en algunas regiones del país ya tiene rango de alerta de género.
Una de las primeras trincheras, o la última, como se quiera ver, de la defensa de las libertades son los derechos humanos.
Salil Shetty, el secretario general de Amnistía, señaló: “desde luego no podemos dar por sentado que tendremos libertad para reunirnos en una protesta para criticar al gobierno” por lo que “la batalla por los derechos humanos nunca se gana de forma definitiva”.
Hay que tomar providencias y más aún cuando la religión se empieza a colar en los discursos y en las campañas. La tentación de jugar para sectores poco tolerantes siempre es un riesgo.
Hay que apelar a la cultura de protección de derechos que ya permea a todo nuestro esquema jurídico y tiende a enraizarse en las prácticas cotidianas y en las políticas públicas. Por ahí también se definirá cómo será nuestro futuro.
Este artículo fue publicado en La Razón el 23 de febrero de 2018, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.
