El lunes 12 y el martes 13 de octubre de 2020 tuvo lugar el parlamento abierto para analizar las reformas fiscales para el 2021. El parlamento, convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, tuvo una muy importante participación de representantes del sector productivo, académicos y organizaciones civiles. Fue un ejercicio democrático y transparente, en el que con argumentos técnicos se expusieron los riesgos y errores de algunas de las propuestas. Los señores diputados estuvieron siempre atentos y receptivos. A mí, por lo menos, me dejó muy satisfecho.
Aunque todas las exposiciones me parecieron convincentes y espero que las inquietudes manifestadas hayan sido atendidas, mi participación en el parlamento, en representación del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), que me honro en presidir, se limitó a la propuesta de la Secretaría de Hacienda para incrementar en 52% los derechos que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones móviles tienen que pagar por el uso del espectro radioeléctrico en la banda de 800 MHz, y la imposición de nuevos derechos sobre bandas esenciales para el despliegue de nuevas redes con tecnología 5G. Respecto del mismo tema participaron también Canieti, ANATEL, ASIET y GSMA. Todas las organizaciones coincidimos en señalar que el costo del espectro en México es ya uno de los más caros del mundo y que los incrementos planteados implicarían un alza en los precios de los servicios al usuario final, dado su impacto en las estructuras de costos de los concesionarios.
Otro efecto pernicioso del incremento en los derechos sería su impacto en la competencia y la concentración de mercado en el agente económico preponderante en telecomunicaciones. Con casi el 70% de los ingresos nacionales por servicios de telefonía e Internet móviles, Telcel sería el único de los concesionarios que podría resistir el impacto de los nuevos derechos en su estructura de costos, ya que estos sólo representan alrededor del 4% de sus costos totales. AT&T y Telefónica Movistar, por el contrario, pagarían entre el 13% y el 18% de sus costos totales sólo en derechos por uso del espectro. Esto, evidentemente, podría desplazar del mercados a ambos competidores y hacer prácticamente imposible el ingreso de algún nuevo concesionario de importancia al mercado mexicano.
No obstante lo anterior, el alza en los derechos podría tener un grave e indeseado efecto que Hacienda omitió de su análisis: si se presiona en exceso la estructura de costos de las empresas, éstas pueden llegar a acuerdos de compartición de infraestructura y capacidad de espectro y devolver al gobierno algunas de las concesiones más gravosas, con lo cual, en lugar de incrementar la recaudación terminarían disminuyéndola, en perjuicio de todos: las empresas, los usuarios y el propio fisco federal.
Afortunadamente, Hacienda y la Cámara de Diputados fueron receptivos y únicamente aprobaron un incremento del 3.5% en los derechos de la banda de 800 MHz. Aun así, los derechos en México siguen siendo de los más altos del mundo y por el simple hecho de modificar los derechos vigentes hasta hoy, el Congreso de la Unión se arriesgan a perder los amparos que sean promovidos con base en los argumentos que expuse la semana pasada en este mismo espacio.
Este artículo fue publicado en El Economista el 21 de octubre de 2020. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
