por Luis Antonio García Chávez Franky
Agradezco a la revista etcétera y en particular a su Director, Marco Levario la oportunidad de colaborar con algunas reflexiones en este importante medio. Quisiera que el tema de mi primera colaboración hubiera sido otro, pero la realidad obliga.
Vivimos tiempos difíciles en la vida nacional. El año que acaba de concluir, 2017, ha sido el más violento en México desde que se cuenta con mediciones estadísticas de la violencia y presumiblemente, salvo en casos excepcionales de guerra, el más violento de la historia nacional.
Estos niveles de confrontación e inseguridad alcanzan todos los aspectos de la vida de los mexicanos, siendo por ejemplo nuestro país considerado como aquel en que es más riesgoso ejercer el periodismo en todo el mundo. La vida común de los mexicanos no está exenta de ello. Hoy se corre el riesgo al trasladarse por territorio nacional y/o al realizar las actividades cotidianas de ser un daño colateral de la guerra que enfrenta México. Además todos los delitos de alto y bajo impacto van al alza sin que la creciente militarización del país haya logrado hacer algo para refrenarlos.
En este sentido, la violencia política ha impactado cada día con mayor fuerza también a los mexicanos, contaminando nuestra endeble democracia y poniendo en riesgo la capacidad de los ciudadanos para definir libremente su representación.
En las últimas dos semanas han sido asesinados, en diferentes estados de la República, candidatos, dirigentes y funcionarios de diferentes partidos políticos, particularmente cinco miembros del PRD fueron ejecutados en el curso de una semana. Esta violencia no puede quedar impune, enrarece el ambiente político y pone al descubierto la cada día más descarada intromisión del crimen organizado en la toma de decisiones sobre la vida pública nacional, ya sea por injerencia directa, intimidación, cooptación o, como en estos casos, la desaparición física de aquellos que, de una u otra manera, obstaculizan sus intereses. Estos hechos no deben repetirse y mucho menos quedar impunes.
Sin embargo, a esta violencia del crimen organizado se ha sumado de manera muy lamentable en la Ciudad de México la violencia entre presuntos militantes de dos de las principales fuerzas políticas de la capital. Particularmente en la Delegación Coyoacán, dos mítines de la candidata de MORENA a gobernar la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han acabado en enfrentamientos, hechos que no formaban parte de la vida política cotidiana de los capitalinos.
El último de ellos, el 3 de enero del presente, derivó, entre otras cosas, en el lamentable deceso de la militante de MORENA, Martha Patricia Reyes Tenorio. Más allá de la manipulación informativa y el lucro necrófilo que pretendieron realizar algunos militantes de su partido afirmando que había muerto producto de golpes en la cabeza, lo que ya fue desmentido por la autoridad y por su familia, al dejar claro que Martha padecía hipertensión y que dicha enfermedad fue la que la llevó a un paro cerebral y posteriormente a la muerte, sería absurdo plantear que la agresión al mitin no tuvo nada que ver con el episodio crítico de su enfermedad que la llevó a la muerte. En todo caso, ella tenía el derecho a acudir libremente a un acto político sin ser violentada y si este derecho se hubiera respetado probablemente ella estaría con vida y, de no ser así, nadie dudaría de una muerte por causas naturales.
Dicho enfrentamiento revela una gravedad mayor pues, al parecer, no se trata de una confrontación casual. Por un lado, todo indica que se han identificado a varios trabajadores de distintos niveles de la administración de Coyoacán entre los partícipes de la violencia, lo que sin duda es una agravante de una posible conducta delictiva y que ha llevado a algunos a afirmar la autoría intelectual del líder político más importante del PRD en la demarcación, el Diputado Local Mauricio Toledo.
A la autoridad, encabezada por Miguel Ángel Mancera le corresponde investigar a fondo y sancionar a los partícipes de manera directa en los enfrentamientos y dilucidar si existe alguna autoría intelectual detrás de estos hechos, lo que, de confirmarse, también debe llevar a una sanción ejemplar.
Sin embargo, por otro lado, diversas fuentes periodísticas han recogido la nota de una denuncia presentada por dos sujetos, a saber, Lorenzo Montiel Ramos y Luis Alberto Montiel Andrade, en la cual dicen haber sido contratados por Gerardo Villanueva y Carlos Castillo (ambos militantes de MORENA en Coyoacán) para reventar el mitin de MORENA mientras gritaban PRD.
Además, de la misma manera como se ha identificado trabajadores de la Delegación Coyoacán en la trifulca, al menos un trabajador de la Delegación Tlalpan, que era gobernada hasta hace poco por Claudia Sheinbaum, aparece en uno de los videos arrojando sillas del lado de MORENA. Estos hechos también deben ser profundamente investigados.
Niegan unos hechos a los otros, en mi opinión no, al menos en automático. La autoridad tiene la obligación de realizar una investigación imparcial, sin sesgo partidario, y ofrecernos a los ciudadanos una explicación clara de lo que ocurrió que lleve a las sanciones que la ley marque a todos los que la hayan transgredido, al nivel que sea y sin distingo de militancias políticas y/o partidarias.
Pero más allá de la sanción a lo ocurrido, que es imprescindible, tenemos que evitar que esto siga escalando. Es importante entender que las campañas políticas van comenzando. La ciudadanía no solamente se logra con alcanzar un umbral de edad. Para ser ciudadanos se requiere una participación consiente en la vida pública y la creación de ciudadanía es una tarea fundamental en la que actores políticos y medios de comunicación debemos estar involucrados.
Resulta muy complejo pensar que la promoción y consolidación de una participación ciudadana se profundice en una sociedad donde acudir a un mitin, a escuchar o incluso cuestionar, los planteamientos políticos de quienes aspiran a representarnos en la arena pública implique un riesgo para la integridad física o la vida de los ciudadanos.
Las campañas deben ser un espacio de reflexión, de análisis, de propuestas, de participación y de evaluación de quienes participan en ellas. Resulta pertinente que dicho espacio se nutra con la presencia de familias, quienes acudan a los actos políticos no como ocurre hoy en muchos casos, producto del acarreo o la búsqueda de obtención de alguna dádiva (o conservar canonjías o prerrogativas de las que se goza) sino como ejercicio convencido de una fiesta democrática.
Por lo anterior, garantizar la seguridad de dichos espacios y su plena accesibilidad a todos es una obligación también de todos. Quien violenta este principio básico no violenta únicamente a los agredidos directos en el evento, violenta a la sociedad en su conjunto y, aún más, violenta la legitimidad de la representación surgida de un proceso que no sea libre y seguro para todos.
La Ciudad de México es una ciudad de libertades, quienes hemos participado en campañas a lo largo y ancho del país sabíamos que había territorios donde promover una propuesta política distinta a los caciques de zona podía arriesgar la vida propia y la integridad física, pero no aquí. Acá lo más a lo que nos arriesgábamos era que algún o algunos vecinos nos manifestaran el repudio a la propuesta política que proponíamos, o en caso de colonias con altos índices delictivos estábamos expuestos a la criminalidad común, no asociada a nuestra actividad política.
Hoy, tristemente, lo ocurrido en Coyoacán puede, más no debe y de nosotros depende que no lo sea, convertirse en el inicio de un retroceso lamentable que, de dejarlo pasar, lo pagaremos todos a un costo sumamente elevado.
Por ello, los ciudadanos no debemos perdonar y debemos sancionar en las urnas, más allá de la labor de la autoridad en materia jurídica, a los responsables de la violencia, sean del partido (o los partidos) que sean. Por ellos también me parece preocupante que, ante la iniciativa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a todos los partidos políticos a firmar un acuerdo de civilidad política, únicamente se hayan negado a acudir aquellos de la coalición que encabeza MORENA, es decir, MORENA, PT y PES. Un acuerdo de civilidad no representa la renuncia a que se investigue lo ocurrido, más sí el compromiso de que no vuelva a ocurrir. Negarse a suscribirlo es un mal mensaje para militantes que, como ocurrió el 3 de enero, pueden salirse de control y llevar las cosas a extremos sumamente peligrosos. Ojalá que recapaciten.
Todos los demás debemos de ser un freno colectivo a la penetración de la violencia en la vida democrática nacional que, si bien es incipiente, debe tender a un mayor desarrollo y no a ir abandonando conquistas que ya considerábamos propias, como la libertad de actuar políticamente en la que hasta hoy es, y debe seguir siendo, una ciudad de libertades.
